En el marco de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 29 de abril, relativa a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N°. 586 que permitió salvar de la desaparición a dos partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votos requeridos por ley en las elecciones presidenciales de 2004, la Coalición para la Reforma Política y Electoral (CREE) -en la que se integra FESPAD-, demandó en conferencia de prensa, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cumplir con el mandato de la sentencia y proceder a cancelar a los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN).

En la conferencia, los organismos aglutinados en CREE exigieron al TSE no dilatar el proceso de cancelación de los partidos, pues de hacerlo, esa institución colegiada será cómplice del irrespeto al sistema Constitucional salvadoreño exponiéndose a un proceso de antejuicio por incumplimiento a mandato judicial.

En abril del 2005 FESPAD, a través de sus abogados, presentó a la CSJ una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 586, vigente desde el año 2005, estableciendo entre sus peticiones, se declarara la violación a los artículos 185, 86, 21 y 1 inciso primero de la Constitución de la República, por violentar el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de las leyes y el de seguridad jurídica, pues la vigencia del decreto mencionado fue posterior a las elecciones del 2004.

Seis años después de presentada la demanda, la Sala de lo Constitucional resolvió, declarando inconstitucional el inciso 2° del artículo 1 del Decreto 586, por trasladar sus efectos a las elecciones presidenciales de marzo de 2004, instituyéndose en una regulación con efectos retroactivos y por considerar que el hecho de exonerar las consecuencias generadas del evento electoral no constituyen materia de orden público.

Bajo esta línea, CREE es de la idea que “el decreto legislativo n° 586 emitido el 19 de enero de 2005, fue una autentica burla contra la ciudadanía y el sistema Constitucional salvadoreño, ya que pretendía impedir la aplicación de la ley a los partidos políticos y coaliciones que obtuvieron una votación menor al mínimo establecido en ese momento por el Código Electoral (3% para partidos y 6% para coaliciones) en las elecciones presidenciales de marzo del 2004”.

En las elecciones presidenciales de 2004, los partidos PCN y PDC no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido en la legislación que regulaba el evento electoral; en consecuencia, esos partidos debían desaparecer de la vida política nacional a través de un proceso de cancelación que debió iniciar el TSE, no obstante eso no ocurrió pues la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 586, al cual se ampararon los partidos para seguir vigentes en la vida política partidaria del país.

La Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas, (IDHUCA), el Instituto de Estudios de la mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entre otras; expresaron este 7 de abril de 2011 su respaldo a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que enfrentan una demanda ante la Fiscalía General de la República.

Los representantes de las organizaciones civiles enviaron un mensaje público a los 4 Magistrados, manifestando que “cuentan con el apoyo de la población honrada de El Salvador, aquella que busca justicia pronta y cumplida, la que aspira al funcionamiento de las instituciones como manda la Constitución, la cual aspira a que las y los funcionarios sean servidores públicos y no que se sirvan a su antojo del poder”, expresándoles así su total reconocimiento y respaldo.

Además los conferencistas demandaron de las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un apego total a sus responsabilidades constitucionales, absteniéndose de sobreponer ilegítimos intereses personales o de grupos de poder, en sus actuaciones. Otra de las exigencias se dirigió al Fiscal General de la República, a quien le pidieron poner su máximo empeño en el caso, con total apego a lo que manda la Constitución, evitando plegarse a los oscuros intereses que han motivado la denuncia penal en contra de los Magistrados ante la Fiscalía General de la República.

Dicha demanda penal, “se convierte en otro eslabón del proceso desestabilizador de la Corte Suprema de Justicia, que algunos Magistrados han puesto en marcha con objetivos que no buscan fortalecer el Órgano Judicial, sino mas bien, debilitarlo”, según lo expresaron FESPAD, el IDHUCA, el CDC, la UNES, ACISAM y demás organizaciones que brindaron la conferencia de prensa.

Los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco fueron electos por la Asamblea Legislativa en julio de 2009; poniendo la institucionalidad y los intereses nacionales por encima de los intereses personales, partidarios y del poder económico; desde que asumieron su cargo se propusieron terminar con la corrupción y el despilfarro de recursos en la Corte, junto a otra serie de acciones que les ha llevado a enfrentar la demanda ante la Fiscalía General de la República.