Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción

La corrupción mata. La cantidad de dinero robado cada año con la corrupción es 80 veces más de lo que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo. Al menos 870 millones de personas van a dormir con hambre todas las noches, muchas de ellas niños. La corrupción les niega el derecho a la comida y en algunos casos, el derecho a la vida”. (Navi Pillay. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

La relación entre el acceso a la información con respecto a la forma en que las instituciones del Estado manejan los fondos públicos subyace íntimamente ligada con la satisfacción de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción así como  la instauración de un sistema de integridad y transparencia no solo dignifican la función pública sino que a la vez generan una percepción ciudadana de mayor confianza y credibilidad

Participantes del Diplomado "Transparencia y acceso a la informaci?n p?blica" en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013
Participantes del Diplomado en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013

La posibilidad de obtener información con respecto al manejo de los asuntos públicos había sido considerada hasta años recientes como un monopolio de empresas dedicadas al comercio de la información, las que constituían el único vehículo para hacer llegar de manera indirecta al ciudadano o ciudadana común y corriente, información de las actuaciones de servidores o servidoras públicas, muchas veces tergiversada o manipulada dependiendo de los intereses políticos o económicos en juego.

Aùn cuando la constituciòn de la republica reconoce que El Salvador es un Estado soberano y que “dicha soberanìa reside en el pueblo” (art 83), complementariamente declara que “el poder pùblico emana del pueblo” (art 86), la ciudadania siempre necesitò intermediarios para accesar a informaciòn que por derecho le corresponde obtener sin mas limitaciones que las determinadas por la ley, confiriéndole por tanto un rol activo en la obtención de información oportuna, fidedigna, creíble y transparente acerca del ejercicio del poder público.

Ya desde el año 2006 la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) habìa establecido en su articulo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión. Ademàs delimitò la extensiòn y finalidad de este derecho en el sentido de que el mismo comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El 8 de mayo de 2011 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador, reconociendo, como lo hicieran anteriormentela convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la ONU contra la corrupción que “es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas de sus actuaciones”, al mismo tiempo que elevan a la categoría de derecho el que la sociedad tenga acceso a conocer la información derivada de la actuación gubernamental y la participación ciudadana como una contribución decisiva para el fortalecimiento de las instituciones públicas  la eficiencia administrativa de estas y la prevención  detección  sanción y erradicación de los actos de corrupción que pudiesen ocurrir.

Teniendo cómo telón de fondo lo ya expresado, FESPAD a través del proyecto” Participación Ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, auspiciado por la Unión Europea y desarrollado en conjunto con la Federación Luterana Mundial (FLM), la Asociación de radios comunitarias ARPAS y el Centro para la promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, CPDH, impulsan esta iniciativa a fin de empoderar en el conocimiento de la ley de acceso a la información pública (LAIP) y multiplicar el protagonismo de lideres y liderezas de organizaciones sociales y comunitarias  así como de los equipos técnicos y autoridades municipales  en la prevención,  denuncia y castigo de todo acto de corrupción.

Las instituciones implementadoras de esta iniciativa han impulsado hasta la fecha el diplomado sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en 11 de 15 municipios elegidos, favoreciendo aproximadamente a  220 lideres y liderezas de 36 Organizaciones sociales.

Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos fortalecer la acción social y comunitaria son factores claves para expandir un enfoque amplio de este derecho y la existencia de mecanismos efectivos para el traslado de dicha información, buscando garantizar a los sectores más vulnerables un acceso sin discriminación ni obstaculización en la obtención de información que durante mucho tiempo se les ha ocultado o les ha sido negada, y a la que tienen ahora mas poder que años atrás para exigirla y recibirla.

1.Navi Pillay. jurista sudafricana, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde julio de 2008. Centro de noticias de la ONU. http://www.un.org/spanish

FESPAD y MOVI-TIERRA promueven Campaña por la Derogatoria de Decreto 23

FESPAD y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVI-TIERRA- como parte de su plan de incidencia jurídico, político y social, el pasado martes 5 y miércoles 6 de los corrientes promovió en la zona occidental y central del país la Campaña por la Derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23 denominada: “Defiende tu derecho a la vivienda digna y exige la derogatoria del Decreto 23”,  ¡No a los desalojos forzosos!.

Movi Tierra

Las jornadas se desarrollaron el martes 5 de noviembre con comunidades de MOVI-TIERRA de la zona central: Comunidad El Milagro Belén, en Candelaria Cuscatlán, Comunidad El Milagro, Monseñor Romero, Nuevo Edén y 15 de Septiembre de La Bretaña, en San Martín.

El miércoles 6 de noviembre en Santa Ana con comunidades de MOVI-TIERRA de zona occidental: Comunidad Emanuel, Nuevo Amanecer, El Chichipate, Brisas de Guajoyo, San Marcos y El Puente, del municipio de Metapán.

Se compartió los objetivos de la campaña orientados a sensibilizar a las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra sobre los graves impactos que los desalojos forzosos están generando a nivel nacional en aplicación al Decreto 23, y la necesidad de exigir a la mayor brevedad su derogatoria a la Asamblea Legislativa.

Dicha normativa al entrar en vigencia faculta a los Jueces de Paz de la República a conocer y aplicar el procedimiento expedito establecido en el Decreto 23, para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad, violentando derechos humanos consignados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En consideración a lo anterior los campesinos y campesinas manifestaron en las jornadas que el Decreto 23 es una de las armas poderosa de los ricos, para desalojar a los comunidades pobres de El Salvador, y a una sola voz en coordinación con otras organizaciones sociales dijeron ¡Exigiremos su derogatoria! A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

FESPAD en Reunión Subregional de servicios legales relacionados con el VIH y poblaciones claves

El pasado 28, 29 y 30 de octubre, FESPAD participó en la Reunión Subregional de Servicios Legales Relacionados con el VIH y Poblaciones Claves en la Ciudad de Panamá, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD),Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO)y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS).

