"Nuestra lucha es por la dignidad de las personas"

FESPAD y CEMUJER piden justicia en caso de violencia de género

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9 mayo, 2013

Asesor de la Asamblea Legislativa puede ser condenado bajo la modalidad de juicio por jurado

El pasado jueves 9 de mayo, FESPAD en coordinación con CEMUJER desarrollaron una conferencia de prensa en acompañamiento a la señora Gabriela Quintanilla, víctima de agresiones físicas y psicológicas, por parte de su compañero de vida, señor Luis Edgardo Arévalo Villatoro, quien es empleado de la Asamblea Legislativa, victimario que se encuentra siendo procesado por lesiones graves agravadas y amenazas.

El objetivo de la conferencia fue para pedir justicia en vista que se avecina la vista pública bajo la modalidad de juicio por jurado en donde el pueblo es el encargado de impartir justicia.

El proceso ha llegado a su etapa final, el 23 y 24 de mayo se encuentra programada la vista pública y la querella compuesta por Omar Flores, de FESPAD; y Alba Ramos junto a Erika Recinos, de CEMUJER, quienes en la conferencia de prensa plantearon lo revictimizante que ha sido el proceso para la Sra. Gabriela Quintanilla, así como detallaron algunos de los privilegios de los que ha gozado el imputado desde el momento de la detención administrativa y la poca colaboración que ha generado éste en el proceso, de igual forma manifiestan que es un reto que tiene la sociedad salvadoreña al ser una parte de ésta quien impartirá justicia en este caso.

La Sra. Gabriela Quintanilla, quien es víctima de las agresiones físicas y psicológicas hizo un llamado a la sociedad y en particular a las mujeres que son víctimas de agresiones físicas o psicológicas para que se empoderen y denuncien ante las autoridades competentes los hechos de violencia que están sufriendo. Al mismo tiempo que le pide a la sociedad muestras de sensibilidad en este tipo de casos en donde se vulneran los derecho humanos de las mujeres.

El proceso que está llegando a su fin, podría tener como resultado la condena del asesor del victimario, consistente en una pena de prisión que oscila entre 3 y 8 años por el delito de lesiones graves agravadas y de 1 a 3 años por el delito de amenazas.

En el contexto anterior, tanto Gabriela Quintanilla, como FESPAD y CEMUJER, se encuentran dispuestas a llegar al final del proceso y dejaron claro que los derechos humanos de las personas no se negocian, piden o mendigan, sino que se exigen, defienden y ejercen.

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