Comunicado: Situación de los Derechos Humanos en C.A. 2016-2017

COMUNICADO DE PRENSA

 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, conformado por organizaciones de los diferentes países, frente a la crisis de los modelos democráticos presenta los principales hallazgos y tendencias en el marco del doceavo informe correspondiente al año 2016-2017.

En materia de pobreza y desarrollo humano:

Los países registran un crecimiento económico importante (por arriba del promedio mundial 2.2%); sin embargo, el desarrollo humano en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador se califican con un desarrollo humano medio, a diferencia de Panamá y Costa Rica que obtienen una mejor calificación. No obstante, prevalecen los  niveles de desigualdad en toda la región, indicando que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo en el desarrollo humano, vulnerando los Derechos Económicos Sociales y Culturales, aumentando de esta forma los niveles de migración, afectando en mayor medida a poblaciones en situación de vulnerabilidad: mujeres, comunidad LGBTI, niñez, adolescencia y juventud, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad ciudadana:

Centroamérica, continúa siendo una región convulsionada debido a los altos niveles de inseguridad registrados, con un mayor énfasis en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los Estados continúan implementando políticas represivas, como la militarización de la seguridad ciudadana. El crimen organizado y narcotráfico continúan dejando una estela de violencia, como la producida por maras y pandillas, con una tendencia progresiva de vinculación a estructuras políticas.

La tasa promedio de homicidios es de 32.58 por cada 100 mil habitantes en Centroamérica. El Triángulo Norte, concentra el mayor número de muertes violentas, alcanzando un promedio de 55.8, frente al 7.8 reflejado en los países del sur de la región. Respecto de los feminicidios, Centroamérica en el 2016 reportó 1,819 muertes violentas.

Los Estados cuentan con normativa que penaliza el aborto, lo que deja en evidencia la falta de voluntad para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

La débil institucionalidad en el sistema judicial, la ausencia de normativa que proteja a la comunidad LGBTI y los crímenes de odio cometidos en su contra colocan a esta población en extrema situación de vulnerabilidad.

En materia de democracia:

Los modelos democráticos regulados por los sistemas normativos en los países de la región han sufrido modificaciones mediante interpretaciones constitucionales derivadas de los Tribunales respectivos. Nicaragua y Honduras permitieron la reelección presidencial, transgrediendo con ello el principio de alternancia en el poder y sometiéndose a procesos electorales fuertemente cuestionados por actores nacionales e internacionales. Existe una fuerte tendencia a la concentración del poder por parte de los titulares del Órgano Ejecutivo violentando el principio de independencia y complementariedad.

En materia electoral, en la región existen avances que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir y ser electos. Sin embargo, los sistemas electorales son cuestionados por diferentes actores que demandan transparencia. Se debe garantizar no sólo el derecho a elegir sino también, el respeto a la voluntad del soberano.

En ese sentido, preocupa la situación actual de Honduras, donde se ha generado una crisis política producto del descredito de la autoridad electoral. La tardanza en la entrega de resultados en el nivel presidencial de las Elecciones Generales del 2017, genera un ambiente de zozobra, inseguridad y tensión que agudiza la crisis.

En Centroamérica, la débil institucionalidad hace que las finanzas públicas se vean afectadas con hechos de corrupción pese a que se han investigado y judicializado algunos casos emblemáticos como en Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala; a pesar de ello, no hay indicios de poder superar la debilidad en la problemática. La corrupción limita el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los centroamericanos ya que los Estados reducen su capacidad de  inversión para el desarrollo.

La tendencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones es hacia la reducción. El derecho a la protesta social es frecuentemente reprimida desde los sistemas normativos y directamente por la policía y el ejército; en este marco, las personas que defienden derechos se ven frecuentemente obstaculizados en su labor y criminalizados.

