A más de un año de la nueva administración de gobierno, existen algunos procesos atinentes a los derechos humanos que el Órgano Ejecutivo no ha dado seguimiento a partir de lo que quedó iniciado en las gestiones gubernamentales anteriores; temas relevantes que la sociedad civil debería seguir impulsando.
Parecería que el Órgano Ejecutivo no tiene, ni ha tenido entre sus prioridades, otorgar relevancia a la obligación estatal de dar satisfacción a derechos humanos de la población; esto tiene que ver sin duda, con esa concepción burocrática que asumen en cuanto a que la responsabilidad es solo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En las dos administraciones de gobierno anteriores, fueron excepcionales las unidades ejecutoras que, por primera vez, tuvieron en consideración este componente fundamental.
Lo cierto es que la función pública traducida en el servicio público que cotidianamente se presta a la población es, sin duda, la vía de satisfacción de derechos humanos de la población: los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
En consideración a lo anterior, es muy conveniente que desde las organizaciones de derechos humanos, se dé un nuevo impulso a las gestiones que quedaron en trámite al cierre del gobierno anterior; a continuación algunas de ellas:
1.- El seguimiento a la aprobación de la Ley y la construcción de una política pública de protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos. Es una reivindicación histórica de las defensoras y defensores de los derechos humanos, que trabajan individualmente, desde sus comunidades, sus organizaciones de naturaleza diversa o desde estructuras formales y legalizadas, en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Se cuenta ya con insumos importantes para la formulación, como es la propuesta de Ley de Defensores y Defensoras que está en manos de la Asamblea Legislativa; así como el documento de Lineamientos para una política nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos; en estos dos temas hay solicitudes concretas de organizaciones de la sociedad civil y el apoyo expreso del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
2.- La formulación de un Plan General de Derechos Humanos del Órgano Ejecutivo. En consideración a la responsabilidad estatal de dar satisfacción a los derechos humanos de la población, es importante contar con un plan general de derechos humanos que identifique en cada una de las instancias del Órgano Ejecutivo, cuál es su competencia en esa materia, cuál o cuáles derechos humanos son los que, desde cada entidad del Estado, se satisfacen; pero que además permita la necesaria e indispensable coordinación entre todas las instituciones del Órgano Ejecutivo y del Estado en general.
Ese plan debe tener como punto de partida, la sensibilización y conocimiento de las más altas autoridades del Estado, de las responsabilidades que en esta materia tiene toda la institucionalidad, de tal manera que el enfoque de derechos humanos en la función pública permee todo el hacer en el servicio.
3.- Dar seguimiento a la ratificación del Convenio 169 de la OIT relativo a pueblos indígenas y tribales de países independientes, ya que de los seis Estados que integran el sistema de Integración Centroamericana y República Dominicana, solamente El Salvador no lo ha ratificado; pero además, es de justicia su ratificación, pues dotaría, a las comunidades indígenas, de una herramienta valiosa en defensa de sus derechos. El trámite se encuentra aún en el Órgano Ejecutivo.
4.- Dar seguimiento a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/57/199 que se encuentra ya en fase legislativa desde el año anterior.
5.- Continuidad al Mecanismo interinstitucional para la atención, implementación y seguimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, el cual quedó aprobado. Desde los inicios de la construcción de este mecanismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores contó con el apoyo de representantes en El Salvador y en Panamá de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH; fue aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 62 durante la gestión presidencial anterior.
6.- Situación de mujeres con procesos penales a causa de problemas obstétricos. En estrecha coordinación con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, durante la gestión gubernamental anterior, se trabajó intensamente en el conocimiento de los casos de las mujeres que han sido condenadas a extremas penas de prisión, acusadas de homicidio agravado en ocasión de problemas obstétricos. Son casos que sin duda los procedimientos judiciales han estado caracterizados por falta de pericia en la valoración de la prueba, pero también han estado cargados de prejuicios culturales, fundamentalmente religiosos.