Encuentro Regional

El objetivo de la reunión estuvo orientada a conocer, fortalecer, construir sostenibilidad y consolidar la alianza público privada de los diferentes servicios legales relacionados con el VIH que desde las diferentes organizaciones participantes se prestan a las personas afectadas por el VIH y a las poblaciones claves de mayor riesgo; quienes se enfrentan a problemas jurídicos que afectan su vulnerabilidad al VIH y aumentan el impacto del VIH en sus vidas.

Los servicios legales básicos y complementarios consisten en prestación de asesoría jurídica, la representación de las personas en los tribunales o en procedimientos de conciliación, el apoyo para la demanda de reparación o la solución de controversias, y otros. Con el fin que las personas afectadas por el VIH conozcan y se valgan de los recursos jurídicos que les permitirán prevenir el contagio del virus, cuidarse y apoyarse en servicios de otra índole, así como exigir el respeto de los derechos humanos.

El informe sobre la epidemia global del SIDA 2013 de ONUSIDA muestra que 35.3 millones afectadas a nivel global, 1.5 millones en América Latina, 86.000 nuevas infecciones por VIH y 52.000 muertes relacionadas al SIDA. Estos datos estadísticos impulsaron la necesidad que los participantes por país, construyeran nuevas estrategias de prevención, y el fortalecimiento de los servicios legales existentes para garantizar el acceso a la justicia de estos sectores en condición de vulnerabilidad y exclusión.

Los invitados al evento representaron instituciones de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Panamá de las Defensorías del Pueblo y Defensoría para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y decanos de universidades públicas que brindan atención jurídica en materia de derechos humanos.

Ley que regule renuncia voluntaria debe responder a principios de justicia social

El movimiento sindical, con el acompañamiento técnico de FESPAD,  exigen formalmente  a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa, que la indemnización por renuncia voluntaria sea regulado por una ley que responda a principios de justicia social y no a la lógica explotadora del sector privado.

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Allanamiento de Fiscalía en oficinas de Tutela Legal

La Fiscalía General de la República hace allanamiento en oficinas de Tutela Legal. A las 5 de la tarde entraron a las instalaciones, a la vez que impidieron el acceso a la Procuraduría para la Defensa de los derechos Humanos.

María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que “salió la Fiscalía y la policía, después salió una camioneta blindada con las placas tapadas, es decir que son personas conocidas las que están involucradas en esto”.

Saúl Baños, Coordinador del programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD, expresò ” el señor Fiscal debe dar una explicación inmediata sobre lo que están haciendo con los expedientes de Tutela Legal, sería muy grave que retiren documentos de ahí, da la impresión que es una forma de garantizar la impunidad”.

Además, Guillén dijo “ojala que el fiscal no se preste y siga perpetuandose la impunidad porque esos archivos no son del Arzobispado, son de las víctimas”.

Monseñor Urrutia manifestó que no se llevaron expedientes, sin embargo, dice que Fiscalía tiene especial interés en los casos de masacres.

Guillén hace un llamado a la Comunidad Internacional a que estén pendientes de este caso para que se haga justicia con las víctimas.

Pacific Rim El Salvador es adquirida por Oceana Gold

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica desarrolló la mañana de este día, una conferencia de prensa para hacer pública su postura de cara a que el pasado 8 de octubre se anunció que la empresa transnacional Oceana Gold adquirió las acciones y propiedades en El Salvador de la empresa minera Pacific Rim, por un total de USD $10.2 millones. Mediante un comunicado, la empresa ha anunciado, su intención de buscar una salida “negociada” al “impasse” que ha representado el no otorgamiento de los permisos de explotación de la mina El Dorado en Cabañas, al norte de El Salvador.

Según información de dominio público, la empresa Oceana Gold opera sus proyectos en países como Filipinas y Nueva Zelanda, donde ha sido fuertemente señalada por violaciones de derechos humanos y por daños en los ecosistemas.conferencia de prensa mnfmm

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, hizo un nuevo llamado a la Asamblea Legislativa para que de manera urgente se amplíe y profundice el debate en torno a la prohibición definitiva de la minería metálica. Reiteró, además, su sólida convicción de que continuará en la legítima defensa del territorio salvadoreño y no descansará hasta lograr la prohibición definitiva de la exploración y explotación minera en El Salvador.

Por una Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional

El pasado 16 de octubre de 2013, en el Día Mundial de la Alimentación, diversas organizaciones comunitarias, campesinas, cooperativas, agropecuarias, ambientalistas, de mujeres rurales, movimientos de agro-ecología, redes de economía solidaria, entidades de investigación y organizaciones no gubernamentales estrechamente vinculadas a la pequeña producción campesina y de derechos humanos, nos unimos para manifestar públicamente mediante una marcha nuestra postura por la aprobación de una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. La soberanía entendida como el derecho de nuestro pueblo a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y productivo, que permita garantizar el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales que son leyes de la República.

En una movilización multitudinaria las organizaciones sociales nos desplazamos hacia la Asamblea Legislativa, donde se desarrollaba un evento conmemorativo al Día Mundial de la Alimentación, organizado por la Asamblea Legislativa. En ese espacio, representantes de organizaciones que conforman la Mesa por la Soberanía Alimentaria presentamos al presidente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual fue elaborada en la Mesa Técnica Interinstitucional y Sectorial, que fue facilitada por la Asamblea Legislativa.

Nuestra expectativa es que la Asamblea Legislativa la apruebe lo antes posible a fin de garantizar jurídicamente el derecho a una alimentación adecuada.