Con el objetivo de presentar una agenda para la participación ciudadana frente a proyectos de inversión que impactan la vida de diversas comunidades, la Fundación de Estudios para la aplicación del derecho, FESPAD, desarrolló este 14 de abril de 2011, un foro en el que participaron pobladores de San Antonio del Mosco, Costa del Sol y San Isidro, Cabañas, zonas del país que están siendo afectadas por la implementación de proyectos de inversión.

El foro se enmarcó dentro del proyecto: Fortaleciendo el respeto de los Derechos Humanos a través de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, financiado por la Unión Europea, en el que FESPAD ha acompañado a las comunidades afectadas brindándoles información sobre el marco legal que regula las acciones que están impactando su entorno e informándoles, además, sobre los derechos que les respaldan y que deben ser exigidos.

Abraham Ábrego, subdirector de FESPAD, expreso que ante la implementación de tales proyectos de inversión, como la construcción de la represa El Chaparral en San Miguel, proyectos de exploración minera en Cabañas y turísticos en La Costa del Sol; el problema no radica en vacíos de ley, sino más bien, en la falta de voluntad política que existe por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en la propuesta de agenda de reformas y mecanismos, FESPAD considera necesario impulsar una legislación sobre participación ciudadana que desarrolle la contraloría social, que se debe difundir la recién aprobada Ley de acceso a la información pública y sus mecanismos, así como actualizar las ordenanzas municipales en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

En el foro Rinibeth Martínez de San Antonio del Mosco (lugar donde se ha ejercido presión a los habitantes a vender sus tierras para la construcción de la Represa El Chaparral) y José del Carmen Romero de la Costa del Sol (donde con la instalación de infraestructura hotelera, la expansión de condominios habitacionales y complejos inmobiliarios se ha dañado la biodiversidad de las zonas), compartieron con el resto del público el impacto que estos proyectos de inversión les han ocasionado a ellos y a sus comunidades.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica consideró la Evaluación Ambiental Estratégica elaborada por el Ministerio de Economía presenta irregularidades, además enfatiza que no le compete al MINEC hacer esos estudios porque no son asuntos económicos, sino ambientales.

La conferencia estuvo presidida por Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES); David Pereira del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM): Saúl Baños de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y Héctor Berríos, representante de MUSFRAS-32.

Diversas encuestas realizadas a nivel nacional han demostrado que desde al año 2008 la población salvadoreña se opone fielmente a la explotación minera, esto no se ha reflejado en políticas públicas que protejan al país de la crisis ambiental más grande de su historia, dijo Pereira.

Las leyes del país siguen favoreciendo a las empresas mineras; sobre todo porque no existe una normativa nacional que prohíba la minera y, además, por que el Tratado Libre de Comercio sigue privilegiando los derechos privados de inversiones pasando así sobre nuestro soberano derecho a la autodeterminación.

David Pereira expresó que el impacto a la economía sería nacional y que para que la gente de una opinión debe de dar información completa, lo que sucede que el gobierno no da esa información y mucho menos que efectos daría en el agua.

Héctor Berrios expreso A que el MINEC no le compete dar declaraciones de la minería y mucho menos llevar a cabo el estudio ambiental estratégico ya que ellos no pueden asumir los efectos que causaría a la gente; y que en verdad a quien le debe de interesar esto es al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En seis años la Mesa Nacional Frente a la Minería ha probado con información científica y comprobable los impactos negativos., sobre todo porque el MINEC no puede decir que no existe información suficiente u oportunidad como para decidir responsablemente a favor de los intereses nacionales y no de empresas transnacionales y quien sí la tiene es el MARN.

La minería metálica de El Salvador presume el sacrificio irrecuperable de los recursos naturales que nos rodea, ya que 4 millones de personas (55.9% de los salvadoreños) y más de 14,000 km2 (63% del territorio del país) estaría siendo afectados por la explotación.

Autor: Francisco Brito

URL: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/49605/2011/04/06/Estudio-ambiental-estrategico-presentado-por-el-MINEC-presenta-irregularidades

A pocos meses para cumplirse dos años de gestión del gobierno de Mauricio Funes, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y la Mesa Permanente por la Justicia laboral, MPJL, brindaron el 30 de marzo de 2011, una conferencia de prensa para dar a conocer su postura ante la relación que ha existido en este período, entre el gobierno y algunas de las organizaciones sindicales del sector público.