Por lo anterior recomendamos a los Estados:

  • Crear políticas económicas y sociales de naturaleza regional que reduzcan las desigualdades;
  • Evaluar y redefinir sus estrategias de seguridad orientadas a reducir las causas estructurales y factores de riesgo que generan violencia;
  • Respetar y garantizar el derecho de la ciudadanía a la protesta social, libertad de expresión y prensa, evitando la represión del Estado;
  • Reconocer y respetar la labor de las personas que defienden derechos, con el propósito de fortalecer un Estado constitucional y democrático de derecho.
  • Fortalecer la institucionalidad electoral orientada a su independencia y actuación con transparencia que incluya procesos de auditoria social.

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Tegucigalpa, 1 de diciembre del 2017

MOVITIERRA EVALÚA LOS LOGROS DE LAS ACCIONES 2017

IMG_9024El 28 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una reunión con representantes del Equipo Coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA), con el propósito de realizar la evaluación anual de las acciones realizadas.

En la jornada se reflexionó sobre los retos con los que se inició el año 2017, los logros obtenidos, la forma en que se desarrolló el trabajo, y las acciones pendientes. Así también se construyeron las 5 líneas estratégicas para construir el plan operativo 2018, teniendo como fundamento la visión y misión de MOVITIERRA de cara a las problemáticas de las comunidades que lo conforman.

La reunión se realizó en el marco del Proyecto «Gestión y transformación de conflictos desde la perspectiva de cultura de paz»,  auspiciado por la Agencia  Action Solidarite Tiers Monde (ASTM); y tuvo la participación: por la Zona Paracentral: Rubén Ventura, Rosa Pastor, José Salguero; por la Zona Costera: Lety Flores, Raquel Campos, Juana Bautista; de la Zona Occidental: Maritza López, Sara Figueroa y Rafael Martìnez; acompañados por  Teresa Hernández, del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

ORGANIZACIONES SOCIALES CONTINÚAN CON ACCIONES PARA EVITAR PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

22886251_145746516171795_4349799341457047998_nLa Alianza contra la Privatización del Agua, de la cual es parte FESPAD, realizó el pasado 31 de octubre, una caravana popular para reiterar su rechazo ante la propuesta de ley de agua presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y respaldada por los partidos políticos de derecha.

Los integrantes de la alianza recuerdan que esa propuesta contempla la creación de un ente rector que administraría el agua, pero el cual  estaría integrado por representantes de la gran empresa privada, quienes tendrían una correlación favorable a sus intereses y por ende el control para orientar el recurso hídrico a intereses de dicho sector.

En principio las organizaciones se concentraron frente a las instalaciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pues aseguran que esta entidad está presionando en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa  para formar parte del ente rector. “No es no, señores de la ANEP” sostuvieron los miembros de la alianza.

Carlos Flores, representante del Foro del Agua hizo un llamado a continuar con este tipo de acciones, con el fin de ejercer presión hacia los legisladores “Como organizaciones llamamos a toda la población a rechazar la privatización del agua y movilizarse contra los mezquinos intereses de la ANEP y sus representantes políticos en la Asamblea Legislativa, a quienes tenemos que castigar con nuestro voto en las elecciones del próximo año”.

Por su parte el abogado de FESPAD, Omar Flores señaló que lo que se busca no es coartar la participación, sino evitar que el manejo del agua caiga en manos de intereses mercantilistas del sector privado.

“Nosotros estamos abiertos a la participación de distintos sectores en diferentes niveles de la institucionalidad que eventualmente se pueda crear: representantes de comunidades, iglesias, organizaciones, del sector privado, pero de dicha institucionalidad, el ente rector debe estar integrado eminentemente por instituciones públicas; por ello, nos oponemos a la intención de la empresa privada de formar parte del ente rector bajo una correlación favorable a sus intereses” puntualizó el abogado.

La Caravana  recorrió las principales calles de San Salvador y llegó hasta la Asamblea Legislativa.

 

Fuente de audiovisual: AGENCIA EFE. «Organizaciones piden a salvadoreños rechazar privatización del agua». San Salvador. 31 de octubre de 2017.

