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FESPAD, ante el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
El reciente nombramiento del abogado David Ernesto Morales Cruz, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pone fin a la ausencia por más de un mes de titular de esa relevante institución nacida de los Acuerdos de Paz.
El pasado mes de julio, FESPAD publicó un documento denominado “Contribución a la construcción del perfil para la elección de un Procurador comprometido con los Derechos Humanos”[1], en él, lejos de apoyar a un candidato en particular, de los 19 que aspiraron al cargo, se perfilaron características y cualidades que a nuestro juicio debía poseer la mujer u hombre elegido.
En dicho documento, planteamos que la realidad nacional, regional y mundial, imponen a quien se nombrara en el cargo, retos inesperados que deberá enfrentar y solventar para asegurar la supremacía de los derechos humanos.
Tales retos pueden resumirse en:
a.- El ensanchamiento de las condiciones estructurales violatorias de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sostenidas por un modelo de ejercicio del poder económico, político y social hegemonizado por la injerencia de actores de poder real que actúan sobre la autonomía del Estado y la administración de justicia.
b.- Un enfoque desarrollista que no coloca a las personas como sujetos de derecho, pero que tampoco satisface las condiciones mínimas para el acceso al desarrollo, sobre todo de los sectores con menores oportunidades.
c.- Las graves regresiones en materia de Derechos económicos, sociales y culturales: flexibilidad laboral, deterioro de la calidad del empleo, ingreso de productos transgénicos, deterioro del poder adquisitivo de la moneda y encarecimiento de la canasta básica, entre otros.
d.- El retorno de sistemáticas violaciones a los Derechos civiles y políticos, y la prevalencia de la impunidad ante la ausencia de instituciones sólidas para la prevención de la violencia y el delito para enfrentar de manera eficaz las acciones del crimen organizado.
e.- Actores sociales invisibilizados y estigmatizados por los sectores más recalcitrantes de la sociedad salvadoreña: mujeres, infancias, adolescencias y juventudes, comunidad LGTBI, pueblos originarios, entre otros.
f.- El agresivo deterioro y explotación de los recursos naturales, ha traído consigo un medio ambiente alterado y deteriorado. El derecho mismo a la vida humana es sometido cada vez a mayores amenazas.
g.- El poder económico e influencia política en el destino del país por parte de un número creciente de empresas transnacionales será cada vez más determinante hasta rebasar la capacidad de regulación de las instituciones del Estado salvadoreño, convirtiéndose en poderosos actores de su debilitamiento.
La realidad nacional, ha sido desde que se constituyó la República, agravada durante los últimos 30 años, de inseguridad humana, expresada en inseguridad ciudadana, alimenticia, ambiental, laboral, para las grandes mayorías de la población.
Esta realidad demanda, de una PDDH fortalecida, independiente y al total servicio de su cometido: La promoción y defensa de los derechos humanos de la población.
Por otro lado, en el documento ya relacionado se plantea, que el nuevo titular de la PDDH debe poseer requisitos elementales, además de aquellos generales determinados por la Ley[2] como la edad, pertenencia al mundo civil, no religioso y de nacionalidad; entre los cuales destacan:
a. De reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y con amplios conocimientos en la materia.
b.- De moralidad notoria: Supone Honestidad, Probidad, Sobriedad, Consecuencia, Fidelidad jurídica.
c.- De competencia notoria: Respetuoso de la Constitución, Compromiso con el Estado Constitucional de Derecho, Aportaciones científicas.
d.- Requisitos complementarios: Aquellos atributos que completan o fortalecen los requisitos legales: Firmeza, Liderazgo profesional, Sensibilidad social, Ecuanimidad.
Asimismo, se plantea que la persona elegida como Procurador debe poseer otras características, tales como:
a.- Un funcionario comprometido con la defensa de la soberanía nacional.
