"Nuestra lucha es por la dignidad de las personas"

Movi-Tierra y comunidades afectadas por el decreto 23

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25 septiembre, 2012

FESPAD y MOVI-TIERRA desarrolla Asambleas Comunitarias de Sensibilización.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat, el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVI-TIERRA- con el apoyo de FESPAD, realizó tres Asambleas Comunitarias de Sensibilización, las cuales se desarrollaron en las zonas Occidental, Oriental y Costera del país.

La primera Asamblea, se desarrolló el 21 de septiembre, en el local de ASAPROSAR en Santa Ana; la segunda, el 25 del mismo mes y año, en la Casa de la Cultura de Intipucá; y la tercera, en la escuela de la isla Tasajera, en el departamento de La Paz.

Bajo el lema “MOVI-TIERRA y Comunidades afectadas por el Decreto 23”, en cada una de las Asambleas Comunitarias se presentó el análisis jurídico de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23, la cual establece un procedimiento expedito para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad.

También se presentaron los graves impactos generados a nivel nacional por su aplicación; específicamente en la ejecución del desalojo forzoso de centenares de familias de la Comunidad Los Ranchos del Municipio de Intipucá, departamento de La Unión. Comunidad que está constituida por un número considerable de niñas/os, ancianas/os hombres y mujeres, quienes a la fecha se encuentran ubicadas a las orillas de la carretera, en un completo estado de orfandad.

Igualmente, se aprovecho la oportunidad para posicionar al MOVI-TIERRA como un sujeto y actor social que busca reivindicar, lucha, exige, demanda y defiende, desde una concepción sustentable e integral, su derecho humano a la tierra, a fin de posibilitar la consecución de la vida en dignidad de las comunidades campesinas, urbanas y rurales.

En dicha actividad se contó con la concurrencia de centenares de representantes de comunidades, diputados y asesores de diferentes fracciones parlamentarias, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, gobiernos locales y organizaciones sociales.

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