Frente a la necesaria Reforma del Sistema Presivisonal en El Salvador

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- frente a la insostenibilidad financiera generada en el Sistema de Ahorro para Pensiones  -SAP- y ante la necesidad de una reforma al mismo, que tenga como centro la garantía de los Derechos Humanos de las personas, MANIFIESTA:

Los sistemas previsionales no deben ser vistos con un afán mercantilista; más bien, estos deben buscar brindarles  las condiciones materiales y espirituales para una vida digna y plena a todas aquellas personas  en condición de retiro, pero también aquellas que por diversas razones no se encuentran  o nunca formaron parte de la población económicamente activa.

Como producto de las conquistas laborales obtenidas mediante las luchas de los  trabajadores y trabajadoras, el posterior reconocimiento normativo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales –DESC-, y el fortalecimiento de un Estado de bienestar creado frente a la crisis  del sistema capitalista de 1929, los Estados han tratado de crear mecanismos para solventar las necesidades de todas aquellas personas que por invalidez o vejez  ya no forman parte de la población económicamente activa ocupada.

Fue hasta 1969 que en El Salvador se incorporó el régimen de pensiones para los riesgos de vejez, invalidez y muerte al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la posterior creación del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, con los cuales el Estado salvadoreño trataba de satisfacer las necesidades de determinados sectores de la población.

Como resultado del auge del modelo neoliberal y los programas de ajuste estructural dentro de los cuales una de las medidas fue la privatización de los activos públicos, entre ellos el sistema previsional. Latinoamérica experimentó un cambio de  sistema previsional, iniciado en Chile a principios de la década de los años ochenta y en el resto de países en la década de los noventa; dicho modelo, en esencia, plantea una capitalización individual de las pensiones, la administración privada, la inversión de los fondos en el mercado de capitales, y un rol subsidiario y fiscalizador del Estado.

El modelo mencionado fue incorporado en El Salvador mediante la aprobación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa e impulsada por la administración del ex presidente Calderón Sol, en diciembre de 1996, por medio de la cual se privatizó el sistema en detrimento de los y las trabajadoras cotizantes y en beneficio de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP´s-.

Frente tal aprobación, FESPAD presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese momento una demanda de inconstitucionalidad, en ella se alega lo inconveniente de la adopción de la privatización de las pensiones, así como la vulneración del principio de contratación, ya que únicamente existían 5 administradoras de fondos. La demanda no fue admitida. Con el paso del tiempo, una AFP quebró y dos fueron absorbidas por otras, hoy en día existe un duopolio en la administración de fondo de pensiones.

El cambio en el sistema previsional no tuvo como parámetros los derechos humanos de la población  cotizante; más bien, fue promovida por esquemas políticos y económicos internacionales que benefician a pequeños grupos en detrimento de las mayorías, lo que no permite un adecuado desarrollo humano y la satisfacción de los DESC en el país. Con el cambio de sistema previsional, a las trabajadoras y trabajadores cotizantes no se les garantiza una pensión durante todo el tiempo de vida; y el monto de las mismas no garantiza la cobertura de las necesidades materiales y espirituales de los pensionados.

Desde una perspectiva de Derechos Humanos los sistemas previsionales deben de garantizar a las personas pensionadas por invalidez o vejez, lo necesario para que estos puedan tener una vida digna y plena; a pesar de ello, en El Salvador, con la reforma realizada en la década de los noventa solamente se garantizó la inversión de los agentes privados que desde 1998 se arrogaron un 3.5% en concepto de comisión por el manejo de fondos y que actualmente es del 2.2%, lo que les ha permitido obtener ganancias sin someterse a ningún riesgo de inversión.

La transición del sistema público de pensiones a uno privado se realizó garantizando los intereses  de las AFP´s al permitir que toda la población más joven, económicamente activa y ocupada obligatoriamente pasara a éstas, y las personas que se encontraban próximas a obtener una pensión continuaran cotizando en el sistema público, lo que implicó menores ingresos  para éste y le obligó a adquirir deuda para el pago de pensiones, ya que a diciembre 2013 el sistema público contaba con 100,418 pensionados y las AFP´s solamente con 60,268 haciendo una relación desproporcional de cotizantes en contra de  personas pensionadas, lo que impacta gravemente las finanzas públicas. Los recursos definidos para financiar el pago de pensiones se habían agotado, por lo que desde 2001 a 2006 el Gobierno recurrió al endeudamiento con eurobonos y a partir de 2006 mediante la emisión de Certificados de Inversión Previsional.

