COMUNICADO DE PRENSA

 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, conformado por organizaciones de los diferentes países, frente a la crisis de los modelos democráticos presenta los principales hallazgos y tendencias en el marco del doceavo informe correspondiente al año 2016-2017.

En materia de pobreza y desarrollo humano:

Los países registran un crecimiento económico importante (por arriba del promedio mundial 2.2%); sin embargo, el desarrollo humano en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador se califican con un desarrollo humano medio, a diferencia de Panamá y Costa Rica que obtienen una mejor calificación. No obstante, prevalecen los  niveles de desigualdad en toda la región, indicando que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo en el desarrollo humano, vulnerando los Derechos Económicos Sociales y Culturales, aumentando de esta forma los niveles de migración, afectando en mayor medida a poblaciones en situación de vulnerabilidad: mujeres, comunidad LGBTI, niñez, adolescencia y juventud, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad ciudadana:

Centroamérica, continúa siendo una región convulsionada debido a los altos niveles de inseguridad registrados, con un mayor énfasis en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los Estados continúan implementando políticas represivas, como la militarización de la seguridad ciudadana. El crimen organizado y narcotráfico continúan dejando una estela de violencia, como la producida por maras y pandillas, con una tendencia progresiva de vinculación a estructuras políticas.

La tasa promedio de homicidios es de 32.58 por cada 100 mil habitantes en Centroamérica. El Triángulo Norte, concentra el mayor número de muertes violentas, alcanzando un promedio de 55.8, frente al 7.8 reflejado en los países del sur de la región. Respecto de los feminicidios, Centroamérica en el 2016 reportó 1,819 muertes violentas.

Los Estados cuentan con normativa que penaliza el aborto, lo que deja en evidencia la falta de voluntad para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

La débil institucionalidad en el sistema judicial, la ausencia de normativa que proteja a la comunidad LGBTI y los crímenes de odio cometidos en su contra colocan a esta población en extrema situación de vulnerabilidad.

En materia de democracia:

Los modelos democráticos regulados por los sistemas normativos en los países de la región han sufrido modificaciones mediante interpretaciones constitucionales derivadas de los Tribunales respectivos. Nicaragua y Honduras permitieron la reelección presidencial, transgrediendo con ello el principio de alternancia en el poder y sometiéndose a procesos electorales fuertemente cuestionados por actores nacionales e internacionales. Existe una fuerte tendencia a la concentración del poder por parte de los titulares del Órgano Ejecutivo violentando el principio de independencia y complementariedad.

En materia electoral, en la región existen avances que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir y ser electos. Sin embargo, los sistemas electorales son cuestionados por diferentes actores que demandan transparencia. Se debe garantizar no sólo el derecho a elegir sino también, el respeto a la voluntad del soberano.

En ese sentido, preocupa la situación actual de Honduras, donde se ha generado una crisis política producto del descredito de la autoridad electoral. La tardanza en la entrega de resultados en el nivel presidencial de las Elecciones Generales del 2017, genera un ambiente de zozobra, inseguridad y tensión que agudiza la crisis.

En Centroamérica, la débil institucionalidad hace que las finanzas públicas se vean afectadas con hechos de corrupción pese a que se han investigado y judicializado algunos casos emblemáticos como en Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala; a pesar de ello, no hay indicios de poder superar la debilidad en la problemática. La corrupción limita el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los centroamericanos ya que los Estados reducen su capacidad de  inversión para el desarrollo.

La tendencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones es hacia la reducción. El derecho a la protesta social es frecuentemente reprimida desde los sistemas normativos y directamente por la policía y el ejército; en este marco, las personas que defienden derechos se ven frecuentemente obstaculizados en su labor y criminalizados.

Por lo anterior recomendamos a los Estados:

• Crear políticas económicas y sociales de naturaleza regional que reduzcan las desigualdades;
• Evaluar y redefinir sus estrategias de seguridad orientadas a reducir las causas estructurales y factores de riesgo que generan violencia;
• Respetar y garantizar el derecho de la ciudadanía a la protesta social, libertad de expresión y prensa, evitando la represión del Estado;
• Reconocer y respetar la labor de las personas que defienden derechos, con el propósito de fortalecer un Estado constitucional y democrático de derecho.
• Fortalecer la institucionalidad electoral orientada a su independencia y actuación con transparencia que incluya procesos de auditoria social.

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Tegucigalpa, 1 de diciembre del 2017