El lunes 27 de octubre de 2014, a las siete de la mañana -hora de El Salvador- a El Salvador se le realizó el Examen Periódico Universal en la sede de las Naciones Unidas. La delegación salvadoreña estuvo presidida por Carlos Castaneda, Vice Ministro de Relaciones Exteriores.
El informe de El Salvador fue leído por el Viceministro Castaneda, luego de aproximadamente una hora de lectura, se pasó a las preguntas de los representantes de otros Estados. Algunos de ellos reconocieron los avances que de manera progresiva ha dado el Estado Salvadoreño; pero también, hicieron sus respectivas recomendaciones. En total, fueron 59 representantes de países los que pidieron la palabra para hacer sus recomendaciones al Estado salvadoreño, entre las que destacan la despenalización del aborto, la protección de los derechos de la niñez y la protección a las mujeres.
También, entre otras, hubo recomendaciones para que se derogue la Ley de Amnistía y para que se ratifique el Estatuto de Roma, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Además, se recomendó la necesidad de penalizar crímenes de odio contra población LGBTI.
En El Salvador y de manera simultánea a lo que ocurría en Ginebra, se transmitió el EPU en hotel capitalino, evento organizado por el Colectivo de Organizaciones Sociales que han participado en todo el proceso del EPU. Se contó con la presencia de distintos medios de comunicación nacional quienes dieron cobertura al evento. También se contó con la participación del Procurador Adjunto de Derechos Humanos, Lic. Antonio Aguilar; así como de la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente, Licda. Yanira Cortez; asimismo se contó con la participación de distintos representantes de organizaciones sociales; todos ellos dieron sus impresiones del informe a los medios de comunicación allí presentes.
El Colectivo de Organizaciones Sociales, junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos propondrán próximamente al gobierno de El Salvador, el establecimiento de un mecanismo coordinado para dar seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones que se hagan al Estado en el marco del EPU.
