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Comunicado | Más de 645 familias de La Paz viven en condiciones de inseguridad jurídica en la tenencia de tierras

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16 marzo, 2022

El Salvador se ha caracterizado por registrar niveles de pobreza y desigualdad (económica, política y social), limitando el pleno disfrute y garantía de derechos humanos de la población. Uno de ellos es el derecho a la vivienda adecuada, esta situación ha llevado a que muchas personas establezcan asentamientos humanos irregulares en diversas partes del país, por ejemplo, en la zona costera del departamento de La Paz.

Entre los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en La Paz, se encuentran alrededor de 19 caseríos en situación de inseguridad jurídica en la tenencia de las tierras, sus habitantes sufren una serie de vulneración de derechos relacionados a: acceso al agua, salud y educación.

La investigación que se presentará devela la situación jurídica y social de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1863 personas que habitan en las comunidades: El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000.

La investigación permite visibilizar que las comunidades carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo.

Se denota poco interés por parte de las municipalidades y gobierno central en generar una intervención orientada a apoyar en la búsqueda de soluciones a la problemática de la legalización de los inmuebles o por mejorar las condiciones de hábitat de las familias de las cinco comunidades mencionadas. El siguiente cuadro presenta algunos focos de atención en dichos caseríos.

 

Condiciones generales de las comunidades El Mozote Los Tubos Brisas de Jaltepeque El Conchalito Victoria 2000
Agua potable domiciliar No No No No
Porcentaje de hogares que tienen electricidad 82% 71.43% 88.89% 87.06% 36.42%
Porcentaje de hogares que tienen letrina, inodoro o fosa séptica 86.7% 87.50% 87.41% 91.76% 67.44%
Familias en hacinamiento 24.28% 27.5%. 13.33%. 28.24%. 43.6%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los censos realizado por FESPAD y MOVITIERRA, en conjunto con habitantes de cada comunidad.

La limitación a los diferentes derechos impacta principalmente a las mujeres que representan el 52.39% (976) de la población y al 47.61% (887) de los hombres. Por grupos etarios afectados, el 34.46% corresponde a personas adultas (30-59 años), 26.62% a jóvenes (18-29 años), 21.04% niñez (0-12 años), 9.18% adolescentes (13-17 años) y 8.70% a adultos mayores (60 a más años).

Ante los diversos problemas identificados en las comunidades se exige al Estado:

  • Generar condiciones para dotar de seguridad jurídica a las personas habitantes de las 5 comunidades objeto del estudio y zonas aledañas con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda adecuada. La Asamblea Legislativa debe emitir un decreto de desafectación de forma participativa, consultando a las comunidades y actores clave, con el propósito de garantizar dicho derecho, salvaguardando el medio ambiente.

 

  • En el marco de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, se contempla que los asentamientos comunitarios que se establecieron previo a la Ley y que actualmente se encuentran en zonas protegida serán regulados por normativas específicas para que las personas convivan en armonía con el medio ambiente y no lo degraden; en ese sentido, se deben impulsar normativas específicas para las comunidades señaladas, y otras que se ubican en las cercanías del Estero de Jaltepeque con el objeto de mejorar condiciones de vida y generar certeza jurídica a las familias sin dañar al medio ambiente.

 

  • Derogación del Decreto Legislativo 23 del año 2009 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, ya que es una ley que vulnera derechos humanos.

 

  • Promover políticas públicas encaminadas a fortalecer el acceso a educación, salud y servicios básicos en las comunidades, como agua y electricidad.

 

  • Instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y alcaldías municipales, deberían realizar acciones con el propósito de que las personas habitantes de las comunidades no sean víctimas de engaño tras la búsqueda de regularizar las condiciones de la vivienda.

 

Para finalizar, como FESPAD y MOVITIERRA rechazamos y condenamos cualquier acción que implique desalojos forzosos para las familias salvadoreñas que se encuentran en inseguridad jurídica en la tenencia de tierras, ya que es el Estado el que ha sido incapaz de brindar una solución a la problemática de vivienda.

 

San Salvador, 16 de marzo de 2022

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