Sala de lo Constitucional podría poner fin a los abusos del Alcalde de Sonsonate en contra de vendedores ambulantes

Será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  y no el Papa,  quien decidirá sobre la legalidad o no de la prohibición que aqueja a cientos  de personas que no tienen una fuente formal de empleo y que subsisten del comercio de productos varios en el Municipio de Sonsonate”

“Desde enero, los vendedores ambulantes de Sonsonate han denunciado múltiples agresiones de parte de miembros del CAM, quienes, según los vendedores, los persiguen de manera constante y les decomisan sus productos de manera violenta, llegando, incluso, al punto de amenazar con llevarse a los niños y entregarlos al ISNA.”

El miércoles 18 de septiembre del corriente año, FESPAD acompañó a  vendedores informales del Municipio de Sonsonate en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza Municipal de Sonsonate que prohíbe el comercio ambulante, estacionario y semiestacionario y que faculta al CAM y al delegado municipal a secuestrar y decomisar productos.

Cientos de vendedores del Municipio de Sonsonate viajaron hasta la Capital para marchar hacia la Corte Suprema de Justicia y presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículo 45-A, 97 y 101 de la Ordenanza Contravencional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Sonsonate. Esas disposiciones prohíben “Desarrollar actividades comerciales ambulantes, estacionarias y semiestacionarias, en calles, avenidas, aceras, parques, zonas verdes, y todo lugar público” y facultad al CAM y al Delegado Municipal a realizar secuestros  y decomisos de productos a quienes ellos consideren violan la ordenanza, esto sin ningún procedimiento previo.

Ante ello, FESPAD dio el apoyo técnico jurídico para la elaboración de la demanda interpuesta por los vendedores, sosteniendo que con esas disposiciones se viola el derecho al trabajo, a la propiedad, derecho de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso, contemplados en los artículo 2, 11 y 12 de la Constitución. Asimismo, se considera que la ordenanza transgrede lo dispuesto en el artículo 115, también de la Constitución, pues el comercio en pequeño debe ser regulado por una Ley emitida por la Asamblea Legislativa y no por una ordenanza municipal.

Desde enero 2013, los vendedores ambulantes de Sonsonate han denunciado múltiples agresiones de parte de miembros del CAM, quienes, según los vendedores, los persiguen de manera constante y les decomisan sus productos de manera violenta, llegando, incluso, al punto de amenazar con llevarse a los niños y entregarlos al ISNA.

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Sala de lo Constitucional puede poner fin a los abusos en contra de vendedores

La Sala puede dejar sin efecto de manera provisional los artículos 45-A, 97 y 101 de la Ordenanza es lo que se solicita como medida cautelar en la demanda interpuesta el miércoles 18 de septiembre.

Ello implicaría que las autoridades edilicias no podrían impedir que las personas se ganen la vida vendiendo productos de manera ambulante. En la reunión sostenida con el Alcalde  el día 9 de septiembre, los vendedores solicitaron que se les dejara vender de manera ambulante, sin ocupar u obstruir ningún lugar público, es decir, que se les permitiera movilizarse libremente cargando sus productos en un sector específico de Sonsonate.

Esa propuesta fue rechazada por el Alcalde de Sonsonate, miembro del partido ARENA, José Roberto Aquino Ruíz, quien al final de la reunión señaló que “Ni aunque me traigan al Papa voy a cambiar de opinión”. Será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entonces,  y no el Papa quien decidirá sobre la legalidad o no de la prohibición que aqueja a cientos de personas que no tienen una fuente formal de empleo y que subsisten del comercio de productos varios en el Municipio de Sonsonate.

Denuncia discriminación en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social

La comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrenta diariamente una serie de violaciones a sus derechos fundamentales debido a la discriminación generalizada en la población y dentro de las instituciones del Estado. El pasado 09 de septiembre, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  en apoyo a la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano “ASPIDH ARCOIRIS LGBTI”  se reunió con el director del  departamento  jurídico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  para exponer los diferentes obstáculos con los que está población se enfrenta para acceder a los servicios que dicha institución brinda a favor de la población salvadoreña. En la reunión también participaron representantes de PDDH,  ASPIDH, Representante de la Secretaria de Inclusión Social y activistas independientes.