A pesar de que la transición del sistema generó impactos negativos a las finanzas públicas, esta no fue  acompañada de una reforma tributaria de naturaleza progresiva que dotara de mayores fondos al Estado para honrar la deuda previsional producto de la transición.

En la actualidad, a pesar de que se ha emitido una ley que reconoce y promueve los asocio público privados y frente a la propuesta gubernamental de crear un sistema de pensiones de naturaliza mixta donde los fondos sean administrados por las AFP´s y el Estado, resulta contradictorio que los representantes de la ANEP y ASAFONDOS se opongan a dicha medida ya que la empresa privada fue uno de los sectores que impulsaron la aprobación de la referida normativa.

Mayor contradicción refleja el hecho de que estos representantes exijan transparencia, publicidad y participación ciudadana en el marco de la elaboración de una propuesta frente a la crisis previsional; pero al mismo tiempo se oponen a que la también actual discusión en torno al aumento al salario mínimo se haga de manera transparente, pública y participativa. En este caso están a favor de realizar las discusiones a puerta cerrada. Es decir, que sólo exigen transparencia cuando su conveniencia lo demanda.

Como medida emergente de la crisis del sistema previsional, el Estado debe crear un sistema de pensiones con un régimen financiero de reparto que dimensione principios colectivos y solidarios entre los cotizantes, que lleve a una cobertura universal de las pensiones en donde primen los derechos humanos de la persona y no intereses económicos de los agentes privados.

Para gozar de un sistema previsional con un enfoque de derechos humanos es necesario contar con un Estado fortalecido y no sólo supervisor de las AFP´s; además, pasa por una reforma tributaria integral de naturaleza progresiva que conlleve a dotar al Estado de mayores fondos con el objeto de garantizar las pensiones de las actuales y futuras generaciones.

FESPAD considera que dado lo trascendental de la reforma previsional que se plantea, se debe generar un proceso amplio, equitativo y transparente de consulta de la propuesta, que incluya a todos los sectores.

San Salvador, 22 de febrero de 2016

 

 

Comunicado del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica

Comunicado del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ante la imposibilidad de los habitantes de Honduras de acceder a la jurisdicción del Comité contra la Tortura por la reserva que hiciere el referido Estado sobre el Art. 22 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes .

Descargue documento en el siguiente enlace: Comunicado Honduras

El Salario constituye una forma de distribución de la riqueza

El pasado 28 de enero, en ocasión de discutirse a la propuesta de aumento al salario mínimo presentada por FESPAD al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Omar Flores fue invitado al programa televisivo Opiniones, que transmite Gentevé Canal 29, en horario de 7 a 8 de la noche. El programa contó también con la participación de Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor; y Alfonzo Goitia, economista, presidente del COLPROCE.

En la entrevista se plantaron una serie de considerandos en el marco de la revisión del salario mínimo que realiza el Consejo Nacional del Salario Mínimo. La economía salvadoreña cerró el 2015 con un crecimiento del 2.5%, superando el crecimiento registrado en los últimos años; no obstante, dicho crecimiento no se traduce en la satisfacción de los DESC de la ciudadanía. Diversos mecanismos para generar una distribución equitativa de la riqueza generada en el país no son implementados, como la puesta en marcha de una reforma tributaria progresiva o el aumento de la capacidad adquisitiva de las personas mediante la revisión salarial en el sector privado.

El aumento de la producción del país y la desigual distribución de la riqueza generan condiciones para que importantes sectores de la ciudadanía vean insatisfechos sus derechos humanos. De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2015, Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) El Salvador posee un índice de desarrollo humano medio, con un valor de 0,666 , lo que lo ubica en la posición 116, por debajo de la media de los 188 países evaluados por dicha entidad. Respecto a la evaluación del IDH realizada por el PNUD para el 2014, El Salvador desmejoró en su desarrollo humano y perdió una posición respecto al resto de países evaluados.

A pesar de que la economía está mostrando crecimiento económico, esto no contribuye al desarrollo social y permite la concentración de riquezas en pocas personas, aumenta la brecha de desigualdad y genera insatisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ciudadanía.

El gobierno ha propuesto un aumento al salario mínimo en el sector privado de $300 para la zona urbana y $250 para la zona rural, contrapuesto a la propuesta de la empresa privada que propone un aumento al salario de 9 % de forma escalonada para los próximos tres años. En el proceso de discusión que abrió el Consejo Nacional del Salario Mínimo por primera vez se permitió que organizaciones de la sociedad civil presentaran sus propuestas, entre ellas FESPAD, las cuales se aproximan en mayor medida a la propuesta hecha por el Órgano Ejecutivo.

