La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- en el marco de la conmemoración del “Día Nacional del Defensor/a de Derechos Humanos en El Salvador”, hace las siguientes valoraciones:
La Constitución de la República reconoce a toda persona la garantía de ser protegida en la defensa de sus derechos e impone el deber de cumplir y velar por que se cumplan los principios que en ella se consagran, así mismo existen estándares internacionales de protección como la Declaración sobre defensores/as, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, que legitiman la labor de defensa, al considerarla como un derecho en sí misma, reconociendo además la necesidad de garantizar la protección de las personas que lo ejercen, generando ambientes propicios para ello.
En el marco de la pandemia y cuarentena decretada por COVID-19, se pusieron en evidencia graves violaciones a garantías fundamentales, y las vulneraciones a las que se enfrentan quienes denuncian estas situaciones; el ciber-acoso, amenazas, represión, persecución, descalificación, criminalización y bloqueo, son solo algunas de ellas, como los casos de violaciones a la libertad de prensa[1], el incremento de la violencia de género en redes sociales y los señalamientos hacia organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, algunos de ellos perpetrados directamente por el presidente de la República y funcionarios de su gabinete de gobierno. Según registro y monitoreo realizado por FESPAD, el nivel de involucramiento de funcionarios públicos en ataques hacia personas defensoras de derechos humanos representa el 56.75% de los casos.[2]
Durante el año 2018, organizaciones de sociedad civil presentamos una propuesta de política pública, así como de una ley para el reconocimiento y protección de personas defensoras, a la fecha ninguna de ellas ha sido aprobada por las autoridades correspondientes.
El ejercicio de la defensa es especialmente hostil en contextos donde no se cuenta con marcos normativos que garanticen la labor de quienes hacen valer los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, cuyo fin es la equidad y el bien común. El Salvador tiene un compromiso inconcluso con la comunidad internacional, que en reiteradas ocasiones le ha señalado a través de informes provenientes de relatorías y de mecanismos especiales de derechos humanos, la necesidad de garantizar el derecho a defender derechos y proteger a quienes lo ejercen, y peor aún es la deuda histórica que tiene con quienes, individual o colectivamente, emprenden acciones para contribuir al mejor estándar de vida para todos y todas, incluso en el contexto de la pandemia por COVID-19.
En razón de lo antes expuesto EXPRESAMOS:
- Reconocemos a quienes luchan permanentemente por la defensa de los derechos humanos, enfrentando condiciones adversas, como la persecución, amenazas, discriminación, difamación y criminalización, sobre todo en ambientes hostiles donde las libertades y la democracia se ven severamente amenazados por la represión.
- Denunciamos la criminalización de defensores/as mediante el uso de discursos de odio que generan violencia verbal, física y psicológica. Situación que queda en evidencia con el incremento de agresiones a periodistas[3] y organizaciones de defensa. Solo entre estos dos ámbitos de defensa, el registro de FESPAD indica un total de sesenta vulneraciones en lo que va del año[4].
- Exigimos a aquellos funcionarios del Órgano Ejecutivo a abstenerse de perseguir, denigrar, desprestigiar y difamar a personas y organizaciones que trabajan por la garantía constitucional de los derechos humanos para todos y todas; debiendo asumir su responsabilidad de crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la labor de defensa, en un ambiente seguro y digno.
- Urgimos a la Asamblea Legislativa aprobar la propuesta de Ley para el “Reconocimiento y Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos”, que fue presentada desde el año 2018. Recordando, además, que la obligación de legislar en la materia es una deuda estatal asumida de buena fe, a nivel internacional desde hace más de veinte años.
San Salvador, 26 de octubre de 2020
[1] Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informe trimestral, presentado el 3 de mayo de 2020, que registra 54 casos de vulneraciones a la libertad de prensa, 39 de ellos perpetrados en el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por la pandemia del COVID 19.
[2] Seguimiento periodístico y de medios de comunicación para el registro de datos sobre violaciones a derechos humanos de quienes los defienden. Elaboración propia de FESPAD.
[3] Los casos de periodistas registrados responden a los que se involucra la labor de defensa de derechos humanos y libertades fundamentales.
[4] Seguimiento y registro de datos a través de medios de comunicación, elaboración propia de FESPAD.
