Invitación a foro “Nuestras obligaciones contra la corrupción: Mecanismo Interamericano”

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho  (FESPAD), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Federación Luterana Mundial (FLM), invitan a participar en el foro: Nuestras obligaciones contra la corrupción: Mecanismo interamericano.

Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción

La corrupción mata. La cantidad de dinero robado cada año con la corrupción es 80 veces más de lo que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo. Al menos 870 millones de personas van a dormir con hambre todas las noches, muchas de ellas niños. La corrupción les niega el derecho a la comida y en algunos casos, el derecho a la vida”. (Navi Pillay. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

La relación entre el acceso a la información con respecto a la forma en que las instituciones del Estado manejan los fondos públicos subyace íntimamente ligada con la satisfacción de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción así como  la instauración de un sistema de integridad y transparencia no solo dignifican la función pública sino que a la vez generan una percepción ciudadana de mayor confianza y credibilidad

Participantes del Diplomado "Transparencia y acceso a la informaci?n p?blica" en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013
Participantes del Diplomado en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013

La posibilidad de obtener información con respecto al manejo de los asuntos públicos había sido considerada hasta años recientes como un monopolio de empresas dedicadas al comercio de la información, las que constituían el único vehículo para hacer llegar de manera indirecta al ciudadano o ciudadana común y corriente, información de las actuaciones de servidores o servidoras públicas, muchas veces tergiversada o manipulada dependiendo de los intereses políticos o económicos en juego.

Aùn cuando la constituciòn de la republica reconoce que El Salvador es un Estado soberano y que “dicha soberanìa reside en el pueblo” (art 83), complementariamente declara que “el poder pùblico emana del pueblo” (art 86), la ciudadania siempre necesitò intermediarios para accesar a informaciòn que por derecho le corresponde obtener sin mas limitaciones que las determinadas por la ley, confiriéndole por tanto un rol activo en la obtención de información oportuna, fidedigna, creíble y transparente acerca del ejercicio del poder público.

Ya desde el año 2006 la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) habìa establecido en su articulo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión. Ademàs delimitò la extensiòn y finalidad de este derecho en el sentido de que el mismo comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El 8 de mayo de 2011 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador, reconociendo, como lo hicieran anteriormentela convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la ONU contra la corrupción que “es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas de sus actuaciones”, al mismo tiempo que elevan a la categoría de derecho el que la sociedad tenga acceso a conocer la información derivada de la actuación gubernamental y la participación ciudadana como una contribución decisiva para el fortalecimiento de las instituciones públicas  la eficiencia administrativa de estas y la prevención  detección  sanción y erradicación de los actos de corrupción que pudiesen ocurrir.

Teniendo cómo telón de fondo lo ya expresado, FESPAD a través del proyecto” Participación Ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, auspiciado por la Unión Europea y desarrollado en conjunto con la Federación Luterana Mundial (FLM), la Asociación de radios comunitarias ARPAS y el Centro para la promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, CPDH, impulsan esta iniciativa a fin de empoderar en el conocimiento de la ley de acceso a la información pública (LAIP) y multiplicar el protagonismo de lideres y liderezas de organizaciones sociales y comunitarias  así como de los equipos técnicos y autoridades municipales  en la prevención,  denuncia y castigo de todo acto de corrupción.

Las instituciones implementadoras de esta iniciativa han impulsado hasta la fecha el diplomado sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en 11 de 15 municipios elegidos, favoreciendo aproximadamente a  220 lideres y liderezas de 36 Organizaciones sociales.

Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos fortalecer la acción social y comunitaria son factores claves para expandir un enfoque amplio de este derecho y la existencia de mecanismos efectivos para el traslado de dicha información, buscando garantizar a los sectores más vulnerables un acceso sin discriminación ni obstaculización en la obtención de información que durante mucho tiempo se les ha ocultado o les ha sido negada, y a la que tienen ahora mas poder que años atrás para exigirla y recibirla.

1.Navi Pillay. jurista sudafricana, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde julio de 2008. Centro de noticias de la ONU. http://www.un.org/spanish

Solicitando información pública al Ministerio de Defensa Nacional

El 28 de octubre de 2013, en el marco del día del defensor de derechos humanos, familiares y víctimas del conflicto armado en El Salvador junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH) y la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, se avocaron a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de la Defensa Nacional para solicitar información acerca de las actividades y operativos militares desarrollados por la Fuerza Armada en las Comunidades de Tenango y Guadalupe (Suchitoto) en el año 1983 y en el Cantón San Francisco Angulo (Tecoluca), en el año 1981.

La petición de información incluye  los documentos de planificación, presupuesto asignado a dichas operaciones, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de los oficiales y jefes de los destacamentos militar involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como de las fuerzas insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en ese período.

