Operativo policial en empresa LIDO

A petición de  FESPAD, la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, se secuestraron documentos de la sociedad LIDO para ser presentados como medios de prueba en el proceso penal que se sigue en contra del MANUEL ROBERTO MOLINA MARTÍNEZ, por los delitos de coacción al ejercicio de la libertad sindical, discriminación laboral y desobediencia de particulares. 

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El día martes 21 de octubre en horas de la mañana, la Fiscalía General de la República, junto a elementos de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo policial mediante el cual se ingresó a las instalaciones de la sociedad LIDO S. A de C.V. ubicadas en el municipio de Soyapango, para secuestrar las planillas de pago de salarios de dicha sociedad.

El secuestro fue ordenado por la Jueza Segundo de Instrucción de Soyapango a petición de FESPAD, que participa como parte querellante en representación de 11 hombres y mujeres directivos/as de los sindicatos SELSA  y  SITIPA, víctimas de los delitos de discriminación laboral, coacción del ejercicio de la libertad sindical y desobediencia de particulares que se le atribuyen al señor Manuel Roberto Molina Martínez, director presidente de la Sociedad Lido S.A de C.V.

Los documentos secuestrados serán utilizados como pruebas en el proceso penal en contra del señor Manuel Molina Martinez, quien desde julio del año 2013 no deja ingresar a los 11 directivos de SELSA y SITIPA al centro de trabajo, a quienes además se les dejó de cancelar salarios y prestaciones de ley.

El caso fue presentado en septiembre de 2014 ante el Juzgad 4o. de Paz de Soyapango por la FGR y FESPAD. Dicho juzgado ordenó instrucción formal del mismo y lo puso a la orden de la Jueza 2o. de Instrucción de esa misma ciudad.

El plazo de instrucción vence el 23 de octubre del corriente año y durante el mismo se han recolectado pruebas suficientes que establecen la existencia de los delitos que se le atribuyen al señor Molina Martínez: “Contamos con prueba documental y testimonial suficiente que establecen la responsabilidad penal del imputado al no permitir el ingreso de los directivos sindicales a su centro de trabajo y al dejar de cancelarles sus salarios y prestaciones de ley, asimismo, al desobedecer la resolución del Juzgado Quinto de lo Laboral de San Salvador”, sostuvo Héctor Carrillo, Abogado de FESPAD que actúa como parte querellante en el caso.

La Jueza Segundo de Instrucción determinará si el caso pasa a vista pública o no. La FGR y la parte querellante tienen hasta el 30 de octubre para presentar la respectiva acusación luego de lo cual la jueza convocará a  audiencia preliminar donde se decidirá si el caso pasa a vista pública, en la que se establecerá la culpabilidad o inocencia del imputado, Manuel Roberto Molina Martínez.

El artículo 47 de la Constitución establece que los miembros de las juntas directivas de los sindicatos no pueden ser despedidos salvo con autorización judicial; sin embargo, los directivos de SELSA y SITIPA llevan más de un año de encontrarse en esa condición sin que se haya autorizado su despido.

Empresario irá a la cárcel si se le encuentra culpable

El código penal establece los delitos de discriminación laboral, coacción al ejercicio de la libertad sindical y desobediencia de particulares (Arts. 246. 247 y 338). La concurrencia de los tres delitos implica una pena de prisión superior a los tres años. Así, de ser encontrado culpable, será inevitable que el empresario vaya a pagar su condena a un centro penal por violar derechos laborales y sindicales.

En caso que se condene al señor Molina Martínez, se establecerá un precedente importante para evitar que los empresarios-patronos violen los derechos humanos  laborales de la población asalariada.

Se reiteran las acciones delictivas en contra de los directivos sindicales

Durante el procedimiento policial para secuestrar los documentos de la sociedad Lido, representantes de ésta impidieron que el Secretario General del SELSA, Atilio Jaimes, presenciara y participara en la diligencia

Al momento en que Fiscalía y Policía ingresó a las instalaciones de la sociedad LIDO, se hicieron acompañar del Secretario General de SELSA, Atilio Jaimes; no obstante, a pocos metros de haber cruzado los portones, ampliamente custodiados por guardias armados de seguridad privada, los representantes de la empresa manifestaron su oposición a que éste ingresara a pesar de que lo hacia en calidad de víctima de los hechos que se investigaban.

Lo anterior generó una discusión entre los concurrentes  y finalmente, sólo se permitió el ingreso de los agentes policiales, del fiscal del caso y el abogado querelllante, quienes procedieron a realizar el secuestro ordenado por la Jueza Segundo de Instrucción de Soyapango.

La negativa de permitir el ingreso del Secretario General de SELSA reitera la existencia de las conductas delictivas que se le atribuyen al señor Molina Martínez.

Fespad

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