Este día, la Unidad Sindical de la Alcaldía Municipal de San Salvador (USAMSS), conformada por la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEMU), la Asociación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía Municipal de San Salvador (ASITMUS), y el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador (SETRAMSS), con el acompañamiento de la la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), convocaron a medios de comunicación nacionales e internacionales, para la conferencia de prensa en la que se denunciaron diversos problemas que actualmente están sufriendo los y las trabajadoras de la Alcaldía Municipal de San Salvador.

Cándido Martínez, Secretario General de ASTEMU, manifestó que la actual administración municipal, ha iniciado un proceso de privatización de los servicios que se prestan desde la Alcaldía, se han cerrado clínicas empresariales que desde hace muchos años brindaban atención a los y las trabajadoras de la Alcaldía. Asimismo dijo que tienen conocimiento que para la finalización del presente año se prevén despidos masivos en la Alcaldía de San Salvador.

Por su parte, Orlando Aguiluz, Secretario General de ASITMUS, denunció la contratación de personal con afinidad política al partido que pertenece el alcalde municipal, esos nuevos empleados gozan de salarios altísimos en comparación a los y las trabajadoras que por años se desempeñan en la municipalidad.

De igual manera, Héctor Moisés Sánchez, Secretario General de SETRAMSS, aseguró que hasta la fecha se han despedido decenas de trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Además, que a los trabajadores y trabajadoras, especialmente a quienes laboran en la recolección de desechos sólidos, no se les respeta la jornada laboral ordinaria de ocho horas diarias, sino que se les hace trabajar más de ese tiempo, sin que se les reconozca el pago por horas extras.

Las tres organizaciones que conforman la USAMSS, concuerdan en que de no mejorar las problemáticas al interior de la Alcaldía Municipal de San Salvador, se verán en la necesidad de suspender las labores como medida de presión para que se atiendan sus demandas.

El pasado 24 de junio, en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, resultado obtenido de un proceso de evaluación de 7 candidatos y 2 candidatas que se postularon para el cargo.

En el marco del proceso de elección, diversas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sindicales y sociales apoyaron decididamente la candidatura para que fuera reelecto por un período más como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos el Dr. Oscar Luna. Ese acompañamiento fue fruto de un importante consenso, que respondió a lo evidenciado por el Procurador en el ejercicio del cargo, siendo reflejado en el compromiso con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos.

El 14 de septiembre del corriente año, las organizaciones: Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER), Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador (MOVI TIERRA), Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), Grupo Juventud OPERA, Equipo Nahual, Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se hicieron presentes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para dar continuidad a los compromisos adquiridos para este nuevo período de gestión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Con la presencia del Procurador Dr. Óscar Luna y el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Dr. Salvador Menéndez Leal, la reunión se orientó en los compromisos más urgentes que necesitan ser atendidos de diversos sectores sociales, la cual consideró la importancia de que la Procuraduría necesita fortalecer el protagonismo y beligerancia al enfrentar casos y situaciones de irrespeto a los derechos humanos o amenazas a los mismos.

Por ejemplo. la problemática de tierra de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas; la limitación a la libertad sindical a través de la aprobación del reciente Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la vigencia de la Ley de Proscripción de Pandillas y sus efectos negativos en la juventud, entre otros..

Así también, se enfatizó en la importancia de responder de forma oportuna y fundamentada a las demandas de las víctimas; evaluar y fortalecer el desempeño de las delegaciones departamentales y locales de la Procuraduría, procurando la participación social en dichos proceso; realizar una profunda evaluación de todo el personal a partir de las personas a cargo de las procuradurías adjuntas y las delegaciones departamentales, para adoptar las medidas pertinentes.

Finalmente, se reconoció la necesidad y relevancia de reactivar el Consejo Consultivo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con la participación de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Quedando pendientes para un futuro inmediato los mecanismos que permitirán reactivarla.

En presencia de diferentes medios de comunicación, representantes de FESPAD manifestaron a la opinión pública, que la resolución sobre las candidaturas no partidarias de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, es histórica y reivindica los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas.

Abraham Ábrego, Subdirector Ejecutivo de FESPAD, dijo que esta sentencia abre una puerta de oportunidades para realizar las reformas electorales necesarias que demanda la sociedad civil para cambiar el escenario político, hasta el momento en manos de los partidos políticos.

