Este día, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), una solicitud de aclaración relativa al recurso de revisión que los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC) interpusieron en ese instituto, ante la resolución de fecha uno de julio de los corrientes que declara la cancelación de ambos partidos.

La aclaración solicitada por FESPAD es motivada por las distintas valoraciones jurídicas, a su criterio incorrectas, que desde diversos sectores se han hecho en relación a que el TSE no ha resuelto la cancelación de los partidos por estar pendiente la resolución del recurso de revisión que les fue presentado por estos últimos.

Para FESPAD, es necesario que el TSE aclare la situación, pues de acuerdo a sus valoraciones jurídicas el que no se haya resuelto el recurso de revisión, no evita que la resolución de cancelación de ambos partidos sea legalmente vigente. Además aclara que no existe en el Código Electoral, una disposición expresa en la que por interponer un recurso de revisión se suspendan los efectos de la sentencia, que para el caso, impide a los personeros de los partidos cancelados, hacer uso de la personalidad jurídica de los mismos.

La aclaración fue entregada al Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, Dr. José Alvayero, quien expresó que haría los trámites correspondientes para hacerla del conocimiento de los magistrados.

Las organizaciones aglutinadas en la Coalición por la Reforma Política y Electoral; CREE, en conferencia de prensa realizada este día, hicieron un llamado a los Órganos del Estado, para que se restablezca y preserve el Estado constitucional del Derecho en el país y así garantizar la independencia plena de sus respectivos poderes.

La demanda de la Coalición está motivada por la reciente aprobación (promovida por los partidos políticos ARENA, PDC, PCN y GANA) del Decreto Legislativo 743, que contiene reformas a la Ley orgánica Judicial, con las que la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia únicamente podrá emitir resoluciones con el consenso de sus cinco integrantes y ya no por mayoría como era antes de la reforma.

Las organizaciones denunciaron el actuar del partido ARENA, por considerar que al reconocer que aprobaron el Decreto 743 por temores infundados del presidente del partido, Sr. Alfredo Cristiani, demuestran que su manera de legislar está determinada por intereses personales y de grupo y no de nación. Además, consideraron lamentable que el FMLN no acompañe una iniciativa de derogatoria del decreto, promovida por diversos sectores del movimiento social cuyo fin es restablecer las garantías constitucionales, el respeto al Estado de Derecho y la garantía de la autonomía entre los tres Órganos del Estado salvadoreño.

Finalmente, hicieron un llamado al diálogo constructivo pero no exclusivo entre los Órganos del Estado y los diferentes sectores, incluida la sociedad civil, para acordar un nuevo pacto político de nación, avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre estas la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), marchamos este Jueves 9 de junio de 2011 para exigirle a las y los diputados de la Asamblea Legislativa derogar el decreto 743, que contiene reformas a la Ley Orgánica Judicial en el sentido de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe votar por unanimidad para emitir sus sentencias de inconstitucionalidad.

La movilización, que partió desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, culminó en la fachada de la Asamblea Legislativa donde los organismos manifestantes presentaron una pieza de correspondencia pidiendo la derogatoria del referido decreto, con el fin de restablecer las garantías constitucionales, el respeto al Estado de Derecho y la garantía de la autonomía entre los tres Órganos del Estado salvadoreño, ya que para ellos este decreto -que fue aprobado con dispensa de trámite por los partidos ARENA, GANA, PDC Y PCN, sancionado y publicado en menos de 24 horas por el Ejecutivo- atenta contra el Estado de Derecho y la democracia en el país.

La pieza de correspondencia fue acompañada de un listado de aproximadamente 2,000 firmas ciudadanas, recolectadas por las organizaciones sociales para sustentar la exigencia de la derogación, sin embargo no contó ni con el apoyo de las fracciones legislativas que promovieron su aprobación, ni del partido FMLN, quien en un inicio no dio sus votos para convertir el decreto en ley de la República y hoy no los da para su derogatoria. La iniciativa de ley fue otorgada por parte del diputado independiente Orlando Arévalo.

