La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), a través de su Programa de Transparencia, desarrolló los días 7 y 8 de febrero, cuatro talleres de formación sobre el Derecho Humano a la Información y la Ley de Acceso a la Información Pública. Los talleres estuvieron dirigidos a un aproximado de 60 maestras y maestros que imparten clases en el Centro Nacional de Artes (CENAR).

Las y los maestros del CENAR, son parte de los entes obligados que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por se empleados/as de una institución de gobierno, por ello el enfoque de trabajo que se tuvo en los talleres fue en relación a sus deberes conforme a la Ley y cuál debe ser su rol frente a la misma y frente a la población en general. En las jornadas surgieron interrogantes como ¿Porqué le debo entregar la información sin preguntar para qué la quiere? ¿y si me dicen los jefes que esa información no la debo brindar, yo estoy obligada a guardarla? ¿Y si yo no tengo la información que me solicitan, qué debo de hacer? Estas y otras dudas fueron despejadas durante el desarrollo de los talleres.

Al final las y los participantes reconocieron lo importante de las jornadas pues les ayuda a formarse como servidores públicos y a prestar un mejor servicio a las personas que acuden a las oficinas de gobierno y que hacen uso de diversos servicios. Además, comentaron, les permitió visualizarse tanto como entes obligados, así como titulares del derecho de acceso a la información pública, pues más allá de ser funcionarios o empleados públicos, son personas sujetas de derechos.

El primer día de febrero de 2013, el Programa de Transparencia de FESPAD, impartió un taller de formación en materia de Derecho de Acceso a la Información, dirigido a organizaciones civiles de Derechos Humanos que destacan su trabajo en el tema de reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, entre ellas: CODEFAM (Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos), Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, COMADRES (Comité de Madres), Pro-Busqueda y COMAFAC (Comité de Madres y Familiares Cristianos).

El contenido del taller incluyó conceptos básicos del derecho de Acceso a la Información, objeto de la ley, los sujetos obligados, los principios y las instituciones que se crean a partir de la Ley de Acceso a la Información, también un resumen del informe de la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH relativo al derecho de acceso a la información por parte de las víctimas.

Con este espacio se pretende abrir una discusión política permanente sobre los avances y desafíos que enfrenta El Salvador, desde la perspectiva de los intereses y derechos humanos de los sectores populares.

El sábado 19 de enero del corriente año, el programa de Transparencia de FESPAD, en coordinación con Radio Cadena Mi Gente, celebró la conclusión del diplomado sobre transparencia y Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), dirigido a los distintos radioescuchas de la radio mencionada.

El objeto de realizar un diplomado en esta modalidad fue promover entre la población que escucha la radio y que no tiene posibilidad de movilización, diversos contenidos temáticos de la vida del país, que por lo regular no están a su alcance.

La metodología del diplomado consistió en tres microprogramas donde se exponen los conceptos básicos de transparencia y corrupción. También se abordó el objeto, sujetos obligados, principios, funcionarios e instituciones creadas por la LAIP.

Dicho acto fue ejecutado y transmitido en Radio Cadena Mi Gente, con la intervención de los participantes del diplomado, los cuales manifestaron sus opiniones y experiencias del proceso formativo.

En la jornada se otorgaron diplomas de participación, a los inscritos dentro del curso y se degustó de un exquisito almuerzo, donde los involucrados compartieron.

Ante la presencia de grupos destinatarios, de organizaciones sociales aliadas y de representantes gubernamentales, el pasado 27 de noviembre de 2012, FESPAD desarrolló su primer ejercicio de rendición de cuentas. Se trata de una actividad inédita y pionera en el contexto salvadoreño, ya que a la fecha en el país sólo se conoce de este tipo de actividades, en el seno de las instituciones estatales.

“Somos una institución que se ha propuesto trabajar con la gente y por la gente para que en este país se produzcan cambios profundos y estructurales” señaló María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD. Agregó que “… hacemos un trabajo político, pero no partidario, – no podría ser de otra forma – lo cual nos ha traído muchos problemas con sectores de poder, pero también con los partidos políticos de la izquierda y de la derecha” recalcó.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez, Coordinador del Programa de Transparencia resaltó que hay muchas razones por las que una organización social debe rendir cuentas, pero las más importantes son: 1) el acceso a la información es un derecho humano que la población ha conquistado y las organizaciones sociales deben garantizarlo; 2) las organizaciones sociales deben ser congruentes: si exigen transparencia y rendición de cuentas a las instituciones estatales, deben practicar esos mismos postulados en su dinámica interna; 3) se trata de organizaciones que funcionan con fondos públicos; es decir de contribuyentes de países que se solidarizan con nuestro país. Esos contribuyentes y las agencias de cooperación que canalizan esos recursos tienen el derecho de conocer cómo se están invirtiendo sus fondos.

Abraham Ábrego, Subdirector de FESPAD hizo una amplia exposición de la dinámica administrativa, financiera y de funcionamiento de la institución y expuso los principales hallazgos y sugerencias que FESPAD ha recibido de diversas evaluaciones externas que se le han practicado a lo largo de estos años. Cada coordinador de programa también hizo una exposición autocrítica de sus principales logros y dificultades.

Marcos Rodríguez, Sub Secretario de Transparencia y Anticorrupción y Marco Gregorio Trejo, Presidente de la Corte de Cuentas de la República, quienes participaron como invitados especiales en el evento, expresaron su complacencia por este tipo de actividades que son inéditas en el país y que marcan un nuevo reto en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en favor de la transparencia.

El evento finalizó con diálogo entre todas y todos los invitados, quienes expresaron gratitud por el trabajo que desarrollan junto con FESPAD, pero además preguntaron e hicieron varios cuestionamientos a las exposiciones desarrolladas en el evento.