En la conferencia los representantes de la MPJL afirmaron que a las puertas de cumplirse dos años del actual gobierno, que suponía el inicio de un nuevo contexto político, económico y social, el acercamiento y entendimiento entre éste y algunas organizaciones sindicales no es el deseado, ya que en el período mencionado se han dado algunas acciones realizadas por sindicatos que buscan reivindicaciones laborales y sindicales, cuyos efectos lejos de tener una respuesta favorable han provocado un mayor distanciamiento entre las partes involucradas.

Uno de los casos que más atención pública ha generado, es la que se dio a principios de 2011, cuando seis organizaciones sindicales del Órgano Judicial suspendieron el normal funcionamiento de algunas de sus dependencias, así como el que involucra a la Asamblea Legislativa, donde destituyeron al recién nombrado Secretario General del sindicato.

La Mesa Permanente por la Justicia laboral aprovechó el espacio de conferencia haciendo un llamado a las instituciones estatales y a sus funcionarios para que “en el marco del nuevo contexto social y político del país, muestren una actitud coherente para el establecimiento de verdaderas relaciones con los sindicatos del sector público y que tengan a la base el irrestricto respeto a los derechos laborales y sindicales”.

Finalizada la conferencia de prensa diferentes sindicatos del sector público participaron en un foro denominado: “Sindicatos públicos y el Estado: propuestas para el establecimiento de nuevas relaciones”, organizado por FESPAD en coordinación de la MPJL, con el auspicio de la Unión Europea.

En el foro se contó con la participación de Danilo Flores, Coordinador de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, Donaldo Martínez, Coordinador pro témpore de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y Dagoberto Gutierrez, Secretario General del Movimiento para la Democracia Participativa, quienes desde el ámbito social al que representaban expusieron sobre la relación sindicatos- Estado con el objetivo de hacer una evaluación integral del tipo de relación que existe entre ambos sectores.

Por la tarde se desarrolló un taller donde las y los sindicalistas hicieron una reflexión auto-crítica y crítica del Estado, donde se obtuvieron elementos que permitirán, posteriormente. elaborar una propuesta (documento escrito) que será presentada a las instituciones estatales con el objetivo de que éste contribuya al establecimiento de relaciones tendientes al respeto de los derechos sindicales y laborales.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, de la cual FESPAD forma parte, dio a conocer; en conferencia de prensa, su postura ante el rechazo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), hiciera el pasado 15 de marzo de 2011, a la demanda impuesta por la empresa minera Commerce Group contra el Estado salvadoreño, por un monto de 100 millones de dólares.

Para la Mesa el rechazo a esta demanda, representa un triunfo parcial para las comunidades y organizaciones ambientalistas que se oponen a la explotación minera en el país, ya que la demanda de Pacific Rim, compañía a la cual el gobierno no le permitió extraer metales preciosos en Cabañas y que ahora exige un pago de 77 millones de dolares al país, si fue admitida por el CIADI.

Ante la admisión de la demanda presentada por Pacific Rim, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha presentado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones un Amicus Curiae, para posicionar ante esta instancia del Banco Mundial, toda la problemática que la minería causaría al país de ser aprobada, ya que el próximo 23 y 26 de marzo se realizará la siguiente audiencia de dicha compañía en contra del Estado salvadoreño.

Los ponentes de la Mesa aprovecharon la conferencia para hacer del conocimiento público que ante la venida del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a El Salvador; más de ciento treinta organizaciones solidarias internacionales han firmado una carta que le será entregada al mandatario, donde se exige justicia para los ambientalistas de Cabañas amenazados y asesinados por oponerse a la minería metálica y una revisión al Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA-DR, para proteger al país ante nuevos atropellos por las empresas transnacionales.

Los ambientalistas aseguraron que a su llegada al país se le pedirá al presidente Obama que se pronuncie sobre la demanda de Pacific Rim en contra de El Salvador.

La conferencia de prensa se realizó en las instalaciones de FESPAD el 21 de marzo de 2011.

El pasado 2 de marzo, FESPAD desarrolló en la casa comunal del Puerto El Triunfo, Usulután, el círculo territorial de discusión denominado “Construcción de Propuesta de Derogatoria de Decreto 23”, dirigido a habitantes de comunidades que no poseen títulos de propiedad y que se ubican en la zona oriental del país, específicamente en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión. Estos habitantes viven bajo amenaza de desalojo por la probable realización de proyectos de inversión turística, generación de energía hidroeléctrica y explotación minera, entre otros proyectos.

