Representantes de organizaciones sociales, presentaron ayer, martes 9 de abril, ante la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra cuatro artículo de la Ley de Telecomunicaciones que favorecen la explotación perpetua de las frecuencias de radio y televisión por parte de empresas lucrativas y la concentración monopólica de los medios de comunicación. Las personas demandantes,  quienes por razones formales suscribieron la petición en su carácter personal, forman parte  de la Red por el Derecho Humano a la Comunicación (REDHCO), un colectivo social que desde hace varios meses viene desarrollando acciones de incidencia política en temas estratégicos como el  derecho a la comunicación, la transparencia y el combate de la corrupción. Entre las organizaciones que integran esta Red están: IMU, UNES, ARPAS, ACISAM, UCA, ISD, FESPAD, ADES, CPC, Colectivo Oveja Negra, Foro del Agua, entre otras organizaciones.

Artículos inconstitucionales:

La demanda de inconstitucionalidad cuestiona los siguientes artículos de la Ley de Telecomunicaciones: 1) Artículo 15, inciso 1, que determina que los derechos de explotación del espectro radioeléctrico (que es un bien público) se convierten en bienes privados, susceptibles de transferencia y fragmentación, a criterio y conveniencia de quien los explota. En este caso, las empresas privadas y comerciales; 2) Artículo 115, inciso 2, que estable plazos de veinte años para la explotación de las frecuencias, los cuales pueden ser automáticamente prorrogables; 3) Artículo 118, que fija una separación de bandas que impide que puedan operar otras estaciones de radio o televisión, lo cual riñe con el criterio de eficiencia que debe imperar en la administración de este recurso limitado (el espectro radioeléctrico); 4) Artículo 126, inciso 2, que reitera la eternización de la frecuencia por las actuales empresas comerciales.

Asimismo, se plantea inconstitucionalidad por omisión en dos aspectos: 1) por la no regulación de las prácticas monopólicas; y, 2) por el no reconocimiento de los sectores comunitario y público de la comunicación, reconocidos en doctrina, jurisprudencia y marcos normativos internacionales. La LET sólo reconoce a los medios privados, con fines de lucro.

La demanda cuestiona que estos artículos constituyen una flagrante violación a los principios constitucionales de libertad de expresión (Art. 6), orden económico con justicia social (Art. 101), prohibición de prácticas monopólicas (Art. 110), el régimen de concesiones (Art. 120) y la prevalencia de tratados internacionales (Art. 144) ya que la LET, incumple criterios técnicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

 

Segunda de demanda de inconstitucionalidad.

La demanda presentada, se suma a otra que se sometió a conocimiento de la Sala de lo Constitucional en agosto de 2012, la cual, a la fecha, únicamente ha sido admitida. En aquella oportunidad, la pretensión se orientó a sacar de la Ley de Telecomunicaciones las disposiciones referidas a la subasta como mecanismo para acceder a las frecuencias de radio y televisión, ya que con ese mecanismos estrictamente financiero, se impide materialmente, que sectores comunitarios y sin ánimo de lucro, accedan al uso de las frecuencias, con lo que se pone en riego la libertad de expresión y el principio constitucional de igualdad.

En El Salvador, lamentablemente, la corrupción es vista hasta con normalidad, con leyes obsoletas que permiten el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos públicos, la evasión fiscal, actos que le cuesta al país millones y millones de dólares y que inciden directamente en la transgresión a los derechos humanos.

Jessica Guzmán. Peródico digital VOCES (www.voces.org.sv)

Más de 10 mil millones de dólares malversados desde la administración pública en los gobiernos de ARENA, sin contar en este dato el monto en la corrupción fiscal, pone de manifiesto una cultura corrupta, apoyada por leyes obsoletas, así lo expuso el economista Salvador Arias, en el foro Radiografía de la Corrupción en El Salvador.