Interesado y valiente para procurar la obligatoria aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en relación a las empresas, sobre todo en cuestiones laborales, de salud, medioambientales, no discriminatorias y otras contenidas en “Las Normas de Derechos Humanos de la ONU para Empresas.”[3] Especialmente en lo relativo a:
. Políticas para asegurar que no emplea ni contrata a personal que ha violado derechos humanos; entrenamiento adecuado sobre procedimientos de derechos humanos, obligaciones de derechos humanos en los contratos relativos a la seguridad.
. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio y de la explotación económica de los niños y niñas; proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, una remuneración que garantice un nivel de vida adecuado, respetar la libertad de asociación y negociación colectiva.
. Los derechos humanos y el medio ambiente, la obligación de cumplir las leyes, normas, políticas y reglamentos internacionales y nacionales para preservar el medio ambiente. Cumplir el principio de precaución y realizar la actividad comercial de manera que contribuya al objetivo más amplio del desarrollo sostenible.
b.- Comprometido con el acompañamiento a las víctimas de las secuelas de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado y con la superación de la impunidad.
Expresamos nuestra complacencia por el nombramiento del Lic. David Ernesto Morales Cruz, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero sobre todo, expresamos las enormes expectativas que desde el movimiento social se tienen con su nombramiento; debe estar seguro que estamos en toda la disposición de apoyarle en la lucha por la defensa de todos los derechos humanos, con la certeza que desde su cargo se abrirán oportunidades de diálogo con el movimiento social y popular, y establecerá espacios formales de relación directa con los diferentes grupos sociales.
Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y con la institución que representa, su nombramiento es una buena señal para su fortalecimiento y por ende, para la defensa y respeto de los derechos humanos de la población.
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
San Salvador, 13 de agosto de 2013
[1] Puede verse el documento completo en: http://www.fespad.org.sv/documentos/actualidad-procurador-pddh.pdf
[2] Art. 5 Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. D.L.183 de 20-02-1992
[3] Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 2004. Amnesty International Publications
undial de las Naciones Unidas. 2004. Amnesty International Publications
FESPAD participa en foro con equipos multidisciplinarios del sistema de Justicia Penal Juvenil
La Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho, (FESPAD), participó en el foro de intercambio de experiencias y equipos multidisciplinarios del sistema de Justicia Penal Juvenil.
El foro estuvo organizado por FESPAD, Fe y Alegría y Catholic Relief Services (CRS), donde participaron organizaciones como la Fundación Salvadoreña para la promoción Social y Desarrollo Económica (FUNSALPRODESE), Proyecto Cuéntame, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), y el Servicio Social Pasional de Mejicanos. Así mismo se contó con la presencia de alcaldías municipales, trabajadores sociales y juzgados.
El objetivo de este encuentro es compartir experiencias con las organizaciones que trabajan con jóvenes en conflicto con la Ley y así dar sus aportes para mejorar el trabajo que se realiza con los menores infractores.
Olivia Holdworth, colaboradora de FESPAD del Proyecto Cuéntame presentó el libro “Duras Penas”, que es una recopilación de poemas, reflexiones y testimonio de jóvenes privadas de libertad en El Salvador.
También el Lic. Vladimir Montoya, Subdirector de inserción social del ISNA presentó el Programa marco para la atención integral de adolescentes sujetos a responsabilidad penal juvenil. Este programa se presentó con la meta de establecer líneas estratégicas para la ejecución y organización de los programas de atención integral que garanticen el cumplimiento de derechos y deberes de los y las adolescentes en Responsabilidad con la Ley Penal Juvenil.
Mientras que Miguel Rodríguez, representante en América Latina de la cooperación de Estados Unidos de Youth Build International y CRS, expuso que en Latinoamérica 73.4 millones de jóvenes son desempleados y su misión como cooperación es la inserción laboral y reparar la imagen del joven en conflicto con la ley.
El encuentro concluyó con la creación de un comité para darle seguimiento a las propuestas hechas por las y los participantes.