FESPAD ha presentado una solicitud para que los debates dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo sean públicos; no obstante, a la fecha no ha recibido notificación formal al respecto, transgrediendo con ello el Art. 18 de la Constitución que contiene el derecho de petición y respuesta. De manera púlica se ha sabido que los representantes de la ANEP y el sector laboral representado en el Consejo se opusieron a que las audiencias fueran públicas, no así el Órgano Ejecutivo.

FESPAD: salario mínimo en zona rural y urbana debe ser de $ 300.00 mensuales

El lunes 11 de enero, en el espacio radial que dirige el periodista Kenni Bolaños,  que se transmite en Radio Cadena Mi Gente, en el horario de 11:00 a 12:00 meridiano; se socializó la propuesta de FESPAD en torno al incremento al salario mínimo; con la participación de Saúl Baños y Omar Flores, del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de dicha institución; además, miembros del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica.

Dado que a finales 2015 inició en el país el debate público sobre la revisión del salario  mínimo del sector privado en lo urbano y rural y el Consejo Nacional de Salario Mínimo tomó a bien recibir propuestas de distintos sectores, las cuales serán analizadas en el primer trimestre del 2016 y se estima que cumpliendo con el  procedimiento legal, el aumento que se apruebe entre en vigencia a partir del 1 de julio del  mismo año.  En ese marco, diferentes organizaciones decidieron presentar propuestas, entre ellas FESPAD.

En el programa radial se planteó, la necesidad de incrementar el salario mínimo, las diferentes propuestas en función de ello, la necesidad de aumentar las mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso de revisión del salario; y la propuesta de FESPAD  de incremento al salario cuya peculiaridad es que no hace distinción entre el salario mínimo en la zona rural y urbana, pues no considera que existan diferencias objetivas para realizar dicha distinción, por lo que plantea un incremento que lleve el salario mínimo a $ 300.00 mensuales.

En el programa se manifestó que respecto a las propuestas realizadas por las distintas instituciones y sectores, la más coincidente con FESPAD es la gubernamental y la de sectores de trabajadores; y la propuesta mas antagónica es la de la empresa privada (ANEP) que plantea un aumento escalonado del 9% (3% el 2016;  3% el 2017; y  3% el 2018). A juicio de los entrevistados, la propuesta de aplicar de manera escalonada el aumento, es una trampa del sector empresarial, puesto que en el contexto de las elecciones de alcaldes y diputados a realizarse en el 2018, se pueden dar las condiciones para la discusión de un nuevo aumento que considere la inflación, pero al hacerlo de manera escalonada, se crearía una falsa percepción de que el último aumento (3%) se daría en 2018. Además, los trabajadores dejarían de percibir el aumento del 6% en el primer año y el 3% en el segundo año. Por lo tanto el aumento no debe ser escalonado.

Ver propuesta completa: Aquí

Organizaciones sociales exigen al nuevo Fiscal General investigar crímenes ocurridos en el conflicto armado

Diferentes organizaciones sociales aglutinadas en Pro Memoria Histórica exigieron esta mañana que se haga justicia en los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Esto, en el marco del retorno al país del exministro de la Defensa Nacional, Guillermo García, expulsado de Estados Unidos y señalado como responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años de la guerra civil en El Salvador.
Leer más «Organizaciones sociales exigen al nuevo Fiscal General investigar crímenes ocurridos en el conflicto armado»

Demandan a Ministerio de Defensa por incumplir decreto 593 de Retiro Voluntario

Un aproximado de 1000 ex empleados de la Fuerza Armada  son afectadas por el incumplimiento del decreto 593 que hace el Ministerio de Defensa al negarse incorporarlos a dicho decretos, pues sostienen que no dicho decreto no cumbre al personal administrativo, así lo reafirmó el abogado representante, José Ramiro Parada.
Leer más «Demandan a Ministerio de Defensa por incumplir decreto 593 de Retiro Voluntario»

Informe del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de los Derechos Humanos (CDH)

En el marco del EPU, los derechos humanos en El Salvador fueron evaluados en 2010 y por segunda vez el lunes 27 de octubre de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Salvador es uno de los 14 Estados que en esa oportunidad fue revisado por el Grupo de Trabajo del EPU en su sesión que se realizó del 27 octubre al 7 de noviembre, en Ginebra, Suiza. En el primer examen se dio un pliego de recomendaciones de las cuales en el segundo examen se evaluó su cumplimiento

DESCARGA DOCUMENTO COMPLETO AQUI:

Informe EPU 2015 DDHH