De igual manera, señaló que el Órgano Judicial tiene la atribución exclusiva de administrar justicia y que la Sala de lo Constitucional de la CSJ es el órgano facultado para interpretar la Constitución, por ello las sentencias de la Corte son inapelables.

Por lo tanto, FESPAD hace un llamado a los y las diputadas de la Asamblea Legislativa a acatar la resolución, pues de no hacerlo, estarían en conflicto con la ley.

Por su parte, Nelson Flores, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal, agregó que la difusión de la sentencia antes de ser emitida de manera formal y oficial por la CSJ es un delito, el cual es tipificado por el Código Penal como Revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial en el artículo 324 y puede ser sancionado de 4 a 6 años de prisión. Por ello, solicita que se abra un antejuicio para investigar quién filtro la información y sancionar al funcionario responsable.

Para nuestra institución, no causa extrañeza las críticas a la resolución emitidas por los diputados, y la irracionalidad en algunos de ellos, que han propuesto destituir a los magistrados firmantes de la resolución, lo que solo denota la decadencia de la clase política, ensimismada en mantener privilegios y monopolizar las decisiones públicas. También denota un desconocimiento de tratados internacionales que impiden que un juez sea destituido por una resolución, en protección a la independencia judicial.

El pasado 12 de agosto, en un hotel capitalino, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, por quinto año consecutivo, presentó su Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, correspondiente a los años 2009-2010.

Para el Equipo Regional, es importante destacar el caso particular de Honduras, país en el que se han violentado las garantías constitucionales y los derechos humanos, producto del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Se reinstauraron viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional, las cuales estaban destinadas a mantener el régimen de facto por medio de la represión e intimidación militar-policial, con graves consecuencias en las libertades civiles y la vida humana.

Otro dato que refleja el informe, es la conflictividad de carácter socio-ambiental en la región centroamericana, especialmente la lucha en contra de la minería metálica. Esta actividad ha cobrado importancia en la región, debido a dos razones: la primera, la riqueza natural de la que gozan los países, y la segunda, las facilidades ofrecidas a las empresas, una vez aprobado el DR-CAFTA.

En el desarrollo del evento, Salvador Menéndez Leal, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, manifestó que hay un escenario social descrito en el informe, de problemas de derechos humanos, que no coincide con el discurso oficial, pues en la realidad enfrentamos inclusive procesos de involución o regresividad en materia de derechos humanos.

Karla Campos, del Grupo de Ayuda Mutua de Guatemala -GAM-, dijo a los medios de comunicación, que es preocupante que no hay avances sustanciales en el respeto a los derechos humanos en toda la región. Señaló que la exclusión y la carencia de diálogo hacen permanentes los conflictos entre gobierno y sectores sociales, además, advierte al resto de países centroamericanos de cuidar sus instituciones para no convertirse en un narco-Estado, situación que vive Guatemala.

Por su parte, Erick Umaña, pastor de la Iglesia Luterana de Costa Rica, denunció que su país se ha convertido, al igual que todo el istmo centroamericano, en un lugar violento.

En este mar de situaciones de conflicto que se desarrollan en la región centroamericana, los y las representantes del Equipo Regional hicieron un llamado para unir esfuerzos y construir un sistema que respete los derechos humanos como base para una sociedad justa entre sus habitantes.

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica está conformado por el Grupo de Ayuda Mutua (GAM), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá (CONADEHUPA), la Federación Luterana Mundial (FLM), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).

El pasado 27 de julio, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL-, convocó a los medios de comunicación para la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la denuncia del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños “Benjamín Bloom” -SITHBLOOM-, ante la aprobación del Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, emitido por las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual atenta contra la libertad sindical.

Óscar Ávalos, vocero de la MPJL, manifestó que desde el Gobierno se está ejerciendo presión contra los sindicatos a fin de que estos no gocen de sus derechos laborales y sindicales. Para la MPJL, es preocupante que en el sector Salud, las autoridades ministeriales definan mecanismos para limitar y callar la actividad sindical.

El Reglamento Interno de Recursos Humanos y Asistencia Social, fue elaborado de forma inconsulta y de espaldas a las distintas organizaciones sindicales del sector de Salud Pública, es decir, fue producto de la exclusión y la imposición. De esta forma, para los declarantes, se viola los más elementales derechos de asociación, de reunión y de libertad de expresión.

Por su parte, Óscar Rivas, del SITHBLOOM, denunció que el Reglamento viola los Convenios 87, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo; además, viola los artículos, 11, 38 y 52 de la Constitución de la República de El Salvador.