FESPAD brinda asesoría jurídica a vendedores de Sonsonate
Omar Jiménez, Angélica Pérez, Hegla Álvarez y Mauricio López, vendedores de Sonsonate acudieron a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), a solicitar asesoría jurídica ya que por orden del Alcalde Municipal, José Roberto Aquino Ruiz, han sido desalojados de sus puestos de venta.
Son más de trescientas personas las afectadas con este desalojo, que ante la necesitad de llevar el sustento a sus familias salen a la calle 15 de septiembre donde tenían sus ventas pero el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) llega, les decomisa la mercadería y les pone una multa de cincuenta dólares. Y si los vendedores se oponen los golpean y les echan gas lacrimógeno.
Los vendedores expresan que han acudido a la Alcaldía Municipal para llegar a un acuerdo pero no lo han logrado.
La opción que el alcalde les da es instalarse en el mercado el Ángel pero a los vendedores no les parece porque en los alrededores de ese mercado hay muchas cantinas y las personas por temor a la delincuencia de la zona y por temor a que los ebrios les hagan daño no compran en ese mercado, por tal razón no aceptan esa alternativa.
FESPAD siempre promoviendo el cumplimiento a los Derechos humanos ha decidido acompañarlos en este proceso y luchar para que se modifique el artículo 5 de la ordenanza municipal de Sonsonate o llegar a un acuerdo entre vendedores y alcaldía.
FESPAD lucha por los Derechos de las familias que viven en la Finca El Espino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y representantes de diversas organizaciones unen esfuerzos para apoyar los derechos de los habitantes de la Finca El Espino.
85 Familias de ADESCO Finca El Espino tienen más de 80 años de vivir ahí y reclaman sus derechos adquiridos como beneficiarios de un Convenio Oficial firmado el 21 de mayo de 1999 por el Gobierno de El Salvador y la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria El Espino de R.L., quienes representaban los intereses e los habitantes de la Finca que pertenecía a la familia Dueñas hasta la implementación de la Reforma Agraria en 1980.
En el acuerdo se establecía la reubicación de la escuela, tanque de agua potable, unidad de salud, casa comunal y cancha de fútbol en el sector poniente urbanizable donde la comunidad sería reubicada y la cooperativa tenía que repartir la tierra entre la comunidad, pero esto nunca se cumplió.
La Finca el Espino se divide en una zona forestal no urbanizable, la denominada parque de los pericos no urbanizable, el casco de la Hacienda que son 207 manzanas que se le vendieron a la familia Dueñas en 1995 y el sector poniente que es urbanizable y que corresponde al lugar donde reubicarían a los habitantes.
14 años después del convenio, la comunidad El Espino enfrenta una situación de incertidumbre porque habitan una porción de la Finca que pertenece a la familia Dueñas porque no los reinstalaron en la zona que establecía el convenio por lo que la familia Dueñas ha tomado acciones legales de tipo penal en la Fiscalía General de la República para desalojarlos.
El problema es que la Cooperativa vendió a sus socios parte de las tierras pertenecientes a la comunidad, también hizo subastas e hipotecas impagables por lo que hoy en día ya se deshicieron del 63% de las tierras y la comunidad sigue viviendo en la zona que pertenece a la familia Dueñas.
Ante esta situación María Silvia Guillen Directora Ejecutiva de FESPAD expreso “hay que construir una estrategia política que denuncie todo el andamiaje de corrupción que ha habido alrededor del despojo para lo que siempre se han prestado la familia Dueñas y los Gobiernos de Calderón Sol para acá y otros funcionarios”.
Así mismo dijo “vamos hacer lo que sea posible y espero encontremos acompañamiento de otras instituciones sociales, nosotros hemos evitado desalojos y reubicaciones dignas para la gente y lo que vamos hacer en este caso es tratar de hacer cumplir ese Convenio”.
