MOVI-TIERRA en la lucha reivindicativa de sus tierras
El pasado miércoles 14 de septiembre del corriente año, el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador (MOVI-TIERRA), con el acompañamiento de FESPAD, presentó a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa, por medio de la Diputada Alma Cruz, una plataforma de demandas, con el objetivo de procurar una mesa de diálogo y coordinación; para el estudio, diagnóstico y discusión de propuestas de solución integral a la problemática de tierra de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, asentadas en tierras del Estado, línea férrea, calles en desuso y otros.
En la plataforma en referencia, el Movimiento destacó que tiene como objetivos: conjuntar esfuerzos a lo largo y ancho del país para la defensa del derecho humano a la tierra; procurar una mesa de diálogo con la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, para discutir y acordar acciones de solución integral a la problemática de la tierra de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas; y consolidar el Movimiento Nacional como un sujeto y actor social que reivindica el derecho humano a la tierra con acciones de exigibilidad jurídico, político y social.
A la Comisión se trasladó información sobre las comunidades de las zonas occidental, oriental y central del país, las cuales actualmente se encuentran amenazadas de desalojos, tanto por personas particulares como por entidades estatales, afectando de esa manera el derecho de propiedad y posesión de los sectores más excluidos y marginados del país. También se expresó que tales comunidades experimentan inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, lo que profundiza la fractura del tejido social.
Se pidió a los y las diputadas, que no emitan más leyes que al entrar en vigencia y aplicación faciliten los desalojos, tal y como ha ocurrido la “Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles” conocida como Decreto 23, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2009; y declarada posteriormente Constitucional por la Corte Suprema de Justicia, la cual se orienta a desplazar a través de un procedimiento expedito a cualquier persona que no posea un título de propiedad.