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Adicionalmente, las organizaciones y familiares solicitaron información de las “Unidades S2” que funcionaron en todos los cuerpos de seguridad y guarniciones militares durante el conflicto armado y que fueron las instancias responsables de la captura e investigación de las personas que se consideraban opositoras al régimen de turno. Se pidieron documentos que exhiban su estructura organizativa, la nómina y número de los oficiales a cargo de estas unidades, con su respectiva identificación jerárquica, en especial de los mandos tomadores de decisión, la misión que desarrollaron en el periodo del conflicto, las fechas de creación y fechas de desintegración, informes y reportes emitidos por las mismas, nómina de instituciones o personas que custodian dichos reportes, los criterios y el mecanismo para que la ciudadanía, especialmente de las personas que estuvieron detenidas en estas secciones, tengan acceso a estos registros y archivos. Las personas integrantes de las mencionadas estructuras a qué funciones fueron asignadas después de finalizado el conflicto.

La petición de información incluye datos sobre la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de algunos niños y niñas por parte de elementos militares.

Al momento de redactar esta nota, la OIR ha enviado a las organizaciones peticionarias, una constancia de recepción de la petición informativa y algunas prevenciones, que se estarán subsanando en los próximos días.

Culturalmente toleramos la corrupción

FESPAD inicia consulta para la construcción de un monitoreo ciudadano de la corrupción

Con el objetivo de abonar al debate sobre el problema de la corrupción en El Salvador, FESPAD  a través de su Programa de Transparencia realizó este 1 de octubre el conversatorio denominado “La corrupción desde una perspectiva del principal y el agente”.

Jaime L?pez exponiendo el modelo a consultar a las y los participantes
Jaime L?pez exponiendo el modelo a consultar a las y los participantes

En un primer momento se contó con la exposición doctrinaria a cargo del consultor Jaime López quien explicó la teoría de Adam Przeworski, referente al principal y el agente, que expone un modelo en el que intervienen ciudadanos, Gobierno (entendidos los políticos y os burócratas) y los agentes económicos, y sus distintas relaciones, las cuales en determinado momento pueden llegar a constituir relaciones que generen procesos de corrupción.

Ante la propuesta de modelo -como un primer insumo para constituir el monitoreo-, algunas de las reacciones de las y los asistentes fueron: “el modelo debería contemplar ciertas relaciones más cercanas entre ciudadano y burócratas” o que “la ventaja del modelo no es por la percepción negativa que se tiene de la corrupción, sino es en cuanto a la parte cultural que se tiene de esta”, entre otras.

Como parte del seguimiento a este proceso que se impulsa desde FESPAD, se tomó el acuerdo entre las y los asistentes de contestar un cuestionario que permita mejorar la propuesta de modelo que se les presentó.

Al conversatorio fueron convocados representantes de instituciones estatales vinculadas al tema en comento, como lo son el Tribunal de Ética Gubernamental, la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; así como consultores especialistas en temas de transparencia y corrupción.  También estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación comunitario.

Esta actividad se realizó como parte del proyecto “Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, financiado por la Unión  Europea.

Organizaciones sociales exigen el estudio de la propuesta de ley de Radiodifusión Comunitaria

Más de 50 organizaciones presentaron a la Asamblea Legislativa una carta para exigir a los diputados que retomen inmediatamente el estudio de la Propuesta de Ley de Radiodifusión Comunitaria para su pronta aprobación.

Michelle Ramirios

Dicha propuesta de ley fue presentada el pasado 24 de Julio. Inicialmente se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, luego se trasladó a uno comisión ad hoc que no se logró instalar, aseguraron los representantes de las organizaciones.

Otra de las peticiones de las organizaciones y las radios, es que se les permita hacer una audiencia en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la que se exponga el contenido de dicha propuesta de ley y aclarar las inquietudes que los diputados y diputadas puedan tener al respecto.

La propuesta de ley incluye tres aspectos que son, el reconocimiento legal de los medios comunitarios, ya que les otorga un estatus jurídico que hoy por hoy no poseen; además de la reserva de un 30% de espacios en el espectro radioeléctrico para que los medios comunitarios puedan funcionar y el mecanismo de un concurso público, abierto que valore los requisitos para asignar las concesiones de las frecuencias para las radios comunitarias.

La Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) Eva Linares considera que la pronta aprobación de la ley, garantiza el acceso a los medios de comunicación como un derecho humano que le corresponde a la ciudadanía, “hay una deuda con las radios comunitarias por su no reconocimiento legal hasta la fecha”.

Linares también destacó que la actual Ley de Telecomunicaciones es obsoleta, ya que establece que la única opción para adquirir frecuencia de radio y televisión, es a través del mecanismo de la subasta pública, “eso limita el acceso a tener medios de comunicación en los colectivos, en las organizaciones y en las comunidades”.

Para Linares, la aprobación de la ley significa, “contribuir a profundizar la democracia en el país, a generar espacios de diálogos, de pluralidad, donde los problemas de las comunidades puedan ser relevados a otros niveles.

Por su parte el coordinador del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Juan Carlos Sánchez invitó a los diferentes sectores del país, a debatir sobre el proceso de digitalización en los medios, el cual se acerca cada vez, “lo que queremos es romper ese cerco mediático que muchas veces tergiversa este tipo de información”.

Los representantes de las organizaciones sociales que apoyan la iniciativa de ley, como parte de un proceso democrático en el país, consideran que existe un estancamiento en la aprobación de la Propuesta de Ley de Radiodifusión Comunitaria que obedece a la falta de voluntad en las y los diputados del Órgano Legislativo.