Instan a Presidente Funes a vetar el Decreto 412
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), se pronunciaron frente al decreto transitorio 412 aprobado en la madrugada del día 26 de junio de 2013, por la Asamblea Legislativa.Dicho decreto prohíbe realizar propaganda o eventos proselitistas que “desprestigien” a cualquier aspirante a la presidencia o vicepresidencia y de ser encontrado responsable por dichas faltas podría ser sancionado con una multa de 5,000 a 25,000 dólares.
El colectivo considera que el decreto es innecesario ya que los mensajes difamatorios y calumniosos ya están prohibidos por la constitución y el código penal, que el decreto no responde a una política integral referida a los contenidos y practicas mediáticas, que se violentó el procedimiento establecido para la promulgación de leyes en la Asamblea Legislativa y finalmente que representa un obstáculo al periodismo crítico. Por tanto se solicitó al presidente que vete dicha normativa.
Presentan solicitud de resolución en contra del CAFTA-DR
Organizaciones sociales solicitan pronta resolución de demanda de inconstitucionalidad
La mañana del lunes 8 de julio de 2013, distintas organizaciones sociales, comunales, ambientales y de Derechos Humanos, entre ellas FESPAD, presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una petición en la que solicitan una resolución a la demanda de incostitucionalidad presentada el 5 de enero de 2005 en contra Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR por sus siglas en inglés), ratificado por Decreto Legislativo N° 555, de fecha 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 17, tomo 366, de fecha 25 de enero de 2005. Posteriormente fueron presentadas otras dos demandas bajo las mismas argumentaciones. Demandas que fueron admitidas por la Sala, en marzo de 2007; y que hasta la fecha no ha habido resolución.
Las organizaciones sostienen en su petición que en el contexto económico y social actual del país, dado que el Estado salvadoreño, a través del Órgano Ejecutivo aprobó en 2012 otro acuerdo comercial denominado Acuerdo de Asociación -ADA-, y lo presentó a principios de abril del corriente año para su ratificación ante la Asamblea Legislativa, la cual se dio el pasado 5 de este mes; es sumamente oportuno que que la Honorable Sala resuelva la demanda presentada, ya que con la ratificación del ADA, y con su pronta implementación se estarían lesionando los mismos derechos constitucionales alegados en la demanda admitida.
Conversatorio sobre los asocios público-privados
FESPAD fue invitada por la Dirección de dicha Escuela y por la Asociación de Estudiantes de Economía -AEE- a participar como ponente en el Conversatorio Los Asocio Público Privados -APP-, un espacio que Escuela de Economía facilita con el objetivo de generar opinión colectiva sobre los APP.
En esta ocasión, se realizó el desarrollo del tema sobre los APP desde la perspectiva jurídica y sus Implicaciones para la población salvadoreña. Saúl Baños, Coordinador del Programa DESCA de FESPAD, a manera de contextualización, hizo una retrospectiva y se refirió a los Programas de Ajuste Estructural iniciados a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, con lo que se dio inicio a la profundización del modelo neoliberal a través de la privatización de la banca nacional, las telecomunicaciones, las pensiones, la dolarización, el CAFTA-DR, entre otros.
Posteriormente se abordó lo relativo al Asocio para el Crecimiento, los planes de implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación; lo que implica el cumplimiento de ciertas metas en cuanto a los ejes de seguridad y productividad dentro de El Salvador. Se terminó explicando el contenido de la Ley Especial de Asocios Público Privado, y sus implicaciones para la población.
Al final hubo participación de parte de estudiantes y docentes, quienes expresaron sus opiniones y algunas interrogantes sobre el tema.
FESPAD expresa su desacuerdo con ADA
El Salvador debe oponerse o expresar un repudio a ese acuerdo
FESPAD demanda a la Asamblea Legislativa la no ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA), por ser tan nocivo para el país como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En declaraciones dadas este 5 de julio, Juan Carlos Sánchez, del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), expresó que el Acuerdo de la Unión Europea plantea componentes como diálogo político y cooperación internacional, sin embargo, no tienen la misma fuerza que el acuerdo comercial. “Centro América y El Salvador en específico, viven una situación política, económica, cultural y social totalmente diferente a la de Europa, y la capacidad que tenemos como sociedad civil de incidir en ese continente son mínimas” explicó.