A la marcha se sumaron diversos sectores de profesionales del Derecho, organizaciones sociales, estudiantes y población en general, que apoya el trabajo que realizan los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El Programa Centroamérica Democrática (CAD), la organización Intereclesiastica para la cooperación al Desarrollo (ICCO) y el Programa de Seguridad Juvenil en Centroamérica (PSJ) desarrollaron este viernes 3 de junio de 2011 un foro taller denominado: “Preparando el camino hacia la 41° Cumbre de la OEA: Seguridad Ciudadana en las Américas”.

El foro se desarrolló con el objetivo central de conocer las perspectivas y aportes de las organizaciones de la sociedad civil Centroamericana y de los programas CAD y PSJ sobre la relación existente entre la seguridad ciudadana y la impunidad.

Los aportes brindados por las y los asistentes, fueron los insumos utilizados al final de la jornada para la elaboración de una declaración que fue presentada a los delegados gubernamentales que asistieron a la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual se expuso la necesidad de enfocar la situación de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de Derechos Humanos, entre otros temas relacionados.

Como parte de los resultados del taller, las organizaciones pidieron a la OEA una mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas regionales de seguridad ciudadana y que se revierta la constante estigmatización y criminalización de la juventud, de las defensoras y defensores de derechos humanos y de la población migrante, palpables en las definiciones de políticas existentes.

Para contribuir en el debate sobre la posible creación en El Salvador de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que funciona en Guatemala, la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho FESPAD, el instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y la organización Intereclesiastica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) desarrollaron este 2 de junio de 2011 el foro denominado: Impunidad y crimen organizado: ¿Es necesaria una CICIG en El Salvador?

El objetivo central del foro fue revisar la necesidad y conveniencia institucional de instalar en El Salvador una Comisión Internacional Investigadora del Delito, con el fin de que esta realice investigaciones de casos concretos que den base a la Fiscalía General de la República para la judicialización de casos emblemáticos.

Marco Antonio Canteo, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, expuso sobre la experiencia que en su país ha significado la CICIG, estableciendo como sus principales impactos, el que haya servido como caja de resonancia para llevar a la opinión publica los grandes problemas de impunidad del país y que por primera vez funcionarios hayan sido llevados al sistema de justicia. Por su parte, Abraham Ábrego, Subdirector de FESPAD expuso al referirse al tema de comisiones independientes que se han creado en El Salvador, que en términos del cumplimiento de los acuerdos a los que han llegado estas instancias, hay un gran déficit, pues ninguna de la comisión creadas ha logrado que se cumplan sus conclusiones o sanciones.

Como parte de las conclusiones del foro, Benjamín Cuellar, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, reflexionó sobre al necesidad de una sociedad demandante para que exista un Estado garante de respeto de los derechos humanos, a la justicia y combate a la impunidad “si no logramos que la gente en el país reclame por que el Estado cumpla con su función, vamos a seguir igual”, concluyó.

La Coalición para la Reforma Política y Electoral (CREE) conformada por la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y otros organismos de la sociedad civil, presentaron este 31 de mayo de 2011 ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia que contiene la propuesta de candidatos provenientes de la sociedad civil para ocupar los cargos de quinto Magistrado Propietario y Suplente del Tribunal Supremo Electoral.

La candidata y candidatos propuestos por CREE son la doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Dr. Ricardo Oscar Alfaro Barahona, Cirujano Urólogo; Dr. Ernesto Alfonzo Buitrago, Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales; Lic. René Francisco Amaya Martinez y Lic. Carlos Rafael Nasser.

La pieza de correspondencia fue acompañada de la hoja de vida de cada uno de los candidatos y acta de declaración jurada de no afiliación o pertenencia a ningún partido político. Esta acta fue un requisito establecido por la Asamblea debido a que la sentencia emitida el 13 de mayo de 2011 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manda nombrar nuevos magistrados que no pertenezcan a ningún partido político.

La elección del quinto magistrado y su suplente se ha generado por la declaratoria de inconstitucionalidad que emitiera la Sala de lo Constitucional, en la elección de Moreno Niños y su suplente Óscar Morales, quienes representaban a los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC) respectivamente.