Posición pública ante aumento al salario mínimo de la mesa permanente por la Justicia Laboral

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral –MPJL-; colectivo de organizaciones que aglutina a sindicatos de los sectores público,  privado,  municipal e independiente;  ante las instituciones y organizaciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos, trabajadoras de todos los sectores y pueblo en general, en el marco la aprobación del aumento al salario mínimo:

MESA-PERMANENETE-2CONSIDERANDO: Que la noche del pasado 1 de junio de 2016, los sectores patronal y laboral del Consejo Nacional del Salario Mínimo emitieron acuerdo mediante el cual aprobaron un aumento al salario mínimo gradual para tres años del 13.5% para comercio y servicios y del 15% para los otros subsectores.

Que dicho aumento gradual constituye una ofensa para la clase trabajadora salvadoreña y contradice lo establecido en el artículo 38 de la Constitución de la República, según el cual el salario mínimo debe responder al “costo de la vida” y debe ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”;

  • Que el aumento aprobado no tiene sustento a la luz de lo planteado en los artículos 38 de la Constitución de la República, y 144 y 146 del Código de Trabajo pues el costo de la vida y la satisfacción de las necesidades del hogar del trabajador y la trabajadora están muy por encima del monto aprobado; de tal forma que quienes apoyaron tal acuerdo han incurrido en el delito de “actos arbitrarios”, tipificado y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, el cual tiene una pena de prisión entre 2 y 4 años.
  • Que los representantes del sector laboral se inclinaron por la propuesta presentada por la representación de la empresa privada y no por la del gobierno, según la cual, se hubiera aumentando el salario en un 19% en los subsectores comercio y servicios, 21% en industria, 42% en maquila y 112% en el campo, con lo cual, de manera inmediata se tendría un salario de $300 para trabajadores/as del área urbana y $250 para los del área rural, situación que resultaba más beneficiosa para la clase trabajadora.

POR LO ANTERIOR, EXPRESAMOS:

NUESTRO RECHAZO

Al miserable aumento aprobado por los representantes del sector laboral y de la empresa privada ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo ;

            NUESTRA ENÉRGICA CONDENA

A la actitud de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo por traicionar los intereses de la clase trabajadora;

            NUESTRA PETICIÓN A:

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén: que en los términos del artículo 147 del Código de Trabajo, rechace el acuerdo de amento aprobado y lo devuelva al Consejo Nacional de Salario Mínimo para que apruebe uno mayor, acorde a lo establecido en la Constitución de la República.

A las organizaciones sindicales del país: a que emprendamos todas las acciones que sean posibles para lograr un aumento al salario mínimo que sea digno a las necesidades de todo hombre y mujer trabajadora.

            A la Ministra de Trabajo y Previsión Social: a que inicie una eficiente evaluación de la legalidad de la normativa en que se fundamenta la elección de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo; y que se revise el procedimiento que se sigue para elegirlos.

            ADVERTIMOS

            A los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo: que de no aprobarse un aumento apegado a lo que dicta la Constitución de la República, acudiremos a las instancias pertinentes para revertir la medida y que respondan directamente por sus actos.

 

                                                                                                                                        San Salvador,  7 de  junio  de 2016.

MOVITIERRA REALIZA SEGUNDA ASAMBLEA AMPLIADA 2016

b4fa50b6-858b-4d02-9644-e33bef674693El pasado 3 de mayo, el Movimiento Nacional en defensa de la Tierra de El Salvador -MOVITIERRA- realizó la segunda Asamblea Ampliada 2016, con la participación de  representantes de las zonas que lo conforman. Las comunidades representadas en la asamblea fueron: La Bretaña, del municipio de San Martín, San Salvador, conformada por las comunidades: Monseñor Romero, Nuevo Edén, Milagro de Dios y 15 de Septiembre; la comunidad Enmanuel, Nuevo Amanecer Sector III, Nuevo Amanecer Sector IV, todas de la ciudad de Santa Ana; San Nicolás y El Llano del Municipio de Metapán, departamento de Santa Ana; las comunidades de Los Blancos, Colonia Jaltepec, Victoria 2000, La Puntilla y Brisas de Jaltepeque, del municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz  (zona Costa del Sol) .