De igual manera, Marielos Pleitez y Salvador Beltrán, del SITHBLOOM, del Sindicato de Trabajadores del Hospital Psiquiátrico -SITHP-, respectivamente, exigieron a la Ministra de Salud y al Presidente, Mauricio Funes, la derogatoría del Reglamento, porque atenta contra las libertades sindicales y los derechos de la clase trabajadora.

Finalmente, señalaron que de no derogarse dicho Reglamento, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Algunos funcionarios públicos son expertos en hacer propuestas que determinan las agendas de algunas instituciones estatales y de la mayor parte de medios de comunicación, al grado que toda la atención pública se centra en esos temas propuestos y se dejan de lado aquellos que verdaderamente merecen atención.

Tal es el caso, de la propuesta de la lectura de la Biblia en los centros educativos y que dio paso a la aprobación por parte de 45 diputados de la Asamblea Legislativa del Decreto 411.

En los últimos días, en diferentes medios de comunicación, alrededor de ese tema se han vertido un sinnúmero de criterios, juicios y opiniones, con matices de enfoques religiosos, jurídicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, históricos, entre otros. Unos más sustentados que otros.

Entre las posturas más serias se tiene la proveniente de La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que ha sentado una posición pública por medio del Obispo de la Diócesis San Salvador y hasta por medio de campos pagados.

A nuestro juicio, el punto central de discusión pública no debería ser la propuesta de la lectura de la Biblia, puesto que es una medida que, de llevarse a cabo, no soluciona en nada de manera inmediata la causa que dio origen a la propuesta, que es el tema de la violencia y criminalidad.

Situación similar a la discusión en comento ocurre cuando se da vida a la moción del tema sobre la pena de muerte. Recientemente, días después del 20 de junio cuando se diera la quema del microbus en Mejicanos, un grupo de diputados dio iniciativa de ley a la aprobación de la pena de muerte, pese a que, se supone, estos diputados saben que no es posible establecerla de manera inmediata. en esa oportunidad, la agenda institucional del gobierno y de algunos medios de comunicación giró alrededor de ese tema. Luego, la discusión se disipó por sí misma.

Sin restarle valor a los distintos enfoques e ideas vertidas sobre el tema. Nos parece que el jurídico es el que debería prevalecer en este momento, dadas las circunstancias que el Decreto 411 está en manos del Presidente de la República para su sanción.

Jurídicamente, se sabe que es exclusivamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien, una vez aprobadas las leyes y presentado el o los recursos de inconstitucionalidad, declara constitucional o no esa normativa jurídica recurrida.

No obstante, la doctrina jurídica también dispone que los y las diputadas de la Asamblea Legislativa, como el Presidente de la República, en tanto intervinientes en el proceso de formación de ley, deben ejercitar el control constitucional, de tal manera que no deberían dar iniciativa de ley a aquellos cuerpos que atenten de manera clara a la Constitución de la República.

En esta etapa del proceso de formación de la ley que, de sancionarse, daría vida jurídica a la lectura de la Biblia en los centros educativos, pertinente es emitir interpretaciones que puedan ayudar a la toma de decisiones acertadas.

En FESPAD creemos que lo contenido en el Decreto 411 y que obliga a la lectura de la Biblia en los centros educativos, es contrario a lo que dispone el articulo 25 de la Constitución de la República que hace referencia a la libertad religiosa. En tanto ello, ese artículo dispone de manera tácita que el Estado salvadoreño es un estado laico; y en contraposición, que no es un Estado confesional. Es decir, que no reconoce a ninguna religión como oficial. En otras palabras, el Estado salvadoreño, por ser laico, se abre a la existencia y respeto de todas las religiones. En latitudes extremas, el Decreto 411 debería volver obligatoria no sólo la lectura de la Biblia sino además, por ejemplo, la lectura del Corán y del Libro del Mormón.

La educación, que para los Estados es el aparato ideológico por excelencia, es un tema demasiado sensible para todos y todas las salvadoreñas. Y cuando se une a otro tema de similar o mayor calibre de sensibilidad, como lo es la religión, la sociedad reacciona legítimamente, pero muchas veces de manera ideologizada.

Es por tal razón que en esta discusión, también debería tomarse en cuenta, al menos, uno de los fines de la educación, contenido en el artículo 55 de la Constitución que se refiere a “lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social”. La dimensión espiritual contenida en este fin, no está circunscrita a una determinada religión, sino que reafirma la libertad de culto establecida en el artículo 25 de la Constitución.