Al Estado no le interesa una comunicación democrática

Tras la falta de voluntad de los tres órganos del Estado para la revisión y aprobación del ante proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria y presentación de Ley de Medios Públicos, los únicos beneficiados son los grandes monopolios, así lo establecen un grupo de organizaciones sociales que buscan la democratización de la comunicación.

Jessica Guzmán/Periódico digital VOCES.

La aprobación de una ley que establezca el derecho a la comunicación y democratice el espectro radioeléctrico, al parecer, no es un tema que les interese al primer Órgano Legislativo, ya que los diputados ni siquiera han iniciado la revisión y discusión de la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, el cual fue presentado por un grupo de radios comunitarias pertenecientes a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y otras organizaciones sociales.

Tampoco al Ejecutivo, ya que no se ha pronunciado ante la propuesta hecha por varias organizaciones, el 19 de febrero pasado, sobre la ley de medios públicos y que instale una comisión nacional para la digitalización del espectro radioeléctrico.

Pero tampoco la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha hecho su parte, es decir que la Sala de lo Constitucional aún no declara inconstitucionales los artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establecen la subasta pública como único mecanismo para asignar las frecuencias radioeléctricas.

El problema

Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dijo que el desinterés de diputados, magistrados y hasta del Presidente de la República en democratizar la comunicación solo sigue beneficiando a los grandes monopolios.

“Lo que nos convoca aquí es el derecho humano a la comunicación… ¿qué pasa? Preguntémosle a los magistrados, diputados y al presidente. Ustedes saben quiénes son los beneficiados con las subastas”, agregó Serrano.

Por su parte Juan Carlos Sánchez, director ejecutivo del Programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, (FESPAD), dijo que la actitud de displicencia por los tres órganos del Estado es contraria a los intereses de la gran mayoría.

“Vamos a entrar a campaña electoral y queremos que este tema forme parte del debate público. Todas las voces tienen derecho a expresarse y solo lo pueden hacer quienes tienen dinero para hacerlo”, aseguró Sánchez.

Eva Linares, de ARPAS, enfatizó que ninguna radio comercial tiene en su lógica aportar y contribuir a la educación de la población, solo las mueven los fines económicos.

Ante este panorama las más de 50 entre organizaciones, medios de comunicación e instituciones, esperan que Ejecutivo, Legislativo y Judicial se pongan a trabajar en beneficio de la democratización de la comunicación, en busca de que la sociedad salvadoreña tenga espacios para expresarse, para educarse, para informarse, con programación que no sea teñida de colores políticos y económicos.

Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo se capacita para exigir información pública

Las comunidades que viven en la Cordillera del Bálsamo, en el central Departamento de La Libertad, enfrentan serias amenazas debido a la depredación ambiental a la que ha estado sometida esa importante área geográfica que tiene un peso fundamental en la calidad de vida de todo el país. Muchos problemas socio ambientales están siendo combatidos por las comunidades organizadas en la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, a la que pertenecen varias ADESCOS provenientes de los municipios de Zaragoza, Chiltiupán, Comasagua, Puerto de la Libertad y Tamanique.
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Diplomado en transparencia y acceso a la información a líderes y periodistas comunitarios de Radio Victoria.

¿Que son los derechos humanos?, ¿a quiénes pertenecen?, ¿qué es derecho al acceso a la información publica?… Son algunas de las interrogantes que se están abordando en el diplomado que actualmente se impulsa en el marco del Proyecto Participación ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia, que está siendo ejecutado por FESPAD en coordinación con la Iglesia Sueca, la Federación Luterana Mundial, el CPDH “Madelein Lagadec” y ARPAS, con el apoyo de la Unión Europa.
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Sumando esfuerzos por el derecho a la comunicación

Proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria

La tarde del jueves 27 de agosto,  miembros del  Programa de Transparencia  de  FESPAD,  se reunieron con un colectivo de organizaciones civiles para unificar esfuerzos  que brinden impulso al derecho a la comunicación y democratización de los medios.

En esta oportunidad con el objetivo de socializar el proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria, la cual fue presentada el pasado 24 de julio de 2013, ante la Asamblea Legislativa. El cuerpo normativo responde a un modelo de medios de comunicación social democrático, transparente e inclusivo; ya que la vigente Ley de Telecomunicaciones no reconoce ni protege el quehacer de los medios de comunicación comunitaria, evitando la pluralidad de información, la diversidad cultural, el desarrollo integral de las personas y el respeto a la libertad de expresión.

También se acordaron acciones futuras individuales y colectivas para crear las condiciones necesarias que brinden impulso a la aprobación de esta ley.

Diplomado de LAIP en el Centro Judicial Integrado de Soyapango

El 27 de agosto de 2013, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), a través del Programa de Transparencia, realizó la tercera jornada del diplomado formativo sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), proceso que dio inicio el pasado 13 de agosto; entre los asistentes figuran personal técnico y administrativo de los diferentes juzgados circunscritos a dicho centro, personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la sección de Soyapango (PDDH) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
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