Asimismo, expresó que es difícil que la asociación con la Unión Europea traiga beneficios reales, como la Unión Europea ha planteado. Si esto se aprueba, sería por la falta de un principio básico de congruencia de los partidos políticos de izquierda, sobre todo por lo que recientemente sucedió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó.
Según las mismas declaraciones, El Salvador debe oponerse o expresar un repudio a ese acuerdo, ya que “pareciera que la bofetada que ha recibido Latinoamérica (situación de Bolivia) va ser compensada en El Salvador con el Acuerdo, con el cual se abren las puertas para que se inicie este proceso”.
El país es el más pequeño de la región, y ya ha sufrido las consecuencias de tratados similares, como el Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, ya tiene experiencia en acuerdos y sabe que los beneficios para el país son mínimos, comentó.
Surgen demandas informativas dirigidas a la Alcaldía de Soyapango
Se genera grupo de trabajo en temas de transparencia en el municipio de Soyapango
El pasado 20 de junio, el Programa de Transparencia de FESPAD desarrolló el segundo taller sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigido a las y los miembros del Consejo Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana CONSECOSOY, del municipio de Soyapango, el cual está integrado por autoridades de la municipalidad, por organizaciones de la sociedad civil, autoridades de otras instituciones del Estado que tienen trabajo en el municipio y representantes de algunas comunidades.
El resultado de los trabajos en grupo realizados en el taller, evidenciaron algunas de las necesidades informativas que las y los miembros del Consejo tienen en relación al trabajo que desde sus organizaciones impulsan, destacando la información pública en poder de la Alcaldía de Soyapango, principalmente sobre el presupuesto asignado y ejecutado y sobre proyectos que desde esa institución de Estado se ejecutan; sin embargo se aclaró en la plenaria que mucha de la información que se requiere es oficiosa, por ello pueden remitirse primero al sitio web de la Alcaldía pues esta ya ha nombrado a su oficial de información.
Al final de la jornada el grupo expresó su deseo de seguir trabajando en relación a estos temas, por ello se planificó una siguiente jornada para iniciar coordinaciones entre FESPAD y las organizaciones que acuden permanentemente al CONSECOSOY, para generar una posible agenda de trabajo que les permita primero convertirse en replicadores con las y los destinatarios de las comunidades con que trabajan; y segundo generar incidencia política en razón de los temas de transparencia y anticorrupción. La reunión quedó prevista a realizarse el 26 de junio próximo.
Esta actividad es parte del fomento de la transparencia estatal, que contempla el proyecto Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia, financiado por la Unión Europea.
Operadores conocen contenidos de la LAIP
¿Hay consecuencias por no brindar información pública?
Personal de la Gerencia Social de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, recibieron el segundo taller del diplomado sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública que les imparte FESPAD en el contexto del proyecto “Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, financiado por la Unión Europea.
Las y los participantes en el taller tuvieron la oportunidad de conocer sobre los contenidos de la Ley de Acceso a la Información Pública, su objeto, entes obligados, principios, clases de información y estructura creada con la entrada en vigencia de esta ley. En la parte relativa a los principios hubo inquietud de algunos participantes en conocer si al no proporcionar cierta información pública son constitutivos de alguna sanción; situación que generó un fuerte debate al interior del grupo.
La gerente del Área Social de la Alcaldía, Lic. Ruth de Arévalo se mostró complacida con los temas desarrollados y consideró que son de gran importancia para el trabajo transparente en la comuna por lo que deben ser apropiados por todos los sectores de la institución; por ello solicitó que el proceso se expanda también al personal que conforma el área administrativa.
El taller se realizó este 19 de junio en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Ciudad Delgado y contó con la participación de 20 promotoras y promotores. La próxima jornada está programada para el día 26 del mes en curso.