El pasado jueves 23 de mayo inició el desarrollo de la vista pública contra el ex asesor de la Asamblea Legislativa, Luis Edgardo Arévalo Villatoro, acusado por los delitos de lesiones graves agravadas y amenazas en contra de su ex compañera de vida. La vista pública, que se desarrolló bajo la competencia material y funcional del Tribunal por Jurado, se prosiguió el viernes 24 y desde ese día se prolongó de manera ininterrumpida hasta la mañana del sábado 25 del mismo mes. Al finalizar las intervenciones en la Audiencia, a las seis de la mañana del sábado, el jurado se reunió para deliberar y luego de dos horas y media, dieron lectura al acta en donde se establecía la culpabilidad de Arévalo Villatoro por cuatro votos a favor y uno en contra.

El jurado, sin embargo, dejó en manos del juez la imposición de la pena para el asesor legislativo y aclaró que por el delito de amenazas decidieron absolverlo de cargos.

El juez por su parte, se tomó cerca de dos horas para determinar que Arévalo debe pagar su condena con seis años de prisión en el Centro Penal de Metapán, y quedó pendiente determinar la cantidad que deberá pagar a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

El proceso penal, que inició a finales de julio de 2012, fue acompañado por FESPAD, nombrando como apoderado especial al abogado Omar Flores, quien junto a abogadas de CEMUJER y de la Fiscalía General de la República, representaron a la víctima en el ejercicio de sus derechos y facultades durante el proceso.

Este caso y su resolución, viene a sentar un precedente en cuanto a los casos por violencia de género que se han procesado judicialmente, ya que muy pocos han llegado a vista pública, y menos aún los victimarios han sido condenados. Es de reconocer que este caso dio estos resultados, sobre todo, por la determinación de la víctima de romper con el círculo de violencia en que se encontraba; además, por la diligencia con que la representación fiscal mostró en el caso.

El pasado 17 de mayo del corriente año, FESPAD brindó conferencia de prensa en relación al fallo donde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los nombramientos de los generales David Munguía Payés y Ramón Salinas, como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y Director de la Policía Nacional Civil –PNC-, respectivamente.

En febrero del año 2012 miembros de FESPAD, junto a representantes de otras organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de los nombramientos de los militares en esos cargos, pues con los mismos se mezclaban las funciones de seguridad pública y defensa nacional, se atentaba contra la independencia de la PNC respecto de la Fuerza Armada y se transgredía el mandato constitucional de que la PNC esté dirigida por autoridades civiles, violándose así, los artículos 159, inciso 2° y 168 ordinal 17° de la Constitución de la República.

En su pronunciamiento, la Sala de lo Constitucional ratificó ese planteamiento y dejó sin efectos el nombramiento de los referidos generales.

Al respecto, en la conferencia de prensa, Nelson Flores, Coordinador del Programa de Seguridad Pública de FESPAD, y firmante de la demanda, consideró que era necesario recordar que cuando se presentó la demanda, en El Salvador se vivía un auge desmedido de la militarización de la seguridad pública, situación iniciada en los gobiernos de ARENA.

Asimismo, indicó que la demanda no tiene relación con la denominada “tregua” entre pandillas pues esa medida no existía el momento de haberse presentado la demanda en comento. Al respecto, también señaló que si la tregua es la que ha dado resultados tan positivos en la baja de los índices de criminalidad, debería institucionalizarse y no manejarse de la manera ambigua en que se ha venido haciendo. Agregó que la efectividad o no de la política criminal no puede estar supeditada a dos funcionarios y que al margen de la remoción de los militares, las políticas que han dado buenos resultados deben continuar.

Respecto al contenido de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, Héctor Carrillo, del Programa DESCA de FESPAD, también firmante de la demanda, consideró que con ella se ha dado la razón a todos los ciudadanos/as que presentaron la demanda. Indicó que con la sentencia se restablecen las normas constitucionales vulneradas y que el fallo constituye un paso hacia adelante en el fortalecimiento institucional del país y en la construcción de la democracia pues se ha reivindicado la decisión colectiva reflejada en los Acuerdos de Paz en cuanto a la desmilitarización del país. Por otra parte, sostuvo que la demanda estaba limitada a considerar que el nombramiento de militares al frente de la seguridad pública era inconstitucional y no a valorar el desempeño de las personas que fueron nombradas.

El pasado jueves 9 de mayo, FESPAD en coordinación con CEMUJER desarrollaron una conferencia de prensa en acompañamiento a la señora Gabriela Quintanilla, víctima de agresiones físicas y psicológicas, por parte de su compañero de vida, señor Luis Edgardo Arévalo Villatoro, quien es empleado de la Asamblea Legislativa, victimario que se encuentra siendo procesado por lesiones graves agravadas y amenazas.

El objetivo de la conferencia fue para pedir justicia en vista que se avecina la vista pública bajo la modalidad de juicio por jurado en donde el pueblo es el encargado de impartir justicia.

El proceso ha llegado a su etapa final, el 23 y 24 de mayo se encuentra programada la vista pública y la querella compuesta por Omar Flores, de FESPAD; y Alba Ramos junto a Erika Recinos, de CEMUJER, quienes en la conferencia de prensa plantearon lo revictimizante que ha sido el proceso para la Sra. Gabriela Quintanilla, así como detallaron algunos de los privilegios de los que ha gozado el imputado desde el momento de la detención administrativa y la poca colaboración que ha generado éste en el proceso, de igual forma manifiestan que es un reto que tiene la sociedad salvadoreña al ser una parte de ésta quien impartirá justicia en este caso.

La Sra. Gabriela Quintanilla, quien es víctima de las agresiones físicas y psicológicas hizo un llamado a la sociedad y en particular a las mujeres que son víctimas de agresiones físicas o psicológicas para que se empoderen y denuncien ante las autoridades competentes los hechos de violencia que están sufriendo. Al mismo tiempo que le pide a la sociedad muestras de sensibilidad en este tipo de casos en donde se vulneran los derecho humanos de las mujeres.

El proceso que está llegando a su fin, podría tener como resultado la condena del asesor del victimario, consistente en una pena de prisión que oscila entre 3 y 8 años por el delito de lesiones graves agravadas y de 1 a 3 años por el delito de amenazas.

En el contexto anterior, tanto Gabriela Quintanilla, como FESPAD y CEMUJER, se encuentran dispuestas a llegar al final del proceso y dejaron claro que los derechos humanos de las personas no se negocian, piden o mendigan, sino que se exigen, defienden y ejercen.