Entre algunos casos que fueron presentados a las autoridades, se encuentra el caso de Mónica Hernández, mujer transgénero y Directora de   “ASPIDH ARCOIRIS LGTBI” quien  solicitó su carné de afiliación y fue objeto de burlas, maltratos y discriminación por parte del personal de la institución. Ciertamente la compañera a final del día obtuvo su carné, después de habérselo negado en 2007 y dos veces en julio y agosto de este año, pero gracias al apoyo brindado por una persona que trabaja en Ciudad Mujer con sede en Lourdes Colon, no así por asistirle el derecho como afiliada a dicha institución.

 

Exigiendo el respeto a los Derechos Humanos, de la Poblaci?n LGTBI.
Exigiendo el respeto a los Derechos Humanos, de la Poblaci?n LGTBI.

Como medida de reparación, por lo sucedido con la compañera Mónica Hernández, se planteó ante el  jefe del departamento jurídico del ISSS, que en representación de dicha institución  pida una disculpa pública. Igualmente se exigió un trato igual a todas las mujeres transgénero,  tanto las que trabajan para instituciones del Estado como para mujeres que no lo hacen.  Se acordó además trabajar un protocolo de atención para personas de la comunidad LGTBI para reducir la brecha de políticas discriminatorias que las instituciones del Estado históricamente han tenido contra esta población.

Activando el inter?s para solicitar informaci?n p?blica

El domingo 15 de septiembre de 2013, d?a conmemorativo de la independencia en El Salvador, se finaliz? el diplomado denominado ?Transparencia y Ley de Acceso a la Informaci?n P?blica?. El proceso formativo fue impartido a periodistas comunitarios, l?deres y liderezas de algunos municipios del departamento de Caba?as, entre los cuales figuran Guacotecti, Tejutepeque, Ilobasco, entre otros.

A partir de las din?micas y exposiciones elaboradas por el personal t?cnico del Programa de Transparencia, se estimul? en los participantes el inter?s de ejercer alg?n tipo de control a las instituciones del Estado, en especial a las pol?ticas y proyectos p?blicos de las municipalidades de esa regi?n.

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La jornada concluy? al cabo que los asistentes se sensibilizaron, empoderaron y se comprometieron a presentar solicitudes de informaci?n a ?organismos p?blicos, con el fin de descubrir las anomal?as que se han practicado y contin?an ensanch?ndose en las administraciones municipales, para ejercer las respectivas acciones pol?ticas y jur?dicas, que logren garantizar su bienestar y el de su comunidad.

Focalización del subsidio al gas propano: medida correcta, método equivocado

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó el Estudio“Focalización del subsidio al gas propano: medida correcta, método equivocado. Una lectura ciudadana a la decisión de focalización por parte del Gobierno del Presidente Mauricio Funes

El estudio fue realizado por el investigador Juan José Ortiz, y en el mismo se señala que el subsidio es una transferencia que el Estado realiza con el objeto de beneficiar a los sectores más populares, aquellos que no pueden acceder a servicios sociales básicos y cubrir sus necesidades materiales de vida, por tanto señaló el investigador: “un subsidio debe ir a los sectores menos favorecidos y la clase media no debe ser sujeta de este beneficio, el gobierno no debe dar subsidios de productos y servicios básicos a la clase media”. Aunque aclaro que ello no implica que no se puedan dar estímulos a la clase media, pero son de otro tipo.

La investigación reconoce que que uno de los logros del subsidio ha sido limitar el contrabando del gas propano en puntos ciegos de las fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua, permitiendo al gobierno hacer un uso más óptimo de los recursos estatales y eliminar la práctica ilegal de compra venta por parte de grupos clandestinos.

