Estudio Ambiental Estratégico sobre minería presenta deficiencias
El pasado 24 de mayo, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, donde se integra FESPAD, hizo un llamado; en conferencia de prensa, al Órgano Ejecutivo salvadoreño, a solventar las deficiencias presentadas en el Estudio Ambiental Estratégico (EAE) en el tema de la minería, que el Ministerio de Economía del país está desarrollando a través de una consultora española, para adquirir insumos técnicos que confirmen la viabilidad ambiental, social, institucional y política de la práctica minera en El Salvador.
En la conferencia, las organizaciones manifestaron su desacuerdo con el estudio ambiental. Las principales razones para esta negativa son la poca transparencia en la metodología y el proceso de utilización de información obtenida, la restringida consulta ciudadana que se está llevando a cabo, a lo que se suma el desconocimiento de los criterios de selección con los que se elaboró el listado de 153 instituciones y organizaciones que debían participar en el EAE y que está excluyendo a diversos sectores como ministerios de gobierno, universidades, iglesias, organizaciones y redes comunitarias.
Otro de los aspectos que abordó la Mesa es la incongruencia que encuentra en que “el Ejecutivo, en voz del presidente Funes, haya dicho en reiteradas ocasiones que no permitirá la minería de metales en El Salvador y que ahora esté impulsando una Evaluación Ambiental para determinar la viabilidad o inviabilidad de los proyectos mineros”. En la conferencia la Mesa presentó a los medios de comunicación la carta de compromiso que el Presidente Mauricio Funes firmó el 10 de marzo de 2009 en su calidad de candidato presidencial por el FMLN, en la cual declara que de resultar electo en las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2009 no autorizará en el territorio salvadoreño la explotación de minerales metálicos (oro y plata).
Para las organizaciones que conforman la Mesa “al Órgano Ejecutivo le importa principalmente la viabilidad económica de la minería y no el grave impacto ambiental que sufrirían directamente un aproximado de 4 millones de salvadoreñas y salvadoreños, ya que el referido estudio minero, que se trata sobre viabilidad ambiental y no sobre costos y rentabilidades de la industria minera, está siendo coordinado por el Ministerio de Economía y no por el Ministerio de Ambiente a quien le compete realizarlo”. La Mesa agregó que las autoridades de gobierno deben dar al pueblo salvadoreño una explicación de esta acción.