También debe valorarse lo que estipula el inciso 2° de la Constitución de la República: “En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales.” Al tenor de este inciso, no es obligatoria la lectura bíblica en los centros educativos.

Cabe la posibilidad que los y las diputadas que impulsaron esta propuesta, se hayan confundido con lo que establece el artículo 26 de la Constitución, que reconoce la personalidad jurídica de la iglesia católica. Pero eso es otra cosa.

Más allá de la inconstitucionalidad o no de lo que dispone el Decreto 411, el Presidente Mauricio Funes, debería vetar ese decreto por inconveniente. En este punto se vuelven fundamentales los enfoques desde las otras disciplinas del conocimiento.

La realidad del país demanda discusiones, pero sobre todo soluciones, de los temas que verdaderamente merecen la atención estatal y pública. Dejémonos de distractores.

El pasado 7 de julio, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral convocó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa en las instalaciones de FESPAD, el objetivo fue informar a la opinión pública sobre los atropellos que distintos funcionarios, del actual gobierno del presidente Mauricio Funes, cometen contra el gremio sindical y la clase trabajadora del país.

Oscar Rivas, miembro del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom -SITBLOOM-, dijo que el panorama sindical de El Salvador experimentó una importante transformación al concretarse la posibilidad de ampliar la constitución de sindicatos en la administración pública, ya que en las administraciones anteriores sólo era posible hacerlo en las instituciones oficiales autónomas. Sin embargo, pese a la existencia de decenas de nuevos sindicatos en el sector público, a éstos no se les permite desarrollar sus actividades sindicales tal y como lo establecen las leyes.

Por su parte, Amilcar Meléndez, del Sindicato de Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, SINTRACBES, denunció que existe un divorcio entre los ministerios y Casa Presidencial, cuando algunos funcionarios violentan los derechos del sector laboral y los derechos sindicales, frente a la promesa presidencial que la dignidad y los derechos de la clase trabajadora serán ejes fundamentales con el gobierno del cambio.

Por un lado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha posibilitado la creación de sindicatos en el sector público y desde Casa Presidencial se ha creado una Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización de Estado, que ha elaborado un diagnóstico sobre las condiciones laborales en el sector público.

Pero por el otro lado, algunos funcionarios públicos mantienen una política de violaciones a los derechos laborales de forma sistemática cuando obligan a los y las empleadas firmar contratos de trabajo de carácter temporal y no permanente.

Los declarantes expresaron que la Mesa Permanente por la Justicia Laboral ha pedido audiencia al ministro de Gobernación, Humberto Centeno, con el propósito de conocer de primera mano la decisión que en ese Ministerio se ha tomado a la solicitud de iniciar gestiones para cambiar la relación contractual de los y las trabajadoras de Bomberos de El Salvador, Correos e Imprenta Nacional, sin que hasta la fecha haya dado respuesta.

Es por ello, que Esther Regalado, del Sindicato de Empleados de la Imprenta Nacional, SEPIN, hizo un llamado al Ministro Centeno para que cambie la actitud y no siga negando la audiencia solicitada y descalificando otras acciones sindicales como colocar pancartas en las instalaciones de las instituciones públicas. Agregó, que es irónico que tome esta postura cuando él fue un histórico líder sindical y después fue electo diputado de la Asamblea Legislativa, lugar donde hacía uso de maneras poco convencionales para hacer sus protestas.

Finalmente, los miembros de la Mesa hacen un llamado al Presidente del país para que cumpla su palabra y respete la dignidad y los derechos laborales. Ni en las administraciones gubernamentales de los veinte años anteriores se tuvo trato tan negativo como el de hoy.

El pasado 17 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, acordó una resolución aprobada por unanimidad en la que recomienda que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclame el 24 de marzo como “Día Internacional por el Derecho a la Verdad acerca de las graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”.

De esta forma, el Consejo rinde homenaje al trabajo pastoral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

La iniciativa fue presentada por la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, y fue respaldada por todos los países de América Latina y el Caribe y se dan en el marco del 30 Aniversario del martirio de Monseñor Romero.

Para lograr la aprobación de todos los miembros del Consejo, se realizó un arduo e intenso trabajo, ya que requirió gestionar y conseguir el copatrocinio no solo de América Latina y el Caribe, sino el del resto de países miembros de las Naciones Unidas, entre ellos, Dinamarca, Armenia, España, Chipre, Francia, Hungría, Bélgica, Austria y Marruecos.