El foro más que una ponencia es parte de una campaña contra la corrupción que están realizando un conjunto de organizaciones, entre ellas FESPAD, ARPAS, Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y la Iglesia Sueca  con el apoyo de la Unión Europea.

Arias fue uno de los ponentes con el tema Mapeo Histórico de la corrupción en El Salvador, con el que detalló las millonarias sumas de dólares malversados en los gobiernos areneros.

 

Corrupción y más corrupción

En el gobierno de Alfredo Cristiani, en el período 89 – 94, hubo, asegura la investigación de Arias, 47 casos de corrupción con un monto de $3 mil 430 millones; en corrupción fiscal el monto llega a $1,765 millones.

En tiempos de Armando Calderón Sol, 94 – 99, se detectaron 83 casos de corrupción con un monto $449 millones y en corrupción fiscal $4,517 millones. Entre los casos más destacados están el de Inazucar con $144 millones; Finsepro-Insepro con $172 millones y fraude a la economía pública por $34 millones.

En el gobierno del  famoso y buscado ex presidente arenero, Francisco Flores, en el período 99 – 2004, se mantuvieron los casos de corrupción pública en 83, pero por un monto mucho mayor, ya que suma $8,136 millones y en la corrupción fiscal por $7,515. Los casos más relevantes son los contratos amañados en Nejapa Power y Duke Energy por $4,286 millones, casos de ANDA suman $100 millones y los eurobonos $78.

En el gobierno de Elías Antonio Saca de 2004 – 2009 se detectaron 43 casos de corrupción pública por $490 millones y una suma de $10,601 en corrupción fiscal. Los casos más relevantes es la malversación de fondos de la cuenta de Casa Presidencial por $219 millones, la contratación de eurobonos por $43 millones, sin olvidar los $73 millones en la famosa Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero.

En esta investigación también sale a relucir el ex candidato presidencial de ARENA y actual alcalde de San Salvador Norman Quijano, quién en su período desde el 2009 se le han detectado diez casos de corrupción por $8.6 millones expuso Arias.

Leyes obsoletas

El asesor técnico de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, Aquiles Parada expuso el tema Abordaje jurídico de la corrupción en El Salvador y enfatizó en que la legislación salvadoreña no previene, ni sanciona eficazmente la corrupción pública ni privada.

Parada dijo que los delitos más comunes son el peculado, peculado por culpa, pero, aunque sean procesados y condenados con una pena que puede ser máximo 15 años de prisión, no son inhabilitados para volver a optar para ese cargo.

“En el Derecho Penal se refiere no solo sancionar el delito, sancionar al responsable, sino que contempla resguardar la debida administración pública y eso significa que personas que han sido sancionada por esto puedan nuevamente acceder a la administración pública”, dijo Parada, quien agregó que “se debe modificar la legislación en ámbito penal, ya que la norma vigente no responde a las necesidades del combate a la corrupción”.

La ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos data de 1959 por tanto es obsoleta, no responde a necesidades ni a la realidad de administración pública.

A más corrupción más pobreza

Jennifer Vega, integrante del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental desarrolló el Impacto de la corrupción en la vigencia de los Derechos Humanos, en ese sentido hizo una mención de datos estadísticos que reflejan la pobreza de la sociedad salvadoreña, contra la abundancia de malversación de fondos.

Entre los datos más relevantes enfatizados por la experta según estadísticas del 2013 están que el 43% de la población es pobre en El Salvador, la mortalidad infantil es del 45.21%,  menos del 20% de los salvadoreños tiene acceso a internet, El Salvador aparece lugar 107 en los índices de desarrollo humano, y además en segundo lugar con el mayor número de homicidios con un 60.2 por cada 100 mil habitantes, cifras sumamente preocupantes, indicó la integrantes del TEG.

“Detrás de un acto de corrupción siempre habrá una violación directa o indirecta a los derechos humanos”, recalcó Vega.

Juan Carlos Sánchez, coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD y Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien moderó el foro, hicieron un llamado a la sociedad civil para denunciar y poner un basta ya a la corrupción pública y privada en El Salvador.