En el desarrollo del círculo se compartió el contenido de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el Decreto 23; las consecuencias jurídicas que trae aparejada la resolución y las posibles acciones jurídicas, políticas y sociales que se pueden impulsar a fin de solicitar a la Asamblea Legislativa la derogatoria del decreto en mención.

En el evento, se presentó a los habitantes la iniciativa social denominada Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas – MOVI-TIERRA -, sus antecedentes históricos y objetivos; así como la problemática de tierra en la zona central, paracentral y oriental del país. Finalmente, se presentó y juramentó el “Comité Regional de MOVI-TIERRA de la zona Oriental”.

El Comité Regional está conformado por cinco personas, en representación de los diferentes departamentos de la zona oriental; y serán responsables de la elaboración y ejecución de la estrategia territorial organizativa, procurando acciones regionales en defensa de la tierra y en coordinación con los demás Comités de la zona central, paracentral y occidental.

El propósito de esta actividad fue conformar y fortalecer un sujeto social nacional desde, para y por las y los afectados y amenazados en el derecho a la tierra; que reivindique, luche, exija, demande y defienda el acceso a la tierra como un derecho humano universal e integral, que posibilite la consecución de la vida en dignidad de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Esta mañana en conferencia de prensa, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, expresó su rechazo y condena frente a los desalojos violentos de vendedores y vendedoras informales, impulsados por la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS); hechos considerados por nuestra institución como generadores de mayor exclusión social.

De igual forma, FESPAD expresó su rechazo a las acciones de violencia promovidas y realizadas por la AMSS a través de los agentes del CAM y el excesivo uso de la fuerza en los desalojos, instándolos a que de inmediato desistan de tales acciones y que reorienten su accionar bajo el más estricto respeto de los derechos humanos.

Saúl Baños, coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, expresó que si bien es cierto en toda la ciudad capital impera un estado de desorden y que son necesarias medidas de ordenamiento, no se está de acuerdo con el procedimiento que ha impulsado la AMSS, pues debió haber existido un previo diálogo entre las partes que garantizara el Estado de Derecho.

Por su parte Nelson Flores, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal destacó que el CAM no tiene la facultad legal para realizar estas acciones y que quien debe de intervenir es la Policía Nacional Civil.

Finalmente, FESPAD hizo una llamado al Alcalde municipal de San Salvador, a que atienda los ofrecimientos de mediación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Arzobispo de San Salvador, a fin de instalar una mesa de diálogo y negociación con los vendedores y vendedoras informales, con el propósito de encontrar una alternativa que permita mantener o mejorar sus condiciones materiales.

Los desalojos ocurrieron el 11 de junio y el 25 y 26 de noviembre de este año y provocaron disturbios por enfrentamientos entre los y las vendedoras y personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la Alcaldía Municipal de San Salvador, con saldo de algunas capturas, hombres y mujeres lesionadas y puestos de ventas informales destruidos.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Foro de Jueces Democráticos e Independientes (JDI), desarrollaron el pasado 7 de octubre un foro para analizar las últimas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), referidas a la libertad de expresión, las candidaturas independientes y al presupuesto que se traslada de un ministerio a otro (partidas secretas).

Como ponentes invitados se contó con la participación del doctor José Domingo Méndez, ex Magistrado de la CSJ y el doctor Rodolfo Delgado, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Por parte del JDI, estuvo presente la licenciada Doris Luz Rivas Galindo, y en representación de FESPAD la licenciada María Silvia Guillén.

Para el doctor Méndez, la sentencia sobre el artículo 191 del Código penal, no le ha dado golpe a la libertad de expresión ni al derecho de información, sino que es todo lo contrario, porque se ha fortalecido. Para el ex funcionario, el haber declarado la inconstitucional, representa poner en igualdad a todas y todos los ciudadanos.

Para la Directora de FESPAD, la sentencia fortalece los derechos a la libertad de expresión y de información.

Por su parte, el magistrado Rodolfo González Bonilla enfatizó, que la sentencia emitida no significa una “cacería de brujas” para los periodistas porque no limita la libertad de expresión. El funcionario aclaró que no debe existir temor, ni por consiguiente auto censura en los medios de comunicación, porque deberá ser el sujeto que se sienta ofendido con una publicación quien compruebe que existió algún daño a su honor o intimidad.