FESPAD asume el compromiso de retomar estos aportes y de mejorar estos ejercicios de rendición de cuentas, en el futuro.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, presentaron ante los medios de comunicación, su evaluación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), exponiendo los vacíos y requisitos que ésta debe cumplir para hacer efectiva su finalidad.

Dado que la LAIP califica como regla general que toda información estatal será de carácter público, exceptuándose únicamente las reservas que la misma ley establece; las organizaciones manifiestan que la promulgación de la referida Ley viene a subsanar el vacío legal que históricamente la población salvadoreña ha enfrentado en torno a demandar de las instituciones del Estado información en su poder, y que esta sea otorgada con un carácter ágil, completa, gratuita y veraz; a través de mecanismos sencillos y de fácil acceso.

Abraham Abrego, subdirector de FESPAD, manifestó ante el hecho que aún no se ha nombrado a las y los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública contemplado en la Ley, como un grave incumplimiento por parte del presidente Funes, por lo que demandaron al funcionario a efectuar inmediatamente los nombramientos y dotar a dicha instancia de todos los recursos que éste requiera para cumplir con las obligaciones que la Ley le atribuye.

Otra de las demandas fue hecha a las diferentes instituciones del Estado, municipalidades e instituciones oficiales autónomas, a las cuales exigieron cumplir fielmente con lo dispuesto en la LAIP a fin de hacer efectivo el derecho humano a la información pública que la Ley atribuye a la población en general.

Las declaraciones se brindaron en conferencia de prensa este 8 de mayo, y en ella FESPAD y Pro-Memoria Histórica hicieron un llamado a las organizaciones sociales y populares a apropiarse de la LAIP como una herramienta legal que les permita obtener del Estado salvadoreño toda la información que históricamente les ha sido negada, para dignificar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado como del presente.

En el marco de la conmemoración del día mundial de la libertad de prensa celebrado cada 3 de mayo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), solicitaron esta mañana a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa la reactivación de la Comisión Ad Hoc creada en septiembre del 2011 con el fin de estudiar un proyecto de Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación en En Salvador.

La Comisión Ad Hoc, que a la fecha se encuentra inactiva, fue creada después que, en septiembre del 2011, la Asamblea legislativa aprobara la eliminación de las penas de prisión por los delitos contra el honor, mediante reforma al Artículo 191 del Código Penal de El Salvador.

Aunque en noviembre del mismo año la Comisión invitó a diversas organizaciones, entre ellas FESPAD, ARPAS y la UCA a presentar observaciones o propuestas sobre el referido proyecto de ley, y aunque estas fueron presentadas el 22 de noviembre del mismo año; a la fecha no se ha tenido respuesta alguna y la referida comisión Ad Hoc permanece inactiva.

Otra de las peticiones hechas por FESPAD, ARPAS y la UCA, fue mandatar a dicha Comisión para que convoque a un debate nacional sobre los marcos jurídicos en el ámbito mediático que reivindiquen la comunicación como derecho humano, el espectro radioeléctrico como bien público y los medios de comunicación como instrumentos de la libre expresión, el pluralismo, la diversidad y la democracia.

Los organismos recordaron además a la Asamblea Legislativa que en El Salvador no existe ninguna ley secundaria que establezca mecanismos y procedimientos para el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta, por lo que es necesario legislar al respecto.

El pasado 19 de septiembre, en el espacio de conversatorios institucionales que impulsa la Unidad de Incidencia y Comunicaciones de FESPAD, se desarrolló la temática “Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, facilitada por nuestro Subdirector Abraham Ábrego, quien expresó que el derecho de acceso a la información pública, tiene límites al igual que cualquier otro derecho, y que éste debe ser considerado como un mecanismo preventivo frente a actos de corrupción.

Como parte de las observaciones que Abraham Ábrego hizo de la ley, y su proceso de implementación, destaca lo positivo de contar con regulaciones sobre esta temática; no obstante reconocer que es un proceso nuevo y complejo, situación que aún no se resuelve, más aún con la falta de aprobación de uno de los reglamentos para su implementación.

Como parte de las conclusiones del conversatorio, las y los asistentes coincidieron en la necesidad de difundir entre la población, la facultad que toda persona tiene para pedir a las instituciones de gobierno, que les brinden información.

FESPAD en coordinación con la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentamos este 12 de septiembre a la opinión pública nacional e internacional, en conferencia de prensa, nuestro posicionamiento por la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP) en el cual se desarrolla la normativa para la aplicación de la referida ley.

No obstante reconocer el cumplimiento en el plazo para su aprobación, por parte del Presidente de la República, lamentamos que el proceso no haya sido participativo y no se hayan consultado a los diversos sectores de la sociedad civil relacionados en el tema. Además, cuestionamos la reserva en el Diario Oficial para garantizar “formalmente” la publicación del reglamento, pues ello constituye acciones poco éticas y en nada transparentes.

A consideración de las organizaciones, el reglamente presenta diversas deficiencias y contradicciones en relación a lo establecido en la ley, tal es el caso de la publicación de la información interna de las instituciones del Estado; el reglamento manifiesta que las instituciones podrán actualizar su información cada tres meses, mientras que la ley establece que ésta debe de ser una actividad periódica. Esta situación propicia un alto grado de discrecionalidad a las instituciones estatales, lo cual podría afectar la debida aplicación de la ley, que supone facilitar la transparencia en la gestión pública, así como el combate contra la corrupción.

Además rechazamos la facultad de veto a las propuestas de ternas a Comisionados, que el Presidente Funes se ha atribuido en el artículo 73 del reglamento, pues con esta potestad el mandatario se excede a lo estipulado en la LAIP donde ya está definido que la facultada para verificar los requisitos de los aspirantes a Comisionados, será de una comisión específica.