COMUNICADO: La Fuerza Armada salvadoreña: institución importante para el funcionamiento y consolidación democrática del Estado

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- se pronunció respecto a que el 26 de los corrientes el Ministro de la Defensa Nacional apareció públicamente rodeado del alto mando militar, para expresar entre otras cosas que «La Fuerza Armada ve con preocupación los excesos y abusos de poder cometidos por la actual administración de la Fiscalía General de la República.» Este acontecimiento se da en reacción a la siguiente acusación y procesamiento penal de cuatro oficiales superiores a quienes se les ha imputado su participación en varios delitos.

 

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La Fuerza Armada salvadoreña institución importante para el funcionamiento y consolidación democrática del Estado

COMUNICADO: Organizaciones de sociedad civil revelan datos del informe de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

Las organizaciones de sociedad civil, IDHUCA, Servicio Social Pasionista, Cristosal, COMCAVIS TRANS y FESPAD, expresan su preocupación por la actual situación de violencia en el país y el énfasis represivo de las políticas de seguridad del Estado, que han llevado a evidenciar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. En ese sentido, las organizaciones han preparado un informe sobre el tema, que será entregado a la Relatora Especial de la ONU de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitraria, Agnes Callamard.

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Comunicado-de-Prensa-25-de-enero.-Ejecuciones-extrajudiciales-1

 

Comunicado: Situación de los Derechos Humanos en C.A. 2016-2017

COMUNICADO DE PRENSA

 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, conformado por organizaciones de los diferentes países, frente a la crisis de los modelos democráticos presenta los principales hallazgos y tendencias en el marco del doceavo informe correspondiente al año 2016-2017.

En materia de pobreza y desarrollo humano:

Los países registran un crecimiento económico importante (por arriba del promedio mundial 2.2%); sin embargo, el desarrollo humano en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador se califican con un desarrollo humano medio, a diferencia de Panamá y Costa Rica que obtienen una mejor calificación. No obstante, prevalecen los  niveles de desigualdad en toda la región, indicando que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo en el desarrollo humano, vulnerando los Derechos Económicos Sociales y Culturales, aumentando de esta forma los niveles de migración, afectando en mayor medida a poblaciones en situación de vulnerabilidad: mujeres, comunidad LGBTI, niñez, adolescencia y juventud, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad ciudadana:

Centroamérica, continúa siendo una región convulsionada debido a los altos niveles de inseguridad registrados, con un mayor énfasis en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los Estados continúan implementando políticas represivas, como la militarización de la seguridad ciudadana. El crimen organizado y narcotráfico continúan dejando una estela de violencia, como la producida por maras y pandillas, con una tendencia progresiva de vinculación a estructuras políticas.

La tasa promedio de homicidios es de 32.58 por cada 100 mil habitantes en Centroamérica. El Triángulo Norte, concentra el mayor número de muertes violentas, alcanzando un promedio de 55.8, frente al 7.8 reflejado en los países del sur de la región. Respecto de los feminicidios, Centroamérica en el 2016 reportó 1,819 muertes violentas.

Los Estados cuentan con normativa que penaliza el aborto, lo que deja en evidencia la falta de voluntad para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

La débil institucionalidad en el sistema judicial, la ausencia de normativa que proteja a la comunidad LGBTI y los crímenes de odio cometidos en su contra colocan a esta población en extrema situación de vulnerabilidad.

En materia de democracia:

Los modelos democráticos regulados por los sistemas normativos en los países de la región han sufrido modificaciones mediante interpretaciones constitucionales derivadas de los Tribunales respectivos. Nicaragua y Honduras permitieron la reelección presidencial, transgrediendo con ello el principio de alternancia en el poder y sometiéndose a procesos electorales fuertemente cuestionados por actores nacionales e internacionales. Existe una fuerte tendencia a la concentración del poder por parte de los titulares del Órgano Ejecutivo violentando el principio de independencia y complementariedad.

En materia electoral, en la región existen avances que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir y ser electos. Sin embargo, los sistemas electorales son cuestionados por diferentes actores que demandan transparencia. Se debe garantizar no sólo el derecho a elegir sino también, el respeto a la voluntad del soberano.

En ese sentido, preocupa la situación actual de Honduras, donde se ha generado una crisis política producto del descredito de la autoridad electoral. La tardanza en la entrega de resultados en el nivel presidencial de las Elecciones Generales del 2017, genera un ambiente de zozobra, inseguridad y tensión que agudiza la crisis.

En Centroamérica, la débil institucionalidad hace que las finanzas públicas se vean afectadas con hechos de corrupción pese a que se han investigado y judicializado algunos casos emblemáticos como en Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala; a pesar de ello, no hay indicios de poder superar la debilidad en la problemática. La corrupción limita el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los centroamericanos ya que los Estados reducen su capacidad de  inversión para el desarrollo.

La tendencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones es hacia la reducción. El derecho a la protesta social es frecuentemente reprimida desde los sistemas normativos y directamente por la policía y el ejército; en este marco, las personas que defienden derechos se ven frecuentemente obstaculizados en su labor y criminalizados.

Por lo anterior recomendamos a los Estados:

  • Crear políticas económicas y sociales de naturaleza regional que reduzcan las desigualdades;
  • Evaluar y redefinir sus estrategias de seguridad orientadas a reducir las causas estructurales y factores de riesgo que generan violencia;
  • Respetar y garantizar el derecho de la ciudadanía a la protesta social, libertad de expresión y prensa, evitando la represión del Estado;
  • Reconocer y respetar la labor de las personas que defienden derechos, con el propósito de fortalecer un Estado constitucional y democrático de derecho.
  • Fortalecer la institucionalidad electoral orientada a su independencia y actuación con transparencia que incluya procesos de auditoria social.

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Tegucigalpa, 1 de diciembre del 2017

COMUNICADO: La mayoría de salvadoreños considera que la interrupción del embarazo debe despenalizarse

Tres-cuartos (74 %) de los votantes de El Salvador están de acuerdo en que “los médicos deberían estar autorizados para ofrecer la atención médica necesaria para salvar la vida de una madre, incluyendo la interrupción del embarazo”, esto de acuerdo a la encuesta realizada por Untold Research a 1,502 votantes en todo El Salvador para medir la opinión pública sobre la interrupción del embarazo. La información se recolectó del 17 al 26 de junio de 2017 en los 262 municipios del país; para ello se utilizó la cartografía del último censo de El Salvador (2007).

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Comunicado-de-prensa_encuesta-sobre-el-aborto_18072017

COMUNICADO: Una iniciativa más para la privatización del agua en El Salvador

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- se pronuncia en relación a las amenazas de privatizar el agua en el país. En El Salvador el derecho humano al agua es constantemente amenazado como consecuencia de mega proyectos de inversión o turísticos, deforestación, industrias extractivas, mono cultivos, entre otros; a lo anterior se suma el desinterés del Estado en reconocer dicho derecho a nivel constitucional y en la normativa secundaria.

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27-07-17 COMUNICADO-una-iniciativa-más-para-la-privatizadora-del-agua-en-EL-SALVADOR

COMUNICADO: Denunciamos el intento de grupos parlamentarios de la derecha de aprobar una ley para privatizar el agua

La Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia -ASGOJU-  se manifiesta ante la presentación de la propuesta de “Ley integral del agua” por diputados de la derecha, sobre esto las organizaciones, redes y movimientos sociales que integran esta alianza expresan.

1. Rechazamos y condenamos enérgicamente el intento de los grupos parlamentarios de ARENA, GANA, PCN y PDC de privatizar el agua, mediante una propuesta de ley presentada ayer y que podrían aprobar con dispensa de trámite en la sesión plenaria de hoy. Esta ley, elaborada a la medida de los mezquinos intereses de la gran empresa privada, convertiría al vital líquido en mercancía.

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Comunicado-de-ASGOJU-ante-ley-para-privatizar-agua

 

COMUNICADO: Organizaciones nacionales e internacionales apoyamos a las víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, esperamos un proceso penal justo y ágil

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, Due Process of Law Fundation), El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (University of Washington, Center for Human Rights), la Fundación CRISTOSAL, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro- Busqueda), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”; brindamos nuestro apoyo a las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y otros lugares aledaños, expresamos nuestras expectativas que se realice un proceso penal justo, ágil y respetando los derechos humanos de las víctimas.

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Comunicado-en-apoyo-a-víctimas-de-masacre-en-El-Mozote

 

COMUNICADO: Organizaciones de Derechos Humanos piden justicia en el caso Monseñor Romero

Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y expresan:

1.Que a treinta y seis años de la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por parte de grupos que actuaban con la aquiescencia del Estado, mal llamados “Escuadrones de la Muerte”, el caso se mantiene en la impunidad total.
2. El asesinado de Monseñor Romero constituye una transgresión expresa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, asimismo, una afrenta para la humanidad en su conjunto pero particularmente a los salvadoreños.

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COMUNICADO-DE-PRENSA-CASO-MONSEÑOR-ROMERO

BALANCE DEL SEGUNDO AÑO GOBIERNO DE SALVADOR SANCHEZ CEREN: DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- realizó un balance en relación al segundo año de gobierno de Salvador Sánchez Cerén, desde la perspectiva de Derechos Humanos,  en materia de derecho a la seguridad ciudadana con énfasis en la situación de inseguridad en el país y políticas estatales de seguridad; derechos económicos, sociales y culturales y finalmente transparencia y lucha contra la corrupción.

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BALANCE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN

 

 

COMUNICADO: ANTE EL ASESINATO DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, BERTA CÁCERES, EN HONDURAS

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, se pronuncia ante el asesinato de la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras y de sus territorios, la Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo del 2016, a la 01:00 am, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras.

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Comunicado-Asesinato-Berta-Caceres-Equipo-Regional-1