Es así como con OACNUDH se implementó el proyecto Estudio sobre respeto a las garantías del debido proceso en los procesos penales contra mujeres por delitos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.
Los objetivos del estudio son:
a.- Servir de insumo técnico para que los funcionarios y las funcionarias competentes orienten su decisión de otorgar a las mujeres los beneficios que las leyes nacionales vigentes permiten, principalmente para que recobren su libertad en los casos en que proceda, tras la correcta aplicación de los procedimientos legalmente establecidos, y para la determinación de la reparación integral de sus derechos.
b.- Servir de base para propuestas de actividades de sensibilización dirigida a funcionarios y funcionarias de las instituciones que integran el sector justicia de El Salvador, particularmente, de las instituciones que conforman la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, buscando crear conciencia en el funcionariado sobre la necesidad de aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que vincula a El Salvador a futuros casos. El estudio quedó en ejecución en las oficinas de OACNUDH, bajo la responsabilidad del representante nacional de esa instancia en El Salvador.
7.- Seguimiento a la situación de los pueblos indígenas. Se desarrolló un proceso de diversos estudios, análisis y propuestas; lo que permitió identificar una problemática delicada y acuciante a la que se le puso especial atención, como lo es la situación de los pueblos indígenas; una realidad muy difícil con una población excluida y olvidada por los gobiernos. Comunidades que desde que fueron despojadas de sus tierras ancestrales en la década de 1882, nunca superaron su deteriorada calidad de vida en la que quedaron sumidos: pobreza extrema, en especial las ancianas, ancianos, las niñas, los niños y las mujeres.
En esta realidad histórica, se ha venido trabajando por dotar a los pueblos indígenas de herramientas adecuadas y efectivas para la realización de sus derechos humanos; una tarea fue sensibilizar a los diversos grupos de indígenas, entre los que hay divergencias especialmente en atención a métodos de trabajo, buscando un acuerdo entre ellos para que los dos instrumentos que en forma paralela habían sido trabajados por diversas instituciones del gobierno con diversos grupos de indígenas, fueran lanzados públicamente; esta labor también se realizó con las diversas instituciones del Estado involucradas en esta problemática; fue así que en el mes de noviembre de 2018 se lanzó la Política de Pueblos Indígenas y el 10 de diciembre, también de 2018, se lanzó el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas -PLANPIES-.
El lanzamiento de los instrumentos anteriores tenía por objetivo dotar a las comunidades indígenas de herramientas efectivas para hacer realidad la satisfacción de sus derechos humanos.
8.- Canasta básica a las nanas y los tatas en las comunidades indígenas. Desde la Secretaría de Inclusión Social, se entregaba cada dos meses una canasta básica de alimentos a las nanas y los tatas en Nahuizalco, Sonsonate. Una acción eminentemente asistencialista pero vital, ya que viven en total desamparo.
9.- Dirección de diversidad sexual que funcionó desde el gobierno 2009-2014 en la Secretaría de Inclusión Social, tenía por objetivo Promover la creación de servicios y espacios libres de homo, lesbo o transfobia, y de cualquier forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, en los que todas las personas sean tratadas con igual dignidad y respeto.
Prestaba una importante cantidad de servicios y daba acompañamiento a la población LGTBI en el conocimiento y defensa de sus derechos humanos.
También el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hizo vigente una Política de protección a la comunidad LGTBI con el involucramiento de instituciones del Órgano Ejecutivo y de sociedad civil. Si bien es cierto que la dirección de diversidad sexual fue desmontada, fue sustituida por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, creada el 29 de enero de 2020, como una dependencia de la Secretaría de Estado de igualdad y contra la violencia de género. Habría que verificar su actual funcionalidad.
Todos estos y otros avances en los derechos humanos de la población deben tenerse como un punto de partida para que los grupos interesados exijan al gobierno actual, la continuidad de los servicios y beneficios que se habían obtenido. Debe hacerse valer la progresividad y no la regresividad en el goce de los derechos humanos.
San Salvador, 17 de agosto de 2020