Estados Unidos y el Reino Unido expresaron su complacencia por el logro obtenido y felicitaron a El Salvador por tal iniciativa.

Para el próximo período de sesiones en la Asamblea General de la ONU, el cual inicia en septiembre, el organismo podría aprobar cada 24 de marzo como “Día Internacional por el Derecho a la Verdad acerca de las graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”.

Con esto, se busca recordar a todos y todas que Monseñor Romero dedicó su vida a la lucha por la protección y promoción de los derechos humanos, oponiéndose a toda forma de violencia y protegiendo a los más vulnerables y desposeídos.

En este vínculo usted puede encontrar la resolución, en inglés, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10165&LangID=E

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” -CEMUJER-, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- se hicieron presentes al foro y señalaron aspectos positivos y negativos del Gobierno del Cambio.

Bernardo Belloso, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, dijo que es necesario proteger al país de la explotación minera, pues considera que el daño al medio ambiente será irreversible si se sigue con los proyectos de destrucción.

En el foro participaron alrededor de cien personas, quienes escucharon con atención la posición de los convocantes.

La posición de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral es que se han dado aspectos positivos con la gestión de Funes como la legalización de sindicatos, el acercamiento entre el ministerio de Trabajo y las fuerzas sindicales; sin embargo, demandó más acción para erradicar la flexibilización laboral, aumentar el salario mínimo y combatir las violaciones laborales de la gran empresa contra el sector laboral.

Salvador Menéndez, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló como un cambio radical el hecho que Mauricio Funes pidiera perdón por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y por el magnicidio de Monseñor Romero, algo que se habían negado los gobiernos anteriores.

Para nuestro subdirector Abraham Ábrego, hay aspectos positivos y negativos de la administración Funes. El cambio más significativo en tema de Seguridad Pública es el distanciamiento de las Manos Duras implementadas por los gobiernos de ARENA, pues hoy en dirección opuesta a esas políticas represivas se busca focalizar esfuerzos en la prevención del delito a través de la participación de movimientos sociales, ciudadanía e instituciones del Estado.

Hace un año que Mauricio Funes asumió el poder y con motivo de tan importante fecha, La Mesa Permanente por la Justicia Laboral realizó un foro para reflexionar sobre los cambios prometidos y esperados de este nuevo gobierno.

Por años, los movimientos sociales en el país han luchado por obtener el respeto a sus derechos laborales, los cuales han sido silenciados y marginados por la clase empresarial y patronal del país.

Este uno de junio se cumple un año de la toma de posesión del llamado “primer gobierno de izquierda” tras las históricas elecciones del 15 de marzo de 2009 y las valoraciones no son tan optimistas como muchos esperaban y La Mesa Permanente por la Justicia Laboral y FESPAD organizaron el foro: “Evaluación del 1er. Año de gobierno del presidente Mauricio Funes en materia de garantía y respeto a los derechos laborales”.

Para Óscar Ávalos, miembro de La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, este gobierno tiene una deuda importante con la clase trabajadora, pues considera que no hay avances sustanciales en el respeto a los derechos laborales en El Salvador.

Nuestro compañero Saúl Baños, coordinador del programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de FESPAD, aseguró, a los medios de comunicación presentes en el evento, que el Mandatario tiene varios puntos pendientes en su gestión, uno de ellos es el salario mínimo.

“Las violaciones a los derechos laborales persisten y las autoridades del ministerio de Trabajo no hacen lo suficiente por castigar los atropellos en empresas privadas ni públicas” denunció Herman Osorio, miembro de la MPJL.

Hasta el momento, el clima que predomina es el incumplimiento de la ley laboral y las violaciones a los derechos, todo esto se ha originado por la falta de voluntad política en el Gobierno y la impunidad que los empresarios gozan para cometer los abusos en sus empresas y es ahí que La Mesa pide al Ejecutivo un cambio de inmediato.

Los miembros de La Mesa, presentes en la conferencia de prensa realizada antes del evento, reconocieron que con este gobierno hay puntos positivos que no se habían logrado con las anteriores gestiones, como la apertura de las instituciones y sus autoridades con los movimientos sociales y los nuevos espacios que se están creando para el diálogo; pero sentenciaron que, ya es tiempo de realizar cambios estructurales y sustanciales en nuestro país, sobretodo para garantizar los derechos de la clase trabajadora.