Entre otros puntos, tres fueron los destacados en dicha reunión: 1) Retomar la reflexión de lo que ha sido y  lo que es el MOVITIERRA, sus objetivos en relación a la defensa del derecho humano a la propiedad de la tierra, al agua, a la vivienda,  a servicios básicos, al medio ambiente sano, entre otros; 2) conformar, por elección/votación sectorial, a las y los nuevos integrantes del equipo coordinador 2016 – 2018 y 3) Brindar informes por zonas de las diferentes actividades, reuniones, cabildeos, en relación a la lucha por la propiedad de la tierra.

FESPAD, quien acompaña desde hace varios años la lucha de comunidades organizadas en el MOVITIERRA, realza el trabajo, la entrega, el servicio que ha realizado el comité coordinador 2015 – 2016 como reales defensores y defensoras de derechos humanos: Maritza López, Rubén Ventura, Sara Figueroa, Leticia Flores, Norma Pérez, Salvador Martínez, Alfredo Escalante (Q.D.D.G); asimismo, juramentó al nuevo equipo coordinador 2016 – 2018, motivándoles a continuar el legado que desde hace más de 10 años tiene el MOVITIERRA.

El MOVITIERRA considera sumamente importante estos espacios que permiten compartir y socializar las diferentes actividades que realizan como comunidades organizadas en pro de contar con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en que habitan.

Equipo Regional de DDHH prestará especial atención a defensores y defensoras

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Del 18 al 20 de abril del 2016, en la ciudad de San Salvador, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, desarrolló la primera reunión de trabajo, con la cual se dio inicio al proceso de elaboración del onceavo Informe sobre Derechos Humanos en Centroamérica, cuyo periodo de estudio será de julio 2015 a junio 2016.

En el encuentro, de forma inicial se realizó un análisis por país y de contexto de la región, y con base a ello se definieron las temáticas a abordar en el informe; se eligió una Comisión Coordinadora y siete subcomisiones temáticas en las que se integran miembros de las organizaciones que componen al Equipo a partir de la pericia de cada organización. También, se elaboró un plan de trabajo que abarca de abril a octubre de 2016.

A partir de las tendencias identificadas de graves violaciones a los derechos humanos, el Equipo definió crear un capítulo especial en el informe que desarrolle la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región y el marco de conflictividad e impunidad que rodea a los mismos.

En la reunión, participaron representantes de las organizaciones que conforman el Equipo: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador; el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), de Honduras; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA).

ANTE EL ASESINATO DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, BERTA CÁCERES, EN HONDURAS

Como Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ante el asesinato de la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras y de sus territorios, la Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo del 2016, a la 01:00 am, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras, MANIFIESTAMOS:

Descargar Documento Completo en el siguiente en lace: Comunicado Asesinato Berta Cáceres – Equipo Regional (1)

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Comunicado del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ante la criminalización de la que está siendo objeto el defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina -CUC- ante la comunidad internacional, MANIFIESTA:

Su profunda preocupación ante la decisión de la jueza unipersonal del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de ligar a proceso penal por difamación, calumnia e injuria a Daniel Pascual Hernández, defensor de Derechos Humanos, y dirigente del Comité de Unidad Campesina -CUC- en Guatemala.

Acceso a versión completa en el siguiente enlace: Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica

PORTADA

FESPAD presenta propuesta de aumento al salario mínimo ante el CNSM

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El pasado 24 de febrero el Consejo Nacional del Salario Mínimo -CNSM- le concedió audiencia a FESPAD para presentar la propuesta que hiciera en torno al ajuste al salario mínimo. Por primera vez en la historia, el CNSM permitió que organizaciones de la sociedad civil presentaran propuestas de ajuste al salario mínimo ante dicha entidad, las cuales hicieron un total de doce.