El estudio plantea que la decisión del gobierno de focalizar el subsido al gas es una medida correcta pero se hizo con un método equivocado, debido a que solo se basa en el nivel de consumo de energía eléctrica como criterio de inclusión, lo cual resulta insuficiente. El estudio propone criterios técnicos para mejorar la focalización del subsidio, haciendo uso de diez bases de datos que tienen las instituciones gubernamentales o privadas en su poder.

Estas instituciones son: Consejo Nacional de Ayuda Integral a Personas con Discapacidad (CONAIPD), Instituto Nacional de los Empleados Públicos (INPEP), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la base de datos del registro vehicular SERTRACEN, el sistema financiero, el Centro Nacional de Registro (CNR), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la base de datos de los funcionarios públicos.

Entre los criterios que plantea el estudio se encuentran: si la persona es propietaria de vehículos, bienes inmuebles, tarjetas de crédito o si consume más de 40 dólares de agua potable, no debería gozar del subsidio ya que se puede presumir que una persona en esta situación tiene capacidad adquisitiva para adquirir un tambo de gas. Por otro lado, plantea que si debería incluirse entre las personas subsidiadas a las personas con discapacidad y las personas jubiladas, debido a que sus ingresos económicos son limitados.

Servidores y servidoras públicas se capacitan en la LAIP

El pasado 3 de septiembre de 2013, finalizó un diplomado sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) impartido por personal técnico del Programa de Transparencia a trabajadores y trabajadoras de los juzgados del Centro Judicial Integrado de Soyapango, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la sección de Soyapango (PDDH) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
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Demandan sanción de reformas contra agrotóxicos

La mañana del viernes 13 de septiembre, la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador, realizó una conferencia de prensa para demandar al presidente de la República, la inmediata sanción del decreto de reforma a la Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario, el cual fue aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa.
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Familias a la orilla de la playa demandadas por invasión de inmueble

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Los Apoderados Generales Judiciales del señor Federico Enrique Guirola Salazar representante legal de la Sociedad Legal Consult S.A de C.V, han demandado en el Juzgado de Paz Ciudad y Puerto de La Libertad ha siete humildes familias en el Cantón Cangrejera de esa ciudad, por el ilícito de invasión de inmueble, a través de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles conocida como Decreto 23, que establece un procedimiento expedito para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad.

Las familias se encuentra radicadas en la zona desde hace más de treinta años; habitan desde muy pequeños en el lugar, en virtud que la Marina Nacional les otorgó a sus padres ya fallecidos carné como “guardaplaya”. Es decir, que el comandante de la Marina Nacional al emitir estos carné, reconoce la porción del inmueble donde están ubicadas estas personas como área de playa, y por ende, propiedad y jurisdicción del Estado Salvadoreño.

Desde esta perspectiva, llama la atención que el señor Federico Guirola a través de la Sociedad Legal Consult quiera desalojar a estas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, constituidas por niños, niñas y adultos mayores; atentando contra su derecho a la posesión de la tierra, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, al trabajo, a la familia, a la salud, a la educación y otros derechos humanos que en condiciones muy precarias se ven realizados desde este lugar donde habitan estas personas.

Por lo antes expuesto, las familias demandadas solicitan a los administradores de justicia la observancia de los principios básicos y garantías constitucionales en el proceso, y la intervención de las instituciones gubernamentales y localestales como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fiscalía General de la República, Alcaldía Municipal de esa ciudad y otras, a fin de determinar la naturaleza del inmueble y por ende, el titular del mismo.

Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo se capacita para exigir información pública

Las comunidades que viven en la Cordillera del Bálsamo, en el central Departamento de La Libertad, enfrentan serias amenazas debido a la depredación ambiental a la que ha estado sometida esa importante área geográfica que tiene un peso fundamental en la calidad de vida de todo el país. Muchos problemas socio ambientales están siendo combatidos por las comunidades organizadas en la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, a la que pertenecen varias ADESCOS provenientes de los municipios de Zaragoza, Chiltiupán, Comasagua, Puerto de la Libertad y Tamanique.
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