El Estado ha demostrado desinterés en los asuntos ambientales, los pocos avances normativos e institucionales se están debilitando de forma progresiva. Lejos de crear o reforzar la institucionalidad en materia ambiental, se fortalece una estructura orientada a dinamizar aspectos economicistas. Como ejemplo, la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con la que se fomentará el extractivismo y sobreexplotación de los bienes naturales, a pesar de los fuertes impactos que esto generarían en el medio ambiente.
La derogatoria de la Ley y disolución del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), el 25 de mayo de 2022, reafirma una línea clara del desinterés de la administración actual en mantener, crear y robustecer las entidades públicas cuyo objeto sea protección de los bienes en dicha materia. Con trasladar las facultades del FONAES a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la llevará a su desnaturalización.
En esencia el FONAES tiene como objeto “la captación de recursos financieros y la administración de los mismos, para el financiamiento de planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación, mejoramiento, restauración y el uso racional de los recursos naturales y el medioambiente”; por su parte, la ASA tiene como propósito “la gestión integral de los recursos hídricos y demás bienes que forman parte del dominio público hidráulico”.
Aunque el agua es un bien que tiene íntima relación con el medio ambiente solo es un elemento del mismo; en tal sentido, la ASA dejaría de ser una entidad especializada en la gestión de los bienes hídricos y se convertiría en una entidad captadora de fondos, administradora y que deriva proyectos ambientales de manera general.
Por otra parte, las facultades legales otorgadas al FONAES se encuentran en la Ley que da origen al Fondo (Decreto Legislativo N° 23, del 16 de julio de 1994); al derogar la ley y aprobar su disolución no solo liquida la institucionalidad como tal, sino también expulsa del ordenamiento jurídico vigente las facultades del FONAES, y con ello, pone en peligro todos los proyectos en materia ambiental que de él se derivan. En otras palabras, no existirá una Ley que faculte a la ASA para dar seguimiento a las acciones desarrolladas actualmente por el FONAES.
Consideramos que la falta de liquidez de la administración pública para financiar la institucionalidad creada con la Ley General de Recursos Hídricos es parte del problema y, por otro lado, la agenda ambiental no es prioritaria para el actual gobierno, por lo que lleva a tomar medidas como la derogatoria de la Ley Fondo Ambiental de El Salvador, que debilita y afecta la institucionalidad ambiental.
San Salvador, 30 de mayo de 2022.
