Durante las últimas décadas, Centroamérica ha atravesado procesos que ponen en riesgo la democracia, una de las aristas para sustentar dicha afirmación es la reducción de espacios cívicos favorables para la labor de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), las cuales desempeñan un rol fundamental en los sectores de la población más excluidos por el Estado.
Principalmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, el trabajo de las personas defensoras y el funcionamiento de sus organizaciones se ha limitado por la multiplicación de obstáculos interpuestos por los Estados, particularmente por la instauración de medidas restrictivas de carácter jurídico, administrativo o práctico, reformas a marcos jurídicos o la creación de leyes que buscan limitar la libertad de expresión, asociación, organización y movilización para la demanda social y la defensa de los derechos humanos, acompañados de campañas de difamación, constituyéndose así, leyes y acciones anti ONG-OSC.
Tales acciones han llevado al cierre, a la imposición de sanciones, al asedio desde la institucionalidad del Estado, campañas alimentadas con discurso de odio, el ahogamiento financiero y limitación del relacionamiento internacional de las organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Nicaragua, a través de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros se implementan medidas que obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas defensoras, se estigmatiza a las organizaciones que reciben financiamiento extranjero para sostener sus actividades de defensa, así como la promoción de los derechos humanos, y las somete a un sistema de sanciones arbitrarias llegando hasta cancelar su personalidad jurídica.
En Guatemala, con las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto 4-2020, las organizaciones de sociedad civil se encuentran en una situación compleja para funcionar, ya que uno de los trasfondos que subyacen con estas reformas tiene que ver con el control de las ONG, los cuales auditan la labor del Estado.
Mientas que en El Salvador se aprobó un nuevo Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República –FGR-, que obliga a las OSC a hacer un re-registro, lo cual es adverso, porque puede quedar a discreción del Estado si se acepta o no; así también, se ha impulsado una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que se mantiene en discusión en la Asamblea Legislativa, la cual ahogaría financieramente a las OSC (ya que llega a establecer un impuesto por las transferencias recibidas de los cooperantes), además, criminalizaría a muchas de ellas. Además, se han aprobado reformas a la Ley de Proscripción a las Pandillas y al Código Penal que habilitan la criminalización de la actividad periodística, a lo que se suma un alto grado de arbitrariedad y usos excesivo de la discrecionalidad en el sistema de justicia.
Cabe recalcar que los Estados mencionados mantienen políticas que desincentivan el ejercicio del derecho de libertad de asociación, que al igual que en tiempos del conflicto armado interno en Guatemala y El Salvador, tienen como finalidad neutralizar la libertar de expresión y de asociación, situación que no es propia de democracias sino de regímenes que van transitando a escenarios de mayor concentración del poder.
Por todo lo antes expuesto, exhortamos:
- las diferentes instituciones del Estado, eviten aprobar normativas que obstaculizan la labor de las OSC.
- A que el Estado respete el espacio cívico: libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, apegados a la normativa nacional y tratados internacionales.
- Al cese de la instrumentalización de los sistemas normativos y la institucionalidad pública para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
- A detener la criminalización de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de las Organizaciones de Sociedad Civil.
- A respetar al Estado Constitucional, social y democrático de derecho, y a los derechos humanos de todos y todas.
- A las organizaciones de sociedad civil, en especial a las ONG, a que realicemos una participación activa y propositiva, a fin de contar con medidas legales, regulatorias y operativas, que sean habilitante a la labor de defensa de derechos humanos.
San Salvador, 6 de junio de 2022.
