El Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco condena el atentado contra el sitio sagrado Tacushcalco/Los Cerritos que tuvo lugar el pasado miércoles 15 de enero, lo considera un acto racista, y demanda un plan de protección integral del sitio.
El Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco condena enérgicamente la destrucción de cuatro estructuras monumentales del Centro Ceremonial del sitio Tacushcalco por parte de empresas cañeras el pasado miércoles 15 de enero.
Considera este atentado como un acto descaradamente racista que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y contra los derechos culturales de toda la población salvadoreña. Un acto que violenta marcos jurídicos internacionales, el art. 63 de la Constitución de la República, La Ley de Cultura, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural y la resolución del Ministerio de Cultura emitida recientemente en la que se reitera la importancia del sitio y se establecen sus respectivas medidas de protección.
Advertimos que, debido a los intereses de la industria cañera y de los propietarios de los terrenos donde se encuentra el sitio es fácil deducir que dichos actores se ha propuesto el objetivo de destruir por completo el Centro Ceremonial de Tacushcalco, al mejor estilo de grupos terroristas de medio oriente que arrasan descaradamente con el patrimonio cultural. Esta semana recordamos el genocidio ocurrido el 22 de enero de 1932 y este hecho contra Tacushcalco sigue siendo parte de esa perpetuidad del crimen de lesa humanidad que se pretende seguir imponiendo desde que fuimos invadidos por horadas castellanas en 1,524.
Se convierte, automáticamente, en la continuidad de esa matanza sistemática de nuestra cultura y nuestro pueblo indígena. Este atentado, se suma a los actos cometidos por la empresa constructora Fenix-Salazar Romero, que desde 2017 atenta contra el patrimonio cultural salvadoreño y la cual esperamos no salga impune de ese caso que también genera riesgo para nuestro hermano el río Ceniza.
Ante este nuevo atentado a la cultura ancestral de los pueblos indígenas y a la historia salvadoreña, el Movimiento Tacushcalco demanda a las instituciones estatales lo siguiente:
- Aunque reconocemos que el pasado viernes el Ministerio de Cultura interpuso un aviso ante el Tribunal Ambiental de Santa Ana y ante la Fiscalía General de la Republica, exhortamos a la ministra Suecy Callejas Estrada, en cumplimiento a la Ley de Cultura y a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, a que condene públicamente todos estos atentados que ha sufrido nuestro sitio sagrado por parte de estas irresponsables empresas privadas. Esperamos que active todos los protocolos de protección que la ley provee, incluyendo medidas coercitivas, para tutelar el sitio sagrado de nuestros pueblos indígenas. Es urgente diseñar un plan integral de manejo de las 500 manzanas decretadas parte del sitio sagrado, un plan de gestión que aporte una nueva visión inclusiva al ordenamiento territorial, donde el diálogo de intereses y de saberes propicie soluciones y revalorice a los «eternos vulnerables» con justicia social y respeto a la cultura. Si se deciden por ese camino; somos muchos los que estamos dispuestos a colaborar y hacer propuestas, y acompañaríamos toda actividad que desde dicha instancia estatal se orientara a la protección del sitio, si se distancian de ese camino también somos muchos los dispuestos a defender nuestros derechos, nuestros sitios sagrados, nuestra historia y nuestra identidad cultural. Le reiteramos la necesidad de que conceda una audiencia a este movimiento y se sienten las bases de una mesa de diálogo con respecto a este tema.
- A la Jueza Ambiental de Santa Ana, Licda. Norma Elizabeth Lemus de Milla, le solicitamos emitir medidas cautelares al proyecto de producción de caña que realiza COAGRI SA de CV en las 500 manzanas de nuestro sitio sagrado. Las medidas de protección del sitio están claramente definidas en la resolución recientemente emitida por el Ministerio de Cultura y el Art. 5 de la Ley de Medio Ambiente abre la puerta para que como juzgadora considere este sitio arqueológico como un área natural a ser protegida.
- Al Fiscal General de la República, Dr. Raúl Melara, y al director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, titulares de instituciones con enormes deudas por los impactos del proyecto Acropoli-Sonsonate en este territorio, les invitamos a reivindicarse persiguiendo estos delitos en el caso de la Fiscalía y previniendo la comisión del delito en el caso de la Policía. Tan culpable es quien comete un delito como quien calla cuando su deber es combatirlo.
¡Tacushcalco y el río Ceniza viven, no se venden! ¡Se cuidan y se defienden!
¡Ninguno de nuestros abuelos del 32 ha muerto, los llevamos en la sangre!
San Salvador, 21 de enero de 2020
