FESPAD y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVI-TIERRA- como parte de su plan de incidencia jurídico, político y social, el pasado martes 5 y miércoles 6 de los corrientes promovió en la zona occidental y central del país la Campaña por la Derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23 denominada: “Defiende tu derecho a la vivienda digna y exige la derogatoria del Decreto 23”, ¡No a los desalojos forzosos!.
Las jornadas se desarrollaron el martes 5 de noviembre con comunidades de MOVI-TIERRA de la zona central: Comunidad El Milagro Belén, en Candelaria Cuscatlán, Comunidad El Milagro, Monseñor Romero, Nuevo Edén y 15 de Septiembre de La Bretaña, en San Martín.
El miércoles 6 de noviembre en Santa Ana con comunidades de MOVI-TIERRA de zona occidental: Comunidad Emanuel, Nuevo Amanecer, El Chichipate, Brisas de Guajoyo, San Marcos y El Puente, del municipio de Metapán.
Se compartió los objetivos de la campaña orientados a sensibilizar a las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra sobre los graves impactos que los desalojos forzosos están generando a nivel nacional en aplicación al Decreto 23, y la necesidad de exigir a la mayor brevedad su derogatoria a la Asamblea Legislativa.
Dicha normativa al entrar en vigencia faculta a los Jueces de Paz de la República a conocer y aplicar el procedimiento expedito establecido en el Decreto 23, para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad, violentando derechos humanos consignados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En consideración a lo anterior los campesinos y campesinas manifestaron en las jornadas que el Decreto 23 es una de las armas poderosa de los ricos, para desalojar a los comunidades pobres de El Salvador, y a una sola voz en coordinación con otras organizaciones sociales dijeron ¡Exigiremos su derogatoria! A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.