Con el objeto de discutir sobre el estado de la corrupción en nuestro país, el Programa de Transparencia y Anticorrupción (PTA) de FESPAD ha organizado este foro denominado “Radiografía de la Corrupción en El Salvador: Casos, abordaje jurídico e impactos”
Leer más «Foro sobre la corrupción en El Salvador»

Con el propósito de conocer cómo podemos monitorear las finanzas públicas, desde los distintos escenarios en que nos desarrollamos diariamente; desde el Programa de Transparencia de FESPAD se desarrolló el pasado viernes 17 de enero, el primer taller del “Curso intensivo de finanzas públicas”, dirigido al personal que ejecuta el proyecto Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia, financiado por la Unión Europea y la Iglesia Sueca. 

El taller impartido en un primer momento por Jaime López, especialista en temas de transparencia, anticorrupción y presupuesto; y en la segunda parte por César Villalona, Economista e investigador de las finanzas públicas, se estructuró temáticamente para conocer el ciclo de aprobación de los presupuestos del Estado y temas como de dónde obtiene los ingresos el Gobierno de El Salvador, cómo se clasifica el gasto público, qué es la evasión y la elusión, qué es déficit presupuestario y, en general cómo podemos ser fiscalizadores de las finanzas públicas.

El curso constará de 2 talleres de todo el día. El segundo y último se desarrollará el próximo viernes 25 de enero. Como parte de la asistencia se contó también con personal que labora en otros proyectos, dentro de las instituciones ejecutoras del proyecto en comento, destinatarias y destinatarios del proyecto que representan a varias comunidades, representantes de redes y alianzas con las que FESPAD trabaja y cooperantes internacionales.

El proyecto “Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, es co-ejecutado por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador ARPAS y la Federación Luterana Mundial.

Ante los recientes casos de corrupción que salieron a la luz pública en los que se involucra al ex presidente Francisco Flores, la ciudadanía exige a la Asamblea Legislativa mayor eficacia en los procesos de investigación al igual que las reformas constitucionales necesarias.
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FESPAD es una de las organizaciones sociales que exigen que la Fiscalía General de la República investigue a fondo los actos de corrupción que están saliendo a la luz, entre ellos el del Ex presidente Flores, y que no se queden en los medios de comunicación como un espectáculo de coyuntura electoral.

La sociedad salvadoreña no pueden quedarse simplemente como “testigos pasivos de una telenovela mediática electoral alrededor del tema de la corrupción”, así lo expresaron representantes de organizaciones sociales, entre ellas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC y la Asociación de Radios, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, entre otras en un documento con el que asumen la responsabilidad de vigilancia antes estos hechos y de exigencia a que sean investigados a profundidad.

Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, enfatizó que las organizaciones sociales le dedicarán una lucha frontal a los corruptos que se han beneficiado con el dinero de los salvadoreños,” para que esto no se convierta en un video de ciencia ficción donde los ladrones hoy son víctimas y la gente que busca la justicia son perseguidores, vamos a terminar con la hipocresía de los oligarcas y de sus serviles que hacen de la corrupción la fuente inagotable de su riqueza”.

Por su parte Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que tome un papel fundamental y trabaje en una reforma constitucional que ponga un candado desde la norma prima salvadoreña, “porque si vamos a endurecer penas que no sea solo para quien se roba una bicicleta o una vaca, este tema no debe ser abordado de un signo partidario”, señaló

Los representantes de las organizaciones señalaron que se debe poner un paro definitivo hechos corruptos y llegar hasta el fondo con los casos como el mal uso del FODES, por parte de Norman Quijano, candidato a la presidencia de ARENA, el amañado contrato entre CEL y ENEL, la desaparición de los fondos donados por el gobierno de Taiwán, las irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín, actual Bulevar Monseñor Romero, la presunta participación de alcaldesas y alcaldes en ilícitos.