AUTORIDADES DEL ISSS VIOLAN EL LIBRE ACCESO A SINDICALISTAS Y CIUDADANOS/AS EN LA TORRE ADMINISTRATIVA
El miércoles 29 de agosto del corriente año, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL-, con el acompañamiento jurídico del programa DESCA de FESPAD, se hizo presente a la torre administrativa del Instituto Salvadoreño del Seguro Social -ISSS-, para hacer entrega de una carta en la que se expresa el apoyo al Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social -STISSS-. La intención con la entrega de la carta fue dar a conocer a trabajadores/as y derecho habientes su posición con respecto al proceso penal que se sigue en contra de tres sindicalistas y ante la criminalización de la protesta pública existente en El Salvador. Las autoridades del ISSS, por su parte, a través de sus agentes de vigilancia, impidieron que las y los integrantes de la MPJL ingresaran a la torre administrativa del Seguro Social, quienes pretendían repartir copias de la carta y su posicionamiento a los y las trabajadoras y derecho habientes.
En relación al proceso penal que se sigue en contra de tres miembros del STISSS, en la misiva, la MPJL señala que el encarcelamiento de Eduardo Recinos, directivo de ese sindicato, que guarda prisión preventiva en el Penal de Mariona bajo las acusaciones injustas de haber cometido el delito de “desórdenes públicos” al momento de realizar el ejercicio de su labor sindical, es un retroceso en la democracia que se pretende construir en El Salvador, por ello el mensaje de la MPJL en solidaridad a su persona. También se denuncian las irregularidades existentes en el proceso penal en contra de los tres sindicalistas. Además, se solidarizan con el STISSS y señalan que se reconoce como Junta Directiva del Sindicato, la que preside Armida Franco. Esto en respuesta a la existencia de otra junta paralela.
La posición de la MPJL se dio a conocer de manera pública frente a la torre administrativa del ISSS, donde se hizo la entrega simbólica de la carta a directivos del STISSS.
Al final del acto público frente a la torre administrativa del ISSS, Manuel Peña, coordinador pro tempore de la MPJL y Secretario General de Sindicato de Trabajadores de la Academia de Seguridad Pública -SITANSP-, anunció, por medio de un altoparlante, que la delegación de la MPJL (10 personas) ingresaría de forma pacífica y ordenada a la institución para repartir a las y los trabajadores y derecho habientes, copia del comunicado oficial de la MPJL. El mensaje tenía por objetivo evitar mal entendidos con los agentes de la Policía Nacional Civil -PNC- y vigilantes privados al servicio del ISSS que custodiaban las entradas a la torre administrativa.
Cuando la delegación de la MPJL se aproximó a la entrada de la institución, los agentes de seguridad del ISSS optaron por cerrar abruptamente. Ante ello, los sindicalistas intentaron dialogar con la vigilancia que impidió el ingreso; no obstante no se obtuvo respuesta alguna. Luego acudió al lugar un Sub Inspector de la PNC, quien dijo ser el encargado del dispositivo de seguridad. Intervino ante la vigilancia privada a efectos de que se permitiera el ingreso de las personas al interior de las oficinas del ISSS; sin embargo, su intervención no tuvo éxito alguno. Ante la negativa de abrir las puertas de la torre administrativa, se le solicitó al Sub Inspector que procediera a la captura de los vigilantes, pues su conducta se adecuaba al delito de coacción para impedir el ejercicio de un derecho fundamental; no obstante, el oficial no realizó el procedimiento policial.
El art. 153 del Código Penal señala que: “El que por medio de violencia obligare a otro a realizar, tolerar u omitir alguna acción, será sancionado con prisión de uno a tres años. Cuando la coacción ejercida tuviere por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años”. En ese delito podrían haber incurrido los vigilantes o personas que cerraron las puertas a sindicalistas y derecho habientes. Si la orden fue girada por el Director del ISSS -Leonel Flores-, este resultaría responsable, también, por ese ilícito penal. Los miembros de la MPJL exigieron que se permitiera el ingreso a los derecho habientes.
Ante la negativa de la vigilancia del ISSS y su impedimento para ejercitar el derecho de libre expresión, los miembros de la MPJL se retiraron del lugar, manifestando que informarán de lo sucedido a las demás organizaciones integradas en ese colectivo y evaluarán las medidas legales que resulten pertinentes.