En la audiencia se planteó la necesidad de ajustar el salario mínimo con un enfoque de derechos humanos; de igual forma se planteó el mecanismo para objetivar o materializar los conceptos normativos al momento de definir el salario mínimo.

En la normativa internacional y nacional se utilizan diferentes conceptos para señalar que el trabajador y trabajadora junto a su familia debe de gozar de un salario mínimo que satisfaga sus necesidades materiales y espirituales; dichos conceptos son: “un salario vital adecuado”, como lo señala el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; “condiciones de existencia dignas”, como lo señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; “salario (…) suficiente” y “costo de la vida” como lo señala la Constitución de la República de El Salvador; y “necesidades normales del hogar” como lo señala el Código de Trabajo.  

En ese marco se deja sentado que todos los conceptos tienden a dar una dimensión especial a satisfacer las necesidades materiales y espirituales del trabajador y trabajadora, y que por hoy el único método para determinar una cantidad del salario mínimo, pasa por el establecimiento del valor de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Ampliada, que para el 2015 esta última ascendía $290.06 en la zona rural y $400.52 en la zona urbana. Por ello se acentúa que el salario mínimo actual no responde a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

Salario sub sector Salario mínimo por mes Salario mínimo diario Distribución del salario por tiempo de alimentación Distribución del salario de una familia promedio 4P
Comercio $251.70 $ 8.39 $2.80 $0.70
Industria $246.60 $8.22 $2.74 $0.69
Maquila textil y la confección $210.90 $7.03 $2.34 $0.59
Agropecuario $118.20 $3.94 $ 1.31 $0.33

El cuadro anterior refleja las paupérrimas condiciones de vida que poseen los trabajadores que reciben un salario mínimo en la actualidad  en donde una persona por tiempo de comida debe invertir $0.70 en el mejor de los casos y $0.33  en el peor de ellos, lo que no responde a las necesidades alimenticias, ni mucho menos al resto de condiciones necesarias para el desarrollo de una vida digna y plena.

En la presentación se hizo énfasis en la interpretación de la norma constitucional, Art. 38.-  ordinal 2°:

“Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá SOBRE TODO al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser SUFICIENTE para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.” (Negritas, cursivas y mayúsculas nuestras)

 De la interpretación de la norma, se distinguen tres elementos o apartados básicos en la materia:

Existe el reconocimiento constitucional de un salario mínimo que debe de atender a satisfacer las necesidades materiales de existencia de los y las trabajadoras junto a su familia.

  1. Se establecen criterios para definir el salario mínimo
  • Sobre todos al costo de la vida
  • La índole de la labor
  • Diferentes sistemas de remuneración
  • Las distintas zonas de producción
  • Otros criterios similares
  1. Aclara que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador y trabajadora. Sobre este punto la norma aclara que independientemente de los criterios que la administración pública (CNSM) utilice para el establecimiento del salario mínimo, el constituyente aclaró que este debe ser SUFICIENTE para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural

Por otro lado se señaló, que la propuesta que se aproxima a la satisfacción de las necesidades materiales de los trabajadores y trabajadoras debe reunir los siguientes requisitos:11038563_675842222517495_4570763099958239873_n

El salario mínimo debe de valorar los costos de la vida de su trabajador y su familia

No debe distinguir entre zonas o subsectores a partir de que el parámetro constitucional hace referencia a que el salario mínimo debe de “ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”.   Si se desea  clasificar primero se debe de garantizar que el salario mínimo responda a las necesidades materiales de existencia y a partir de ello sub clasificar

El ajuste al salario debe responder a las condiciones materiales de existencia de un periodo determinado. Las condiciones deben pueden cambiar en seis meses, un años, dos años e incluso en tres, por lo que no debe realizarse un ajunte de forma escalonada.