Este 10 de septiembre de 2019, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- y El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador –MOVITIERRA- se pronunciaron sobre la problemática de accesos cerrados a la playa que sufren diversas comunidades de la zona de la costa del sol, en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de la Paz.
Tanto FESPAD como MOVITIERRA señalaron, en conferencia de prensa, que los accesos cerrados tienen un impacto negativo en el ámbito social y económico, y no solo para los habitantes de la zona, sino para los mismos turistas.
“Como comunidades nos vemos privados en diversos aspectos: vivimos ahí pero no podemos visitar el mar, los pescadores deben pagar para ingresar, así como aquellos que están buscando vender sus productos”, señala Dora Guillén representante de la comunidad Los Tubos.
Por su parte, Gloria Guillén de FESPAD, señaló que desde la institución se le ha dado seguimiento al tema, e incluso desde finales de 2017, se ha trabajado en la identificación de estos accesos que han sido cerrados, al menos en 4 comunidades (El Conchalito, Los Tubos, El Mozote, Brisas de Jaltepeque) ubicadas en sobre el bulevar Costa del Sol.
“Hemos realizado una investigación jurídica registral y catastral para determinar los antecedentes relacionados con las calles de acceso que han sido bloqueadas o reducidas, y por ejemplo se encontró que, de 7 accesos en las 4 comunidades mencionadas, al menos en tres de ellos se dio una anomalía jurídica. Por otra parte, desde Playa San Marcelino hasta el Turicentro Costa del Sol, se encuentran alrededor de 27 accesos a la playa, y en este caso solo 10 accesos están habilitados”, detalló Guillén.
La investigación realizada por FESPAD y MOVITIERRA, aparte de identificar el estado de los accesos a la playa, señala las vías administrativas y judiciales que corresponde realizar en cada caso en particular.
Aunque actualmente se han realizado acercamientos con diversas instituciones para abordar la situación, como con el Ministerio de Medio Ambiente -MARN-, el Centro Nacional de Registro -CNR- o la Alcaldía de San Luis La Herradura, las comunidades y FESPAD detallan que activarán otros mecanismos a nivel local y nacional, administrativo o judicial, con el fin de lograr que se reabran los accesos, en el marco de la institucionalidad y normativa existente.
“MOVITIERRA y FESPAD iniciarán gestiones para garantizar que sea recuperado el acceso que ha sido cerrado ilegalmente, o realizar las gestiones para algún tipo de negociación para lograr la apertura”, puntualizó Teresa Hernández, también de FESPAD.
La abogada también hizo un llamado a las comunidades que enfrentan la misma situación, a organizarse, así como a la Fiscalía General de la República a iniciar investigaciones de forma oficiosa para recuperar espacios o bienes que son propiedad del Estado y están afectando a las comunidades.
Tras la conferencia de prensa, las comunidades realizaron un foro denominado “Accesos cerrados a la playa, una vulneración a derechos humanos”, donde se realizó una amplia reflexión sobre la problemática y se plantearon acciones posibles para enfrentar la situación. En evento participaron 12 comunidades y el equipo coordinador de MOVITIERRA a nivel nacional.
